‘No a la discrecionalidad’: Empresarios piden candados a gratificaciones para funcionarios locales
Estas declaraciones llegan luego de la polémica vivida con Carlos Zamarripa Aguirre, quien recibió 4 millones 264 mil pesos por concepto de finiquito, pero además 3 millones 922 mil por “gratificación por fidelidad al término del cargo”.
León, Guanajuato.- Líderes empresariales leoneses se pronunciaron por revisar y poner candados al otorgamiento de gratificaciones fuera de ley para funcionarios públicos locales.
Esto tras la polémica al revelarse que el exfiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, al dejar el cargo el 1 de enero pasado recibió 4 millones 264 mil pesos por concepto de finiquito, pero además 3 millones 922 mil por “gratificación por fidelidad al término del cargo”, para sumar un total de 8 millones 186 mil pesos.
Vicente Lahud Martínez, presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría (Cicur) pero también comisionado de seguridad del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), fue directo en que es un bono “cuestionable”.
Como actores comprometidos con la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos estamos preocupados por la asignación de gratificaciones en contextos donde los resultados, medidos a través de los indicadores de la gestión en seguridad y justicia en el estado, no se reflejan en mejoras tangibles."
“Y si bien la liquidación conforme a la ley es un derecho de cada uno de nosotros, es cuestionable que se otorguen incentivos adicionales sin que estos hayan sido sometidos a un debate público ni a la revisión del Congreso”, opinó para AM.
El monto fue revelado por la bancada de Morena en el Congreso local el día 8 de abril, mismo que obtuvieron luego de apelar a una solicitud de acceso a la información negada. En total 14 exfuncionarios recibieron esta gratificación, que sumó más de 14 millones. Esto fue posible por la modificación al Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado que entró en vigor en abril de 2024.
Zamarripa Aguirre se jubiló después de 30 años y 7 meses en el servicio público.
Lahud agregó que estos casos refuerzan la percepción de falta de transparencia.
Hacemos una invitación para que en un futuro este tipo de compensaciones estén perfectamente definidas, que no se modifiquen los reglamentos en función de tal o cual persona, y que sobre todo estén relacionados con indicadores que impacten en la vida diaria de los ciudadanos”, puntualizó como voz del Consejo Empresarial.
‘No a la discrecionalidad’
Alejandro Arena Barroso, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) en León, consideró que este tipo de beneficios: “Es peligroso porque es totalmente discrecional, no viene en la ley y está sujeto a que cualquier funcionario pueda recibir una cantidad que no corresponda a una lógica laboral. Y la poca transparencia es un problema que se debe de evitar a como dé lugar”.
Se pronunció por tomar medidas para no sentar un mal precedente en gobierno.
Si esto pasa desapercibido, aunque ya se dio, que quede el antecedente de que no se puede tomar ese tipo de decisiones discrecionales de cualquier funcionario”.
Si bien la FGE es un organismo autónomo, llamó a escuchar a la opinión pública.
“Los comentarios que yo he escuchado en el Consejo Coordinador (Empresarial de León) es que no están de acuerdo en que se aplique esa discrecionalidad”, dijo.
Ismael Plascencia Núñez, presidente de Concamin Bajío, pidió revisar el tema.
La liquidación se la merecen, así está en la ley (en materia laboral) y adelante. Lo que no sé es si esa gratificación extra está dentro de lo legal, eso lo desconozco, si está en un reglamento, si tiene un argumento válido para que se les dé… Si hay algo que esté fuera de la legalidad, que se revise”, opinó en entrevista con AM.
Agregó que este tema de la Fiscalía se debió revisar al reformar su reglamento.
“El tema de seguridad se maneja un poco diferente por todos los riesgos que conllevan. Si esto está en un reglamento porque son autónomos, entonces tendría que ponerse desde el Congreso algunos candados para que eso no suceda.
Si bien está siendo legal porque así lo tienen, prever que esto no suceda porque la verdad es mucho dinero, aunque también es gente (la que labora en áreas de seguridad y justicia) que arriesga su vida, salen de ahí y siguen arriesgando la vida”.
Sobre el mismo tema se preguntó la postura del presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg), Juan Carlos Cashat Usabiaga, y por escrito la respuesta fue: “Respetamos las decisiones que competen a las instituciones públicas y a los marcos legales que las rigen. Entendemos que temas como el de las compensaciones o gratificaciones a funcionarios deben analizarse bajo criterios de ética, legalidad, transparencia y rendición de cuentas”.
AAK
AManece Guanajuato
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