Trump apela a ley del siglo XVIII para seguir con deportaciones; juez federal le pone freno
La ley solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas durante guerras.
Con información de Agencia Reforma.
Washington.- Un juez federal prohibió el sábado que gobierno del presidente Donald Trump realice deportaciones en virtud de una ley del siglo XVIII que el mandatario invocó unas horas antes para acelerar la expulsión de miembros de una pandilla venezolana de Estados Unidos.
James E. Boasberg, juez principal de la corte federal de distrito para el Distrito de Columbia, explicó que necesitaba emitir su orden de inmediato porque el gobierno ya estaba trasladando a migrantes que, afirma, eran recientemente "deportables" según la proclamación de Trump para ser encarcelados en El Salvador y Honduras. El Salvador acordó esta semana que aceptaría hasta 300 migrantes que el gobierno de Trump designó como miembros de pandillas.
"No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar", declaró Boasberg durante una audiencia realizada el sábado por la tarde, en una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward.
"Un breve retraso en su expulsión no perjudica al gobierno", añadió, y dijo que los migrantes permanecen bajo custodia del gobierno, pero ordenó el regreso de cualquier avión en el aire.
El fallo se produjo horas después que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos e invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una autoridad en tiempos de guerra que da al presidente un mayor margen de maniobra en políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas.
La ley solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas durante guerras. Su aplicación más reciente fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para encarcelar a alemanes e italianos, así como para el internamiento masivo de civiles estadounidenses de origen japonés.
En una proclamación publicada poco más de una hora antes de la audiencia de Boasberg, Trump sostuvo que el Tren de Aragua estaba efectivamente en guerra con Estados Unidos.
"A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido cada vez más control sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluido el TdA", se lee en la declaración de Trump. "El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión y una incursión depredadora en Estados Unidos, y que representa un peligro sustancial para Estados Unidos".
La orden podría permitir que el gobierno deporte a cualquier migrante al que identifique como miembro de la pandilla sin pasar por los procedimientos de inmigración regulares, y también podría eliminar otras protecciones según la ley penal para las personas señaladas por el gobierno.
En un comunicado emitido el sábado por la noche, la secretaria de Justicia Pam Bondi criticó la suspensión de las deportaciones por parte de Boasberg.
"Esta orden ignora la autoridad bien establecida respecto al poder del presidente Trump y pone en riesgo al público y a las fuerzas del orden", destacó Bondi.
La pandilla Tren de Aragua se originó en una prisión del país sudamericano y acompañó un éxodo de millones de venezolanos, la gran mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida cuando la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump y sus aliados han convertido a la pandilla en el rostro de la supuesta amenaza que representan los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos y la designaron formalmente como una "organización terrorista extranjera" el mes pasado.
Las autoridades de varios países han informado de arrestos de miembros del Tren de Aragua, aun cuando el gobierno de Venezuela afirma haber eliminado a la organización criminal.
El gobierno estadounidense dijo que Trump en realidad firmó la orden el viernes por la noche. Los abogados de inmigración señalaron que el gobierno federal de repente comenzó a deportar a venezolanos a los que, de otro modo, no tendrían el derecho legal de expulsar del país, y se apresuraron a presentar demandas para bloquear lo que, en su opinión, era una proclamación pendiente.
Boasberg emitió una orden inicial a las 9:20 de la mañana del sábado, la cual impidió que la administración de Trump deportara a cinco venezolanos mencionados como demandantes en la reclamación de la ACLU que estaban siendo detenidos por el gobierno y creían que estaban a punto de ser deportados. El gobierno de Trump apeló esa orden, argumentando que detener un acto presidencial antes de que se haya anunciado paralizaría al poder ejecutivo.
Si se hubiera permitido que la orden se mantuviera, "los tribunales de distrito tendrían licencia para prohibir prácticamente cualquier acción urgente de seguridad nacional solo con la recepción de una queja", escribió el Departamento de Justicia en su apelación.
Más tarde, Boasberg programó la audiencia vespertina para decidir si expandiría su orden a todas las personas que podrían ser señaladas de acuerdo con la declaración de Trump.
El subprocurador general adjunto Drew Ensign argumentó que el presidente tenía una amplia libertad para identificar amenazas al país y actuar de conformidad con la ley de 1798. Agregó que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que presidente Harry Truman retuviera a un ciudadano alemán en 1948, tres años después que terminara la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con la medida.
"Esto cortará muy profundamente las prerrogativas del presidente", dijo Ensign, refiriéndose a una orden judicial.
Pero Lee Gelernt, de la ACLU, señaló que la ley solo se ha invocado tres veces antes y argumentó que Trump no tenía la autoridad para usarla contra una pandilla criminal en lugar de un estado reconocido. Boasberg dijo que el precedente sobre la cuestión parecía complicado, pero que la ACLU tenía una posibilidad razonable de éxito en esos argumentos, por lo que la orden estaba justificada.
Boasberg detuvo las deportaciones de las personas bajo custodia hasta por 14 días y programó una audiencia para el viernes.
La avalancha de litigios muestra la importancia de la declaración de Trump, que es el paso más reciente del gobierno para expandir el poder presidencial. Ensign argumentó que, como parte de su reacción al ataque del 11 de septiembre de 2001, el Congreso otorgó al presidente el poder de delegar amenazas de organizaciones "transnacionales" al nivel de estados reconocidos. Y Gelernt advirtió que el gobierno de Trump podría simplemente emitir una nueva proclamación para usar la Ley de Enemigos Extranjeros contra otra pandilla de migrantes, como la MS-13, que ha sido durante mucho tiempo uno de los objetivos favoritos de Trump.
Ampliará EU muro fronterizo
Estados Unidos anunció la ampliación del muro fronterizo en la frontera con México, según anunció la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
A través de un video publicado en la red social X, Noem dijo que se construirán 11 kilómetros más en el estado de Arizona.
"Estamos en Arizona, en donde el muro fronteriza termina. A partir de hoy empezaremos la construcción de 7 millas más (11.27 kilómetros). Seguiremos haciendo a Estados Unidos seguro de nuevo", dijo Noem.
Apenas este sábado, la Secretaria publicó un video donde anunciaba "a todas las personas del mundo" que "las puertas de Estados Unidos estaban cerradas" para quien buscara "entrar ilegalmente" al país.
"Sólo queremos a gente en nuestro país que ame a Estados Unidos y quiera seguir nuestras leyes", dijo a un lado del muro fronterizo.
Noem visitó Nogales para supervisar acciones de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés).
Durante la pasada Administración de Donald Trump, se construyeron 737 kilómetros de barreras en la frontera con México, según datos publicados en enero de 2021 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos(GAO, por sus siglas en inglés) y reportes de CBP.
El informe de la GAO detalla que, de ese total, en 600 kilómetros, alrededor del 80 por ciento, se reemplazaron vallas deterioradas o de diseño obsoleto, mientras que en 76 kilómetros se instalaron en áreas sin infraestructura previa. Los cálculos corresponden al periodo de 2017 y el 15 de enero de 2021.
La construcción enfrentó obstáculos legales y financieros documentados en registros federales. En febrero de 2019, Trump declaró una emergencia nacional para redirigir 6 mil 100 millones de dólares de fondos militares al proyecto, luego de que el Congreso aprobara solo mil 375 mil millones de dólares para barreras en el año fiscal 2019, según reportes de la CBP y la Casa Blanca.
Demandas judiciales, como el caso Defensores de la Vida Silvestre vs. Departamento de Defensa (2020), y protestas en estados como Arizona y Texas, ralentizaron las obras. El 20 de enero de 2021, el Presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para detener la construcción.
En diciembre pasado, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, informó avances en la expansión del muro fronterizo con México utilizando recursos estatales.
En aquel entonces, destacó trabajos en áreas como Acuña-Del Río, Piedras Negras-Eagle Pass y El Paso-Juárez. La iniciativa forma parte de la "Operación Estrella Solitaria", que comenzó en 2021.
Hasta mediados de 2024, Texas había logrado construir aproximadamente 55 kilómetros de muro en seis condados fronterizos, lo que representa solo una fracción de los 2 mil kilómetros de frontera con México.
Semanas antes, el entonces Presidente electo Donald Trump se había quejado con Joe Biden porque el demócrata vendió partes no utilizadas del muro fronterizo que fueron compradas, pero no instaladas.
El republicano amenazó con emprender acciones legales y prometió un gasto millonario para ampliar el muro cuando asumiera.
"Vamos a gastar cientos de millones de dólares de más en construir el mismo muro que ya tenemos", dijo Trump, tras criticar que el Gobierno de Biden vendía pedazos por "cinco centavos o un dólar".
"Es casi un acto criminal", condenó.
El 17 de diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las intenciones de Trump y llamó a construir puentes entre México y Estados Unidos, en vez de muros.
La Mandataria retomó argumentos de su antecesor, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió a Trump que pese a los obstáculos en la frontera, los traficantes construían túneles para cruzar droga y migrantes hacia Estados Unidos.
En 2023, el Congreso de Estados Unidos exigió a la Administración Biden que se deshiciera de los trozos no utilizados del muro fronterizo.
La medida, incluida en la enorme Ley de Autorización de Defensa Nacional, permitió la venta o donación de los artículos a los estados de la frontera sur, siempre que se utilizaran para renovar las barreras existentes, no para instalar otras nuevas.
El Congreso también ordenó al Pentágono que contabilizara los costos de almacenamiento del material del muro fronterizo mientras no se hubieran utilizado.
Las 8AM
Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.
