Exigen empresarios 714 MDP a Duarte

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    Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Foto: Agencia Reforma

El Gobierno de Javier Duarte adeuda más de 714 millones de pesos por obras, servicios y proveedurías prestados a su administración, denunciaron ayer empresarios de Veracruz.

Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y del Colegio de Arquitectos demandaron en rueda de prensa el pago de la deuda que el Gobierno estatal ha acumulado en más de tres años.

La CMIC, con 450 millones de pesos por obras ya entregadas, y la Canaco, con 135 millones de pesos, son los organismos que mantienen los pasivos más altos, en tanto que el adeudo con la Coparmex y el Colegio de Arquitectos es de entre 60 y 40 millones de pesos a cada uno, señaló Luis Palacios Macedo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Xalapa.

“Hemos acudido con el Secretario de Finanzas, con el Secretario de Gobierno, nos dicen que sí, pero ya ha pasado algo de tiempo y no se ha solucionado. Nosotros como empresarios tenemos empleados, y algunos ya están despidiendo.

“Nos han traído dando vueltas y no nos cumplen, la semana pasada estuvimos con el Secretario de Finanzas y Planeación, nos dijo que el martes pasado empezarían a cubrir los pagos, y no fue así”, señaló el líder empresarial en la capital veracruzana.

De los 40 empresarios que se encuentran con pagos pendientes, 15 pertenecen a la Canaco, y los servicios prestados al gobierno del priista van desde papelería y artículos de oficina, hasta seguros y renta de inmuebles que albergan diversas secretarías.

“Queremos, antes de que se vaya este Gobierno, poder ver la posibilidad de que nos cubran estos adeudos, para que el Gobierno entrante no tenga este lastre en cuanto a las deudas”, demandó Gerardo Libreros Cobo, presidente de la Canaco Xalapa.

A menos de tres meses de que Duarte concluya su gestión, las cámaras empresariales anunciaron que mantendrán suspendidas las proveedurías y la prestación de servicios a las diferentes dependencias.

Además, dejaron a sus afiliados en libertad para emprender juicios mercantiles en contra del Gobierno estatal.

A decir de Palacios Macedo, cinco empresas de la CMIC serían las primeras en proceder por la vía legal para reclamar los recursos.



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