Concluyen auditoría a gobierno de Botello

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  • Concluyen auditoría a gobierno de Botello

    Esteban Ramírez Sánchez, contralor municipal; Gerardo Arrollo Figueroa, Javier Pérez Salazar, auditor especial y auditor general de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; Héctor López Santillana, alcalde de León, y Libia Denisse García Muñoz Ledo, diputada del PAN, durante la firma del conv

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) está por notificar al Congreso local los resultados de las auditorías integrales realizadas a las administraciones de León y Celaya. 

Javier Pérez Salazar, auditor superior, confía en que antes de cerrar el periodo legislativo se puedan imponer las sanciones correspondientes. 

“Se concluyeron las fases que tenemos que desarrollar, en la parte técnica están agotadas, tengo entendido que en estos días, hoy o mañana, estoy ingresando los expedientes al Congreso, ingresaré los expedientes en Comisión de Hacienda y posteriormente pasarán al pleno”. 

Hace un año, el Congreso del Estado ordenó a la Auditoría fiscalizar el trienio de las administraciones 2012-2015, tanto de León como de Celaya. 

“Sí, nosotros entregamos mañana o pasado y se turna a su dictaminación a la Comisión de Hacienda y lo vuelve a presentar al pleno para aprobación, una vez que se sanciona por el pleno se convierte en un documento público que tenemos que subir al portal de la Auditoría y también el Congreso. 

“El proceso de dictaminación se puede agotar en este tiempo que queda de sesiones, los tiempos sí dan para que sea antes de que concluya este periodo legislativo”, detalló. 

Aunque el proceso ya está concluido por el órgano estatal, los diputados pueden realizar alguna observación y regresarlo, pero si no, quedará en manos de la Auditoría presentar una denuncia penal si es necesario, y de confirmarse alguna responsabilidad administrativa o civil, a cada Ayuntamiento corresponderá presentar los procesos judiciales. 

“Las consecuencias están en función de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales. Si fueran administrativas y civiles se mandan a los sujetos fiscalizados (municipios) para que ellos presenten los procesos judiciales que les corresponde. Si fuera presunta penal, me corresponde presentar las denuncias”, explicó. 

Firman convenio 

Durante el foro “León, rumbo a un gobierno abierto”, el auditor Pérez Salazar firmó un convenio con el alcalde de León, Héctor López Santillana, y el contralor municipal, Esteban Ramírez Sánchez, para auditar de manera simultánea a la Administración. 

A partir del próximo año, los dos órganos de control tendrán un calendario de trabajo para fiscalizar al Municipio de León en seis meses, en lugar de un año. 

“Guanajuato vuelve a ser pionero a nivel nacional en la colaboración y la suma de esfuerzos entre órganos de control, lo que haremos es ponernos de acuerdo a un programa de trabajo conjunto y donde con la suma de dos órganos, vamos a hacer más y con mayor calidad. 

“Vamos a reducir el 50% de tiempo que nos llevamos en hacer un acto, un año lo vamos a reducir a seis meses”, dijo Pérez. 

En el evento inaugural, el Contralor destacó la necesidad de crear un gobierno abierto y con mejor control interno. 

“Al interior del gobierno debemos promover la prevención como primera acción. El fortalecimiento de un sólido sistema de control interno, la promoción de la cultura de integridad, la evaluación del desempeño de las políticas públicas, un efectivo plan de mejora y la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones, son elementos a cuidar para lograr mitigar riesgos estratégicos, de operación, de información y de incumplimiento de la legalidad de todo ente público”, señaló. 

‘Burla’ corrupción a la transparencia

Aunque México tiene la mejor Ley de Transparencia, la corrupción afecta este avance en el País. 

La ex comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard Mariscal, señaló la necesidad de mejorar la operatividad dentro de los gobiernos. 

Esto lo expuso en el foro “León, rumbo a un gobierno abierto”, que organizó la Contraloría Municipal. 

Peschard Mariscal dio un recorrido por el inicio de la Ley de Transparencia en el País. 

“La transparencia fue una demanda explícita del reclamo democrático, porque para lograr elecciones confiables era necesario que estuvieran ante el escrutinio de partidos y ciudadanos. La transparencia cobró impulso y pasó de estar en 19 países hasta ahora en 105”, mencionó durante su ponencia. 

Sin embargo, ante la nueva reforma, señaló que de acuerdo con el Center For Long and Democracy de Canadá, esta ley es por ahora considerada la mejor en normatividad, mas no en operación. 

“Tenemos muy buena ley, pero a la hora que se traduce en prácticas lo que vemos es información que se reserva sin que debiera, información inexistente y que no debería serlo o tienen archivos muy desordenados o funcionarios que dicen yo no estaba aquí y cambió la administración, eso no importa”, recalcó. 

Y es que mientras la transparencia mejora, la corrupción crece; en 2015, México ocupó el puesto 95 de 168 como el más corrupto, con 35 puntos de 100. 

“Podemos ser los mejores en transparencia, pero no impacta en la corrupción, necesitamos mejorar esos procesos y que a la ciudadanía no le cueste tener la información, porque si no, no le va a interesar”, añadió la ex comisionada. 

Piden más participación ciudadana 

Un gobierno abierto, más allá de tener un listado de compromisos, es aquel en que la ciudadanía interviene en los procesos de toma de decisiones, señaló la investigadora Renata Terrazas Tapia, de Fundar A.C., Centro de Análisis e Investigación. 

“Muchas veces se confunde el concepto y decimos que gobierno abierto es más transparencia, y no. La transparencia es parte fundamental del gobierno abierto, pero no es el único elemento; o que es tener trámites de manera sencilla en las plataformas y esto tampoco es”, mencionó la investigadora, en el marco del foro “León, rumbo a un gobierno abierto”. 

Explicó que un gobierno abierto debe tener cuatro elementos: un estado regulador, la alianza entre la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas; así como los derechos individuales con pesos y contrapesos; y las ideas para promover la participación ciudadana y la eficacia en la gestión pública. 

Agregó que los tres pilares de la iniciativa de un gobierno abierto son la transparencia que promueve la rendición de cuentas, la participación para la eficacia gubernamental y la calidad en la toma de decisiones y la colaboración con los ciudadanos para incorporarlos a las acciones de gobierno. 

“Normalmente pensamos que gobierno abierto son acciones, por parte de los gobiernos, cuando lo más importante o relevante de un gobierno abierto es que justamente abre la posibilidad de que la ciudadanía intervenga en los procesos de toma de decisiones”, comentó.



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