El candidato Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía, Antonio Chaurand Sorzano, interpuso ayer una denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable de los “moches” en los que se vio implicada la administración panista.
Chaurand mencionó que la denuncia fue contra la administración de 2003 a la fecha.
“De conformidad por lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción segunda de la Constitución Política, a la par del artículo 150, fracción cuarta del Código Penal de Procedimientos Penales vigente para el Estado, acudo para interponer denuncia o formal querella contra las administraciones municipales de los años 2003-2006, 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015 de los delitos que se desprenden de la siguiente narración de hechos: a partir del año 2013, la Presidencia municipal de Celaya ha sido administrada por miembros el Partido Acción Nacional, y en diversas épocas se realizaron obras públicas con presupuesto propio y con dinero procedente de crédito y fondos federales como ha presentado cada presidente municipal en el ejercicio anual correspondiente”, explicó.
“A partir de la información que dio a conocer el presidente municipal Ismael Pérez Ordaz el 4 de noviembre del 2013, de que en diciembre del 2012 acordó con legisladores el PAN recibir en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2013 una partida de 160 millones de pesos a cambio de una comisión del 35%, que fue ampliamente difundida por medios de comunicación locales, nacionales, fue como la ciudadanía se enteró de los montos y entrega de los moches que los panistas practican al momento de entregar obra pública bajo la consigna de inflar obra pública al momento de que les dan la obra”.
El candidato destacó que todo presiente municipal, edil o funcionario tiene la facultad de denunciar cualquier conducta presuntamente delictuosa de la que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Por lo que él interpuso la denuncia para que de manera penal se investigue, esto porque -dijo- nadie en el gobierno solicitó que se aclare el desvío de recursos.
“Tales hechos señalan que ninguna autoridad municipal, estatal o federal denunciaron la conducta delictuosa, que es un lucro indebido y prohibido por la ley, y que perjudica a la Federación, Estado y Municipio.
“Cabe recordar que se utilizaron discretamente los bienes perjudicando a la ciudadanía, resulta que estamos en presencia de conductas constitutivas de delito que por su gravedad y reiterada práctica se solicita investigación y consignación ante la autoridad, queremos que se integren los elementos probatorios y se ejercite la acción penal”, mencionó.
Comentó que el número de averiguación es la 6501 con fecha de 21 de mayo de 2015, interpuesta en la agencia No. 5.

Por Luz Zarate

Escrito en Irapuato el 22/5/2015 · 00:00