Juan Manuel Oliva: gobernador en un sexenio de corrupción impune
A 13 años de su apresurada salida del Gobierno de Guanajuato, las irregularidades cometidas durante su sexenio no han sido sancionadas por ninguna autoridad.
Guanajuato.- El 2 de julio de 2013, Javier Contreras Ramírez, entonces presidente estatal del PRI, presentó ante la Procuraduría General de la República, hoy FGR, una denuncia contra el exgobernador Juan Manuel Oliva por fraude de más de mil millones de pesos
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, informó que la denuncia era porque en el sexenio olivista hubo desviación de recursos públicos y se incurrió en peculado en la fallida construcción de la refinería, la creación de un Tren Interurbano que no existió y la Expo-Bicentenario.
También se detectó corrupción en dependencias como el DIF, ISSEG y las secretarías de Salud y de Desarrollo Agropecuario. Legisladores del PRI de Guanajuato denunciaron el caso ante la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de León.
La acusación era un reflejo de las investigaciones periodísticas realizadas por AM a lo largo de la administración de Oliva, del 26 de septiembre de 2006 al 23 de marzo de 2012, pues ni siquiera terminó su periodo: el PAN nacional le inventó una encomienda para llevárselo, al haberse convertido en un lastre para el partido.
Pero esa denuncia no prosperó, no pasó nada y cayó en el olvido. Oliva quedó impune y conviene recordarlo ahora que muchos panistas lamentan su salida de Acción Nacional y destacan su labor.
En el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez se inició la corrupción en los gobiernos panistas de Guanajuato.
Las dos principales obras, faraónicas e inútiles, en las que se derrocharon millones de pesos del erario público, fueron: la compra de los terrenos para la construcción de una fallida refinería en Salamanca, y la creación del Parque Bicentenario.
Pero no fueron los únicos negocios al amparo del poder. Aquí presentamos los más grandes, publicados el 26 de septiembre de 2012 en un suplemento especial editado por AM, que calculó en 5 mil millones el derroche durante su administración.
Cereal y Transas Finas
A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que entonces encabezaba Héctor López Santillana, el Gobierno del Estado creó una empresa ‘fantasma’ llamada “Cereal y Pastas Finas”, con el fin de comprar terrenos en los municipios de Salamanca y Villagrán, para tenerlos disponibles para “concursar” con Tula, Hidalgo, ante el Gobierno Federal para construir una refinería que nunca se concretó.
Pero el fin se ocultó a los campesinos que vendieron. Para realizar las compras, se utilizaron prestanombres y ‘coyotes’, según documentó y publicó en aquella época AM en un reportaje que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo.
En promedio el Gobierno del Estado pagó 170 pesos, 200, 300, 500 y hasta 800 pesos por metro cuadrado en terrenos donde el valor no debía superar los 138 pesos, según mostraron los avalúos que AM obtuvo directamente de la Secretaría de la Función Pública a través de la Ley Federal de Transparencia.
De esta forma, el Gobierno del Estado pagó hasta 8 millones de pesos por cada hectárea. En algunos casos el desembolso fue seis veces mayor que el avalúo oficial y 35 veces más que el valor fiscal de los terrenos.
Pero no solo eso, sino que el Gobierno mintió a la Secretaría de la Función Pública.
El jefe jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Marco Antonio García Monzón, solicitó a la Federación valuar terrenos para un parque industrial y no para una refinería, como era la verdadera intención. Esto impactó en el costo de los predios, reveló a AM Javier Pradillo Obregón, delegado regional del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
La refinería jamás se construyó y en los terrenos se erigió el Parque Xonotli, donde no solo sigue sin provecho una cuantiosa inversión, sino que ya se produjeron nuevos episodios de corrupción.
Expo Bicentenario
La construcción de la Expo Bicentenario tuvo el fin de conmemorar en 2010 el Bicentenario de la Independencia de México. Se instaló en 100 hectáreas entre Guanajuato y Silao.
De acuerdo con el libro “El Saqueo”, escrito por Raúl Olmos, quien en esa época era coordinador de la Unidad de Investigación de AM, el 22 de julio de 2008 Oliva confirmó la construcción de la Expo Bicentenario, que costaría 720 millones de pesos.
Pero ese costo se triplicó. Para octubre del mismo año subió a 900 millones de pesos.
“El 12 de enero de 2010, un documento interno del Fideicomiso del Bicentenario reveló que el costo del proyecto se había elevado ya a mil 676 millones de pesos: más del doble de la proyección inicial.
Al final, el desembolso por el parque -con todo y operación-, superó los 2 mil millones de pesos, que equivalía casi al triple de los 700 millones que se habían anunciado en abril de 2008”, refiere el libro.
El 17 de julio de 2010, el proyecto abrió sus puertas tras dos años de construcción.
El derroche más grande en ese proyecto fue ‘La Victoria Alada’, una megaescultura que costó 39 millones y fue asignada directamente al artista Ricardo Motilla, pese a que superaba 10 veces el monto máximo que establecía la ley para asignar contratos sin licitación.
En esa época, fue la escultura más cara del país; el récord para un autor latinoamericano era de unos 14 millones de pesos, por una pieza subastada en 2009 por el colombiano Fernando Botero, famoso a nivel mundial.
La construcción de la Macroplaza de la Expo se otorgó sin licitación a Urbanizadora del Bajío, mediante un contrato “por excepción” por 227 millones de pesos, dejando de lado propuestas que estaban a la mitad del costo.
Dicha obra superó 120 veces el monto máximo previsto por la ley para asignaciones directas. La misma empresa recibió en marzo de 2012 otro contrato sin licitación por 124 millones de pesos (66 veces más de lo que autoriza la ley), para más obras de adecuación en la Expo.
Fueron seis meses los que funcionó bajo este concepto. A finales de enero de 2011 cerró sus puertas para entrar a un periodo de ‘replanteamiento’.
Juan Manuel Oliva, entonces gobernador, ordenó su reapertura. La Expo fue reinaugurada el 15 de octubre de 2011 con un concierto de Espinoza Paz. El Gobierno del Estado transfirió 91 millones 302 mil pesos para reapertura y operación.
Desde entonces y hasta la fecha, esta obra no ha sido autosustentable, pues el número de visitas es muy bajo y cada año el Gobierno del Estado tiene que subsidiarlo. La tendencia ha continuado desde entonces, año con año, hasta la fecha.
Cáncer en Salud
La corrupción se extendió como un cáncer hasta los servicios de salud pública en Guanajuato.
AM publicó en febrero de 2011 que médicos del Hospital General Regional de León, quitaban material como clavos o mallas ortopédicas a los pacientes que habían sanado.
Cuando llegaba otro paciente, simulaban pedir material nuevo, pero en realidad colocaban los materiales usados. Luego los médicos disponían de los materiales nuevos en su provecho.
Pero eso no fue todo, la Auditoría Superior de la Federación descubrió las siguientes anomalías, que fueron cuantificadas así: $50 millones de fondos federales transferidos para el Seguro Popular se registraron como faltantes. $2.8 millones se pagaron a 7 falsos médicos especialistas que ejercían, pese a carecer de título: $2.2 millones fue el daño al erario, al perdonar sanciones a proveedores incumplidos. $3.3 millones fueron de pagos irregulares a 418 trabajadores de la Secretaría de Salud.
La Secretaría de la Gestión Pública intervino y reconoció que efectivamente habían comprobado corrupción. Emitió la recomendación de despedir al menos a 33 personas por la red de corrupción que se extendió en los hospitales públicos de León, Irapuato, Pénjamo y Jerécuaro.
Fue así que el Gobierno del Estado despidió a directores de varios hospitales, médicos y trabajadores de la Secretaría de Salud. Incluso, el titular de la dependencia, Jorge Armando Aguirre Torres, renunció a su cargo.
Las transas del DIF
Durante el sexenio de Juan Manuel Oliva, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) benefició efectivamente a la familia… del Gobernador.
AM documentó que el DIF estatal asignó contratos por más de 165 millones de pesos a empresas propiedad de una nuera de Elías Villegas Torres, quien a su vez, es compadre de Oliva. Ella fue Bárbara Helena Martínez Díaz, casada con un hijo de Elías Villegas.
Impulsora Comercial Estrella se constituyó en febrero de 2007, cuatro meses después de que llegó Juan Manuel Oliva a la Gubernatura. Para 2009 ya le había vendido al DIF estatal 84 millones de pesos.
Como el negocio prosperó, Impulsa Comercio Espiga nació en 2009 y casi de inmediato se le habían otorgado contratos por 66 millones de pesos, también por “dedazo”, de forma directa.
María de la Luz Pichardo Preciado, quien figuraba como directora de Asistencia Alimentaria del DIF estatal, quien antes fue asistente personal de Juan Manuel Oliva, fue la responsable de adjudicar contratos millonarios sin licitación a la empresa que carecía de instalaciones y a la recién nacida, revelaron documentos oficiales a los que AM tuvo acceso.
Entre 2009 y 2010, le fueron asignados contratos de forma directa por más de 150 millones de pesos a los “proveedores estrella”.
Elia Margarita Lona Calvo, consuegra de Juan Manuel Oliva, vendió al DIF estatal miel de abeja por un millón 284 mil pesos. Una auditoría determinó que con la compra se incurrió en conflictos de intereses, por el parentesco del Gobernador y de la presidenta del DIF, con la proveedora de la miel.
Además, el personal del Órgano de Fiscalización Superior que realizó una auditoría a esa operación, determinó que se había incurrido en una violación a la Ley de Adquisiciones, porque la compra se realizó a la consuegra sin licitación de por medio.
La auditoría también concluyó que el DIF estatal benefició con contratos por 277 mil pesos a una hija del entonces gobernador Juan Manuel Oliva y de la presidenta del organismo paraestatal, Marta Martínez Castro.
La empresa Operadora Gastronómica a Fuego, S.A. de C.V., de la que era socia Marta Oliva Martínez, expidió 20 facturas al DIF estatal por concepto de servicios de banquetes y también para la “reposición de caja chica” de su mamá y de otras funcionarias del DIF.
Posteriormente, se informó que la empresa de la hija del Gobernador tuvo que devolver el dinero que cobró por estos servicios.
Repartieron atún podrido
La empresa Impulsa Comercio Espiga repartió, en al menos ocho municipios, miles de latas de atún que presentaban características de descomposición y que despedían olor a podrido cuando las abrían, para el programa de Comedores Comunitarios que operaba el DIF estatal. Así lo registró una auditoría que practicó el Órgano de Fiscalización del Congreso local, además de que AM obtuvo por medio de la Ley de Acceso a la Información, cartas en donde los sistemas municipales del DIF informan al DIF estatal de las anomalías del producto.
El Tren Interurbano
El sexenio olivista heredó el “proyecto fantasma” que fue el Tren Interurbano, proyectado desde 25 años antes, que alimentó con dinero público pero tampoco se concretó.
El proyecto era un tren de vía doble, con 149 kilómetros, que atravesaría 10 municipios del estado. Se proyectaba que tuviera 23 trenes de cuatro vagones, que alcanzarían una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y una capacidad para 848 pasajeros.
En 2008, el Gobierno de Juan Manuel Oliva cerró un trato con ejidatarios de Mezquite de Sotelo para la compra de terrenos para el tren. El trato consistía en vender 4 hectáreas, cuyo valor estimaban en 3 millones de pesos por cada una; es decir, sería un total de 12 millones de pesos.
Los ejidatarios recibieron un anticipo de 6 millones de pesos, la mitad, y escucharon la promesa de que volverían a liquidarles en abril de ese mismo año. El compromiso nunca se cumplió.
Esta misma operación la realizaron intermediarios del Gobierno en al menos cuatro comunidades más.
AAK
