La iniciativa privada exigió que este 22 de agosto todas las escuelas del País estén abiertas para el regreso a clases.
Desde hace más de 90 días, un grupo minoritario afecta el futuro de los niños con sus acciones, señalaron los organismos empresariales que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a través de un comunicado.
“El próximo 22 de agosto debe haber clases en todo el País, nadie debe arrebatarles a los niños su derecho a la educación, pues es la única herramienta que les dará oportunidades en la vida”.
Hicieron un llamado a las familias para que todos los padres y madres acompañen a sus hijos a la escuela el lunes, para iniciar juntos el ciclo escolar 2016-2017.
También invitaron a los directores y a los maestros de las escuelas a que refrenden su compromiso con su vocación, desde el salón de clases, y hagan valer el derecho a la educación de niños y jóvenes.
“Demostremos que el derecho a la educación debe estar por encima de los intereses de grupos. Y que somos más - padres, maestros, ciudadanos-, los que pensamos que nada justifica alejar a los niños de un mejor futuro”, dijeron.
Invitaron a las empresas del País, y particularmente a aquellas de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, a alentar a sus colaboradores para que se involucren activamente en la educación de sus hijos, y les den facilidades laborales para que puedan acompañarlos al inicio de las clases.
Los organismos agregaron que confían en que las autoridades locales, estatales y federales sabrán hacer su trabajo en un marco de respeto al Estado de Derecho.

Peligran 14,500 empresas

Debido al conflicto de la Coordinadora 14 mil 500 empresas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán están en riesgo de cerrar operaciones, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
De ese total, 13 mil 100 son microempresas y son las más vulnerables ante esta situación, explicó en conferencia de prensa, Enrique Guillén, presidente nacional del organismo.
“Hablamos de la franja que tiene los mayores márgenes de precariedad y que camina por una delgada línea que la empuja constantemente a la informalidad”, aseveró.
El cierre de esas empresas provocaría a su vez la pérdida de 45 mil empleos, según estimaciones, lo que afectaría a unas 180 mil personas, ya que generalmente los trabajadores son jefes o jefas de familia.
Agregó que eso también genera que haya posibilidades de que las inversiones no lleguen a estos estados por el clima de inestabilidad social.lazo de tres días para resolver la situación de los detenidos, con posibilidad de extenderse a seis, lo hizo en menos de 24 horas. 

Por Redacción AM

Escrito en Celaya el 19/8/2016 · 00:00