Guanajuato - De dos millones de autos “chocolate” que se prevé ingresen a México, al menos 60 mil unidades terminarán en Guanajuato.

La decisión de ampliar tres meses el plazo para legalizar los autos extranjeros tiene fines políticos, calificó Arturo González Palomino, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA) Guanajuato.

“Este tipo de medidas atienden a una estrategia, que en AMDA Guanajuato consideramos populista, que no atienden un tema de orden, ni seguridad, sino es con fines de conseguir votos”. 

El martes, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que el Programa de Regularización de vehículos de procedencia extranjera, que terminaba mañana, se amplió hasta finales de septiembre.

Desde que comenzó el programa en julio del 2022, un millón 580 mil 797 unidades han sido regularizadas. Se espera que con la extensión del programa, la cifra llegue a dos millones de unidades. 

“En vez de promover la formalidad, pareciera que el gobierno federal está promoviendo la ilegalidad y que seamos tramposos burlando la ley”, lamentó González Palomino.

Expuso que las unidades que se regularizan carecen del catalizador, lo que las convierte en basura en Estados Unidos y se envían a México como chatarra.

González aseguró que no están en contra del ingreso de vehículos de los  paisanos que regresan a su País para quedarse, un trámite que dijo debería ser sencillo, cumplir con la verificación físico-mecánica y medioambiental.

Pero criticó además que en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México sea casi imposible circular con placas extranjeras o de asociaciones ‘regularizadoras’, a diferencia de lo que pasa en Guanajuato, donde son permisivos. 

“En especial en León, la autoridad raya en la ilegalidad al permitir la circulación de estos vehículos”, acusó. 

González dijo que la legalización de vehículos “chocolate” afecta el mercado de autos seminuevos, especialmente a las unidades que están por debajo de los cien mil pesos. 

Y recordó que la legalización de estos autos comenzó con el ex presidente Vicente Fox, mediante un decreto publicado en agosto de 2005 y que fue también muy cuestionado.