La aprobación en los municipios de la reforma al artículo 1 de la Constitución del Estado, que en los hechos cierra toda posibilidad de aborto, se ha dado mediante “fast track”.
A sólo 11 días de aprobada la reforma en el Congreso local, ayer 26 Ayuntamientos ya la habían aprobado, muchas de ellas en sesiones extraordinarias, informó Arturo Navarro Navarro, secretario general del Congreso.
Mientras que otras reformas constitucionales anteriores han tardado en ser aprobadas por los municipios hasta tres meses.
La reforma constitucional antiaborto se aprobó el viernes 8 de mayo. El funcionario comentó que el lunes 11 a las 3 de la tarde, la Secretaría General había terminado de entregar el dictamen a los 46 Ayuntamientos.
“Ese mismo lunes ya varios municipios tenían programada la sesión (para aprobar las modificaciones) en la tarde de ese lunes”, comentó.
Navarro detalló que los 25 Ayuntamientos que han aprobado son:
El lunes 11, Manuel Doblado y Santa Catarina.
El martes 12, Apaseo el Alto, Atarjea, Ocampo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión y Juventino Rosas.
El miércoles 13, los Ayuntamientos de Acámbaro, Celaya, León (estos últimos tres panistas) Romita, San Felipe, San José Iturbide y Villagrán.
El jueves 14, lo hicieron Coroneo, Cortazar, Salamanca, Salvatierra, San Luis de la Paz y Xichú.
El viernes 15, dieron su visto bueno los Ayuntamientos panistas de Guanajuato, Irapuato y Purísima del Rincón.
Y el lunes 18, aprobó Silao, también panista.
Demandan analizar modificación
El abogado penalista Luis Felipe Guerrero Agripino señaló que el derecho a la vida debe protegerse siempre y que uno de los instrumentos jurídicos para hacerlo es el Código Penal del Estado de Guanajuato.
El ex subsecretario de Seguridad Pública lo refirió en torno a la reciente reforma al artículo 1 de la Constitución del Estado, en la que se “garantiza el derecho y protección a la vida desde su concepción”.
Desde el punto de vista jurídico todo derecho consagrado en la Constitución debe tener una proyección en la legislación secundaria, dijo, que en este caso es el Código Penal.
“El derecho a la vida, en cualquier momento desde la concepción hasta la muerte de la persona debe tutelarse, protegerse siempre.
“Debe hacerlo el Estado a través de diferentes instrumentos. Uno de esos instrumentos es el jurídico y, uno de los instrumentos jurídicos, es el (Código) Penal”, analizó el director del campus Guanajuato.
Agregó que para proteger la vida implica garantías establecidas por el Derecho Penal, para valorar y desvalorar los comportamientos que la afecten.
El Derecho Penal debe considerar comportamientos que -no obstante que puedan afectar ese bien jurídico-, abundó, puedan encontrarse en uno de los supuestos en los que se exime el delito por alguna de esas características.
“Ejemplo: la vida se tutela pero está por ejemplo la figura de la legítima defensa, un estado de inculpabilidad, un excluyente de responsabilidad, todos esos supuestos deben operar para la tutela de la vida.
“En consecuencia no implica –desde mi punto de vista-, que esa reforma automáticamente venga a ser nugatorio (engañoso) el precepto que actualmente permite el aborto de la mujer”, detalló.
Guerrero Agripino enfatizó que debe hacerse un análisis sistemático e integral, de mucho fondo, con aspectos eminentemente técnicos que conllevan a darle su justa dimensión a este referente constitucional.
“Pienso que no podemos polarizar y no podemos caer en el terreno de elementos polarizados.
“Creo que lo que se trata aquí es de construir un derecho penal racional, democrático, que vaya acorde a las circunstancias propias del ser humano y su contexto”, mencionó sobre las posturas encontradas entre las feministas y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).