A dos años de iniciar, se engrosa registro con 57 deudores alimentarios de Guanajuato
El registro inició en mayo de 2022, tras publicarse el decreto que establece que quien incumpla con la pensión o ministración alimentaria, sin causa justificada, por un plazo de 90 días, será considerado deudor alimentario moroso.
Con información de Martha Silva y Alejandro Sandoval
En los últimos dos años, 57 hombres han sido inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios del estado de Guanajuato.
Solo dos de ellos fueron dados de baja tras ponerse al corriente con sus pagos.
El registro inició en mayo de 2022, tras publicarse el decreto que establece que quien incumpla con la pensión o ministración alimentaria, sin causa justificada, por un plazo de 90 días, será considerado deudor alimentario moroso.
Cada deudor es reportado a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías para que se “marquen” los inmuebles inscritos a su nombre, con el fin de impedir su venta, transmisión, modificación, gravamen, limitación o extinción.
El juez es quien determina el momento en que el inmueble puede ser desafectado.
León reporta más deudores
De los 57 deudores alimentarios registrados en los últimos dos años, 23 son de León; 9 de Irapuato; 7 de Guanajuato; 5 de San Francisco del Rincón; 5 de Celaya; 3 de San Miguel de Allende; 2 de Uriangato y uno en Apaseo El Grande, Valle de Santiago y San Luis de la Paz.
Durante 2023, se inscribieron 21 personas en el registro, todas permanecen en la lista.
Del 1 de enero al 16 de diciembre de 2024, se registraron 36 personas, de las cuales 34 siguen siendo deudores alimentarios.
‘Es vergonzoso’
El número de registros en Guanajuato es vergonzoso, consideró la activista feminista Diana Luz Vázquez Ruiz.
En entrevista con AM, la impulsora de la Ley Sabina, que busca erradicar la violencia económica generada por los deudores al no pagar la pensión alimenticia, afirmó:
Son muy pocos los deudores del registro de Guanajuato; en la colectiva de ese estado tenemos por lo menos 70. Estos que están en el registro son solamente las madres que han logrado resistir los procesos y la burocracia jurídica para poder subir a un deudor a este registro.
“Llegar a publicar a un deudor en el registro es una cúspide de muchas trabas legales y burocráticas, donde a veces los jueces se niegan a subir a estos deudores o les dan una oportunidad de todavía ser notificados de que respondan ante esta acusación. Este es un número vergonzoso, si levantamos el tapete puedo asegurar que por lo menos hay 200”, afirmó.
La activista denunció complacencia hacia estos deudores, tanto desde sus partidos políticos como desde la sociedad, que sigue culpando a las madres por la maternidad, dejando desprotegidos a niñas y niños.
Piden publicar nombres
Actualmente, 17 estados, incluido Guanajuato, cuentan con registros de deudores alimentarios. Sin embargo, Vázquez Ruiz señaló que no son públicos, salvo en Coahuila, debido a la supuesta protección de datos personales y la presunción de inocencia.
La activista adelantó que presentará un amparo en los 16 estados donde los registros no son públicos, comenzando por la Ciudad de México.
De febrero de 2023 a la fecha, solo 17 estados han cumplido con la creación de sus registros, pero de manera parcial, porque la legislación aprobada por el Senado señala que los registros de deudores alimentarios deben ser públicos.
“Debe ser un listado con formato descargable al que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder; sin embargo, no está sucediendo de esta manera. En la mayoría de los registros, incluyendo el de la Ciudad de México, se pide la CURP. Esto debe ser eliminado; no deben solicitar ningún dato”, demandó.
La activista también mencionó que en muchos estados son los consejeros jurídicos quienes bloquean la publicación de los registros, argumentando la protección de datos personales y la presunción de inocencia.
Ambos son temas muy debatidos en el Senado... los legisladores no están haciendo su trabajo”.
Políticos deudores en Guanajuato
Vázquez Ruiz recordó que en Guanajuato ha habido resistencia para implementar el registro, debido a la presencia de políticos deudores alimentarios, como diputados locales y federales, e incluso excandidatos a alcaldías.
Está el caso de José Antonio Rodríguez Medrano, excandidato a alcalde de Guanajuato capital por Morena en 2024, con dos hijos sin reconocer y que todavía no ha cumplido el adeudo de pensión alimenticia retroactiva que debe.
“Otro caso muy vergonzoso, también del partido Morena, es el diputado Ernesto Prieto, a quien ya hemos denunciado, yo particularmente en redes sociales. Se niega a reconocer a una niña de tres años y lleva en el litigio dos años. Hay una gran complacencia con estos deudores alimentarios desde sus partidos”, señaló.
Finalmente, exhortó a las autoridades de Guanajuato a aplicar una política de cero tolerancia hacia el abandono paterno:
Ningún funcionario municipal ni estatal debe ser deudor alimentario, y quien lo sea debe responder a sus hijos e hijas y pagar lo que les corresponde”.
Tendencia al alza es positiva
Nayeli Tello, activista feminista y de la comunidad LGBTI, consideró que el aumento en el registro de deudores alimentarios en Guanajuato es positivo, ya que refleja que más mujeres están denunciando.
También obedece totalmente a las legislaciones que se han hecho respecto al tema para visibilizarlo y ponerlo sobre la mesa, pero sobre todo al trabajo desde la sociedad civil; desde las organizaciones, colectivas y activismos feministas”, afirmó.
“Que estén ahí significa que ahora se tiene que tomar en cuenta que están faltando a una obligación y que están incumpliendo con la ley. Este registro, además, va a permitir todo esto que las demarcaciones jurídicas incluyen, como que no se les pueda expedir cierta documentación si están inscritos”, opinó.
“Aún falta un largo camino”
Para Itzel Balderas Hernández, directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), a pesar de que a nivel nacional y estatal se ha avanzado en materia legislativa, aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a los derechos de las madres separadas y cuidadoras.
Subrayó que acceder a la pensión alimenticia es un derecho que, por ley, tienen las hijas e hijos de padres separados o divorciados para cubrir sus necesidades básicas. Añadió que la difusión de los derechos humanos es clave para que las mujeres se animen a denunciar y sigan procesos legales en favor de su bienestar y el de sus hijos.
Hablar de deudores alimentarios es hablar ya de personas que, ante la ley, no han cumplido con sus obligaciones de proporcionar las pensiones alimentarias dictadas por los jueces civiles. En México hay una deuda histórica con las mujeres, como la carga desproporcionada del trabajo de cuidados, la crianza de las hijas e hijos y el trabajo del hogar”, recalcó.
Acompaña IMUG 49 procesos
El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) informó que durante 2024 brindó atención a 1,107 mujeres, de las cuales 104 emprendieron procesos civiles. De estos, 49 correspondieron a demandas de pensión alimenticia.
Esto se llevó a cabo a través de la Coordinación de Seguimiento al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Derivado de esta atención, algunas usuarias decidieron iniciar acciones por la vía penal o civil, recibiendo asesoría y vinculación con las dependencias correspondientes.
En lo que va de 2025, se han atendido 101 mujeres, de las cuales una inició un proceso civil por alimentos y cinco ya contaban con procesos en curso.
El IMUG pone a disposición de las mujeres la línea 075 para atención telefónica y el WhatsApp 4731640369.
Registro se actualiza constantemente
El abogado Alejandro Muñoz, quien ha litigado dos casos que llevaron a padres de familia a ser inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, explicó que dicho registro se actualiza de manera constante.
En entrevista con AM, señaló que en uno de los casos, la persona realizó el pago de los alimentos adeudados y fue dada de baja del registro.
Esto ocurre cuando el deudor alimentario, ante el juez, acredita que realizó o que han sido pagados en su totalidad los adeudos alimentarios”, explicó.
El otro caso estuvo relacionado con violencia familiar, litigado por la vía penal.
“El registro del deudor alimentario moroso lo realiza la Dirección de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Estado, y evita que el deudor pueda vender o gravar su propiedad, garantizando así el pago”, detalló.
Agregó que en el segundo caso se documentó, además de violencia, un incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Alejandro Muñoz destacó que cuando los deudores se atrasan en los pagos de pensión alimenticia, son inscritos en esta lista, pero si regularizan sus pagos, pueden ser dados de baja.
AAK
AManece Guanajuato
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