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Acusan de opaco gasto antidelito

Recursos otorgados a ONG para programas de prevención se obtienen mediante pago de "moche", advierte Incide Social

Escrito en Irapuato el
Acusan de opaco gasto antidelito

Los recursos que el Gobierno federal otorga a organizaciones civiles para programas de prevención social de la violencia se usan de manera opaca, advirtió ayer Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social).
Al presentar los resultados de la “Evaluación exploratoria del Fondo de Apoyo para Organizaciones de la Sociedad Civil del Centro Nacional para la Prevención del Delito y Participación Ciudadana”, la presidenta de Incide, Clara Jusidman, llamó a acabar con la corrupción que observaron es ese rubro.
Recordó que los primeros días del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Subsecretaría de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia lanzó el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred).
“Lo que nosotros analizamos en este proyecto es esta relación entre fondos públicos y organizaciones no estatales que aspiran a esos fondos”, explicó.
Al trabajar con proyectos del Subsemun, dijo, encontraron una corrupción sistemática e inacabable.
“Porque se pasa el dinero a los gobiernos municipales y muchas veces estos le dicen a una organización: ‘Te pago 500 mil pesos pero yo me quedo con 200 mil para dárselo a mi hermano’, así, casos ejemplares de manejos muy opacos de estos recursos.
“El tema es no tirar el dinero, yo a veces pienso que la cantidad de recursos que este País ha destinado a desarrollo social y prevención de la violencia, si se hubieran hecho con efectividad tendríamos otra situación en materia de pobreza, desigualdad y violencia, pero hay una serie de capas y filtraciones que impiden que estos recursos realmente vayan a beneficiar a las personas”, agregó Jusidman.
El estudio, apoyado por la Unión Europea dentro de un programa para financiar a ONG involucradas en la materia, analizó 60 millones de pesos que el Gobierno federal entregó en 2011 y 2012 para apoyar 49 proyectos de 26 organizaciones.
Alfonso Celestino, investigador de Incide, dijo que no encontraron registros de al menos cinco de esas organizaciones, por lo que consideran que no realizaron los proyectos y sólo se llevaron el dinero.
En el estudio se indica que la mitad de las organizaciones civiles que buscan participar en programas de prevención social y de la violencia no cuenta con apoyo de instituciones públicas, y 75% consideran que es poco clara la Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia.
“Es justo reconocer que, en los últimos años, el Gobierno federal ha tenido algunos avances en la definición de una política nacional de prevención social, incluso publicó un programa nacional y ha destinado fondos a municipios para intervenciones en la materia.
“Desafortunadamente los esfuerzos terminan siendo acciones aisladas, desarticuladas (y) algunas de pertinencia dudosa”, agregó Celestino.

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