Anexos de Guanajuato: Pese a crisis de violencia y adicciones denuncian trabas para operar
La Secretaría de Salud de Guanajuato, a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, reconoce actualmente 299 centros de rehabilitación en operación.
Juan Mauro González Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP), responsabilizó a los gobiernos locales de abonar al problema, pues toleran que muchos anexos operen de manera irregular, incluso en aquellos donde se cometen presuntos actos delictivos.. Foto: Fred Ramos.
Con información de Saúl Castro.
Guanajuato.- Los gobiernos municipales ponen obstáculos a la creación y operación de centros de rehabilitación cuando deberían apoyarlos y facilitar su regulación.
Al igual que el Gobierno estatal, no dimensionan la magnitud del problema de la adicción a las drogas, advirtió Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB).
El activista lamentó que las autoridades locales, al acercarse a los también llamados anexos, lo hagan sin una estrategia clara para ayudar, pese a que el consumo de drogas es el origen de muchos delitos cometidos en Guanajuato.
Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío. Foto: Fred Ramos.
No es posible que a una gasolinera, a una estación de gas, a un bar, le sea más fácil obtener el uso de suelo que a un centro de rehabilitación. O sea, no es posible que a nosotros se nos pongan más cuadrados. Tuvimos que estudiar todo eso y llegamos a la conclusión de que son estrategias del propio Gobierno del Estado para nosotros no crecer estructuralmente, para no podernos regularizar y con ello, dejarlos fuera de la asignación de recursos para proyectos".
Por otro lado, Pérez Ponce se mostró esperanzado ante la respuesta del Gobierno Federal.
Tras un breve encuentro con Claudia Sheinbaum durante su reciente visita a Irapuato, ella le informó que ya tenía respuesta a la carta que representantes de CRUB entregaron hace dos semanas a Adriana Contreras Vera, titular de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.
Nicolás Pérez tuvo un pequeño encuentro con Claudia Sheinbaum en su visita a Irapuato. Foto: Cortesía.
En dicha carta, solicitaron la intervención de la Presidenta de la República para que el Gobierno de Guanajuato les brinde atención y seguridad debido al tipo de servicio que estos centros ofrecen.
En el oficio No. UG222RPGTO-0352025, el Gobierno federal indica que, aunque la autoridad competente en el tema es el Gobierno estatal: “hemos girado oficio de conocimiento del Estado para que pueda revisar el estatus de lo acordado en punto tercero el compromiso suscrito tiempo atrás”, firma Óscar López Rivera, encargado de la representación de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato.
Durante un seguimiento telefónico de la solicitud, les informaron que, si después de este escrito, el Gobierno de Guanajuato no atiende la petición, “se crea un antecedente donde se hace omisión a las peticiones que ustedes hacen. Y entonces vamos a poder mandar un comisionado a que revise la situación que ustedes traen”.
El activista señaló que la Federación respondió en dos semanas, mientras que el Gobierno estatal ha tardado cinco años en atender sus solicitudes.
Solo siete anexos están certificados
La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG-ISAPEG), a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, reconoce actualmente 299 centros de rehabilitación en operación. De estos, solo siete cuentan con certificación oficial (NOM-028) otorgada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).
De los 299 centros reconocidos por la SSG en 2025, 93 están en León, pero solo tres tienen certificación: “La Búsqueda II”, que atiende a hombres adultos y, de manera segregada, a niños y adolescentes; “La Magdalena”, destinado a mujeres adultas, niñas y adolescentes desde los 12 años; y el Centro de Rehabilitación Anexo al Centro de Internación para Adolescentes, que recibe a población de ambos sexos, incluyendo adultos, niños y adolescentes.
En Irapuato operan 43 anexos, de los cuales, solo uno está certificado. En Celaya funcionan 19, pero ninguno cuenta con certificación.
Además, se reporta que en 14 de los 46 municipios del estado, entre ellos Salvatierra, no existe un solo centro de rehabilitación.
En un documento similar de 2023, al que AM tuvo acceso, la SSG reconocía 301 anexos, de los cuales, 113 estaban en León.
Sin embargo, Nicolás Pérez Ponce, presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), cuestionó la precisión de las cifras oficiales e incluso las calificó de “mentirosas”.
Según estimaciones de CRUB, en León hay más de 400 anexos y al menos 200 cuentan con aviso de funcionamiento, mientras que la SSG reconoce únicamente 93.
Denuncia trabas
Estos datos evidencian que las autoridades han sido rebasadas, lamentó el especialista. Destacó que CRUB se formó luego de que distintos líderes advirtieran a las autoridades sobre las amenazas contra varios anexos, lo que se materializó el 1 de julio de 2020 con la masacre de 27 personas en un centro de rehabilitación en la comunidad de Arandas, en Irapuato.
Los ataques contra estos espacios no han cesado. El más reciente ocurrió el 26 de febrero, cuando un grupo armado irrumpió en el anexo Esperanza y Fe, ubicado en la colonia Desarrollo El Potrero, en León (no registrado por la SSG), donde asesinó a dos hombres y dejó a tres más heridos.
Sin embargo, Pérez Ponce recordó: “Nosotros tuvimos que manifestarnos (en 2020) porque nos querían desaparecer. Desaparecer estas instituciones que verdaderamente son las únicas que han trabajado el tema de las adicciones. No ha habido gobiernos ni federales ni estatales ni municipales, no ha habido a quién le interese el tema de las adicciones”.
Explicó que el Gobierno estatal los condicionó a operar solo si contaban con el permiso de uso de suelo, trámite que corresponde a los municipios.
Reiteró que algunos requisitos de la NOM-028 resultan imposibles de cumplir, como contar con instalaciones muy amplias, tener un médico disponible al menos ocho horas al día y disponer de un psicólogo o nutriólogo.
En el caso de CRUB, señaló que atienden a la población más afectada por esta enfermedad: las personas en situación de pobreza, cuyas familias no pueden cubrir los costos de un tratamiento con esos estándares.
Señaló que los municipios, incluyendo León, han mostrado poca flexibilidad. Cuando algunos de sus colegas han solicitado el permiso de construcción ante la Dirección General de Desarrollo Urbano, las autoridades lo han negado con el argumento de que los centros “forzosamente deben ubicarse en un bulevar, no en calles”.
Advirtió que estas restricciones solo agravan la violencia, pues la mayoría de los asesinatos, robos y agresiones están vinculados al consumo de drogas.
De acuerdo con las estadísticas de la Red Fuerza Nacional, que agrupa a CRUB y otras organizaciones estatales, Guanajuato registra un consumo de drogas superior al de cualquier otro estado, incluso Sinaloa.
Mauro González señala a municipios
Juan Mauro González Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP), responsabilizó a los gobiernos locales de abonar al problema, pues toleran que muchos anexos operen de manera irregular, incluso en aquellos donde se cometen presuntos actos delictivos.
El Estado no es directamente responsable (de la operación de los anexos). Se tiene que ser corresponsable, sí el Estado. Pero directamente responsables son los municipios. Los municipios tienen que ser contundentemente estrictos en aplicar la ley, respetar y aplicar los reglamentos."
“Hay muchos anexos que no están regulados. Hay mucha gente y muchas situaciones que están pasando ahí y no las están denunciando”, recriminó el Secretario.
También señaló que los municipios tienen que ser más estrictos, no solo en los anexos, sino en otros giros, porque el Estado no va a poder vigilar solo.
No nada más es el tema de los anexos, está el de los bares, las peleas de los gallos clandestinas. Hay un sinnúmero de situaciones que, aun y pongan los esfuerzos, en este caso autoridades federales y autoridades estatales, si no cumplimos la ley con lo más básico, va a ser muy difícil (controlarlos)”, enfatizó el Secretario.
Cadena criminal inicia con las drogas: Guillén
Jorge Guillén Rico. Foto: Omar Ramírez.
Este vínculo entre consumo de drogas y delincuencia común y organizada lo reconoció también el secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, durante el informe de su primer año de gestión.
Desgraciadamente el consumo de drogas conlleva a que se cometan todo tipo de delitos patrimoniales, robo al transeúnte, al comercio”.
Detalló que, del 13 de febrero de 2024 al mismo día de 2025, se decomisaron 178 % más drogas que en el periodo anterior, específicamente, 649 mil 087 dosis de diferentes tipos de drogas “que hoy ya no están haciendo daño en las infancias y la juventud leonesa”.
El jefe policiaco aseguró que una mayor detención de personas en posesión de altas cantidades de droga y de portación de armas de fuego se refleja en la disminución de algunos delitos de alto impacto.
Acciones municipales
Por su parte, el director del Instituto Municipal de las Juventudes (IMJU) de León, Ismael Zúñiga, reconoció que las adicciones representan un problema grave para la ciudad.
“Hay una demanda muy grande de jóvenes que necesitan ayuda (...) En ‘Mi Barrio Habla’, en ‘Miércoles Ciudadano’, (gente de los centros) se le acercan a la Alcaldesa (Alejandra Gutiérrez Campos) para solicitar apoyo para regularizarse.
Ismael Zúniga, director del Instituto Municipal de las Juventudes. Foto: Martha Silva.
La realidad es que la facultad de regularizar y reconocer a un centro de rehabilitación basado en la norma oficial 028 es por parte de Conasama, a través también del Estado. Sin embargo, nosotros queremos ayudar”, dijo el funcionario municipal.
Aseguró que anteriormente han llevado actividades del IMJU a los anexos, como talleres de barbería y uñas acrílicas, pláticas de prevención de riesgos psicosociales, torneos deportivos y bailes sonideros. Ahora, respetando su metodología de trabajo, el IMJU impulsará un programa piloto de acompañamiento en 25 anexos.
“De acuerdo a la Secretaría de Salud, existen más de 200 centros aquí en León, existen entre 15 mil y 16 mil mujeres, hombres, adolescentes, adultos, dentro de estos más de 200 centros de rehabilitación.
Al no tener ellos esta atención más seguido porque el Estado y Conasama los visitan una o dos veces al año, ellos necesitan regularizarse. Si bien, no somos el ente para poder hacer eso, sí podemos acompañarnos para que lo logren, que puedan profesionalizarse”.
En los próximos días se publicará la convocatoria para seleccionar los 25 centros, de un total de 80 previstos, como meta del trienio. Durante cuatro meses, el IMJU brindará asesoría y, al concluir, entregará un manual de operación y procedimientos.
Además, los centros recibirán apoyo de Protección Civil para elaborar su manual correspondiente y orientación sobre cómo constituirse como asociación y organizar los expedientes de los pacientes, explicó Ismael Zúñiga.
No obstante, reconoció que la Federación necesita sensibilizarse sobre las necesidades de los centros de rehabilitación para que puedan cumplir con la norma.
Ismael Zúñiga destacó otra estrategia exitosa en el combate a las adicciones.
Los planes de vida, donde se acompaña al joven en situación de vulnerabilidad por tres meses y desde la empatía se trabaja con ellos, se les ofrece (terminar) primaria, secundaria, lo que les haga falta, les ayudamos a sacar el acta de nacimiento, les damos estas competencias de ‘barber’, de uñas (…) Y digo desde la empatía porque no los podemos obligar a estudiar, por eso tenemos estas otras competencias, para que encuentren una herramienta de trabajo”.
Salvar las vidas
Sin embargo, Nicolás Pérez se muestra escéptico.
Principalmente porque los funcionarios del IMJU que conversaron con directores de los anexos en León parecían poco informados y porque Ismael Zúñiga no acudió personalmente a la reunión realizada a finales de enero.
A los integrantes del IMJU “yo los dejé hablar. Pero no traen ni la idea de la magnitud del problema en el cual se están metiendo al ofrecer (este acompañamiento) porque al final de cuentas están diciendo que van a certificar grupos. Las certificaciones son federales, ante Conasama”.
Por ello, exhortó a las autoridades a acercarse a estos directores y escucharlos, pues ellos traen “el pulso”: cuántos pacientes tiene un grupo, dónde empezó a consumir cierto paciente, cómo prepararse ante el acecho de una nueva droga, mucho más potente que el fentanilo, que se llama “Supermán”.
El activista aceptó que han sostenido reuniones con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, aunque su interés es hablar directamente con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con quien no han tenido un encuentro desde 2021, pues ella es quien toma las decisiones. Advirtió que, si este diálogo no se concreta, recurrirán a la presión social mediante marchas, “porque solo así nos han escuchado”.
La urgencia de atención también se extiende a los presidentes municipales, con un llamado especial a Alejandra Gutiérrez.
Nicolás Pérez mencionó que el programa Planet Youth, emblema de la administración del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fracasó porque implicaba “culturas diferentes, son economías diferentes, son drogas de impacto diferentes, (se le advirtió) no lo metas. Fueron muchos millones de pesos, mucho se nos ignoró”.
Para concluir, reprochó que “a ellos (los funcionarios) no les interesa la gente que se está muriendo. A ellos les interesa cuidar el dinero”.
Internamiento, una decisión personal
Nicolás Pérez Ponce, líder de los CRUB, aseguró que cuando una persona con problemas de adicción decide iniciar un proceso de rehabilitación, al menos en el caso de su organización, no es bajo privación de la libertad.
Nosotros tenemos documentos firmados por la familia, documentos firmados por los propios usuarios y un número de reporte a Seguridad Pública donde el Gobierno municipal sabe y reconoce el paradero de la persona que en ocasiones denuncia privación ilegal de la libertad. Esto es con todos los ingresos, hasta los que llegan voluntarios”.
El activista aseguró que esto se hace por protocolo, mediante reporte al 911 del municipio respectivo, otorgándose un número de folio. Así se evita criminalizar a las personas que apoyan el tratamiento.
Promesas de campaña
En el documento “Propuestas para la gente. Un Nuevo Comienzo para Guanajuato”, la entonces candidata, Libia Dennise García Muñoz Ledo planteó un apartado con sus compromisos con las juventudes. En el punto 10 “Un Guanajuato sin adicciones” proponía:
Reforzar las acciones de prevención entre los jóvenes, dando continuidad a la metodología Planet Youth, fortaleciendo los factores de protección y disminuyendo los factores de riesgo.
Construir una clínica especial para la atención a las adicciones.
Ya como Gobernadora, se canceló el programa Planet Youth y se prometió trabajar en un modelo propio ‘Vive sin Adicciones’. La clínica no está proyectada al menos para 2025.
Es reportera de local en el periódico AM de León, Guanajuato. Es Licenciada en Informática pero por ser usuaria temprana del internet se orientó al periodismo desde 2006. Actualmente se enfoca en temas sociales, de derechos humanos y periodismo de investigación.
