Más de 21 millones de pesos y un año de trabajo fueron los recursos que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) invirtió en el desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia, un nuevo sistema de acceso a la información pública que no funciona. 

El 6 de mayo, el INAI presentó la herramienta informática con la que se echa a andar el Sistema Nacional de Transparencia, que tiene como objetivo homologar y aglutinar en un solo portal todos los sistemas de transparencia del país. 

De acuerdo con el INAI, la Plataforma se debía convertir en un referente para otros países. Pero registró problemas de operación desde su puesta en marcha, que dificultaron el acceso a los usuarios y entorpecieron el derecho a la información.

Los errores fueron tales, que la nueva herramienta estuvo en operación sólo 20 días. El 26 de mayo pasado, el INAI solicitó a las entidades federativas, y a los sujetos obligados del gobierno federal, activar de nuevo sus sitios Infomex, el anterior sistema con el que ya estaba familiarizada la ciudadanía. 

Plataforma cara

El desarrollo de la Plataforma recayó formalmente en la Comisión de Tecnologías de la Información del Sistema Nacional de Transparencia, coordinada por el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos de Quintana Roo, Orlando Espinosa, pero por cuestiones de presupuesto, el proyecto lo llevó a cabo el INAI, bajo la batuta del comisionado Óscar Guerra Ford.

El nuevo sistema fue desarrollado en dos partes por tres empresas diferentes; ambas etapas tuvieron un costo de 19 millones 663 mil pesos.

Además, el INAI gastó un millón 361 mil pesos en la asesoría de 14 especialistas, quienes emitieron recomendaciones para el desarrollo de la nueva herramienta. 

El nuevo sistema de transparencia es un proyecto similar a la Ventana Única de Transparencia de la Ciudad de México, no sólo porque es una página web poco amigable para el usuario, sino porque su desarrollo estuvo a cargo de los mismos funcionarios responsables de la Plataforma.

La VUT fue un proyecto que comenzó en 2008 y concluyó en 2011; su objetivo fue almacenar y organizar la información de la administración pública de la Ciudad de México que por ley debía ser pública.

La página tuvo un costo de 6.5 millones de pesos, está dividida en cinco módulos y su desarrollo estuvo a cargo de Óscar Guerra Ford, cuando fue comisionado del InfoDF.

De acuerdo con los contratos, otro de los funcionarios responsables fue José Luis Hernández Santana, entonces director de Tecnologías de la Información del órgano garante de la Ciudad de México. Actualmente, este funcionario ocupa el mismo cargo en el INAI y fue el responsable de evaluar las propuestas técnicas y económicas de las empresas que compitieron por el desarrollo de la Plataforma.

La VUT fue presentada en 2011 y, aunque no hay registro de errores en su funcionamiento, tampoco ha logrado convertirse en un referente en materia de transparencia, pues se trata de una página web que guarda información básica, como el nombre de los titulares de las dependencia y organismos del gobierno local, sus direcciones y su historial de solicitudes de información.

Sistema inoperante

Apenas unas horas después de su lanzamiento, la nueva Plataforma registró errores de operación.

Los comisionados Octavio Carriedo, Francisco Javier Mena y Yolli García, coordinadores de las regiones Norte, Centro y Sur del Sistema Nacional de Transparencia, coinciden en señalar algunos errores de operación reportados por usuarios y organismos garantes.

Destacan la imposibilidad para acceder al nuevo sistema, para enviar solicitudes de información y para ingresar a éste con la misma cuenta de Infomex, lo cual impidió a los usuarios tener acceso a su historial de solicitudes.

Otros problemas de operación fueron la no emisión de folios y acuses de recibo -indispensables para dar seguimiento a una solicitud-, la pérdida de solicitudes que desaparecían unas horas después de ser registradas y la falta de notificación cuando una petición de información llegaba de manera correcta al sujeto obligado a la que estaba dirigida.

Errores que, casi un mes después del lanzamiento, siguen presentándose.

Adriana Elizondo, integrante de Cívica Digital, una organización conformada por expertos en desarrollo de tecnología que monitorea y da seguimiento a proyectos tecnológicos gubernamentales, hizo pruebas de la plataforma a petición de Revista R.

La experta solicitó a las secretarías del Trabajo federal y del estado de Querétaro información sobre los viajes internacionales de sus titulares.

Después de 10 minutos de intentarlo, la solicitud no pudo enviarse debido a que ésta se encontraba dirigida a más de un sujeto obligado; en la descripción de la solicitud había signos de puntuación que el sistema no reconocía -como dos puntos- y el sistema pedía registrar la información personal de la usuaria. 

La solicitud fue enviada en un segundo intento; no obstante, la usuaria debió dirigirla a un solo sujeto obligado, quitar signos de puntuación y rellenar las casillas de datos personales, lo cual viola el derecho a no tener que acreditar personalidad jurídica para solicitar información a un sujeto obligado.  

Si bien es posible proporcionar información falsa en dichos recuadros, el usuario sólo lo sabe si está familiarizado con la página o después de leer un manual de 47 páginas.

‘Nos dejaron solos’

Los comisionados entrevistados detallan algunas de las causas de estos errores: no se realizaron pruebas piloto, el INAI dio acceso a los organismos garantes locales apenas unos días antes de su lanzamiento y, cuando los imperfectos eran reportados, personal del organismo nacional se limitaba a tomar nota de ellos.

Octavio Carriedo, comisionado del Instituto de Transparencia de Durango y coordinador de la región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, señala que, previo al lanzamiento de la Plataforma, los organismos garantes locales no realizaron pruebas para verificar su funcionamiento.

“Se hicieron pruebas fundamentalmente con técnicos, y de técnico a técnico... entre ellos estuvo fluyendo la información, pero no necesariamente podemos decir que hubo pruebas con los organismos garantes previo al 6 de mayo”, indica.

Francisco Javier Mena, comisionado del Instituto de Transparencia de Tlaxcala y coordinador de la región Centro, se queja de que el INAI les dio a los órganos garantes poco tiempo para conocer el nuevo sistema y no resolvieron de manera adecuada las dudas que surgieron.

“Comentando con algunos comisionados, lo que se decía era: ‘a ver, nos dan una clave de acceso para poder conectarnos, para hacer pruebas, pero hay todavía muchas lagunas que hay que ir dilucidando y, mientras no nos aclaren dudas difícilmente vamos a lograr los objetivos que se persiguen con la Plataforma’”, recuerda.

El comisionado indica que muchos de los errores que actualmente registra la Plataforma fueron reportados antes de su lanzamiento. 

“Las personas que nos iban a capacitar a los organismos garantes se llevaron un listado de lo que nosotros estábamos preguntando y reportando... cuando la Plataforma se echa a andar, se hace un ejercicio piloto y sale bien, todos pensamos, ‘está funcionando, vamos a echarla a andar’, fue cuando todos quisimos subirnos, yo no sé, supongo que fue ahí donde colapsó el sistema”, señala.

El 6 de mayo pasado, durante el lanzamiento de la Plataforma, el INAI se conectó vía remota a Hermosillo, Sonora, con Guillermo Noriega, de la organización civil Sonora Ciudadana, para que realizara “la primera solicitud de información”; no obstante, para esa hora ya había muchas más registradas, pues el nuevo sistema se puso en marcha un día antes. 

Personas involucradas en la organización del evento indican que el INAI decidió cancelar otras solicitudes que se iban a realizar en vivo ese día por temor a que la Plataforma presentara fallas. 

Mena dice desconocer si el INAI realizó un diagnóstico sobre la capacidad tecnológica de los organismos garantes locales, pues hasta ahora desconocen si deberán invertir en equipo. 

El comisionado acusa al instituto nacional de haberlos dejado solos cuando comenzaron a recibir quejas de ciudadanos que sentían afectado su derecho al acceso a la información.

“(El acompañamiento del INAI) debe de ser en el sentido de no dejarnos solos, también de dar la cara de manera conjunta a la ciudadanía, porque los órganos garantes recibimos muchas quejas diciendo que la Plataforma no sirve y al ciudadano no le interesa quién tiene la culpa, sino que su derecho de acceso a la información esté garantizado”, sostiene.

Fiasco

El nuevo sistema de transparencia estuvo en operación sólo 20 días. 

El 26 de mayo pasado, el INAI emitió un comunicado en el que informó que solicitó a las entidades federativas y a la federación, activar de nuevo sus sistemas Infomex, en tanto se corregían los problemas de la Plataforma.

“Se tomó la decisión de habilitar nuevamente el sistema Infomex correspondiente a la federación, los estados y la Ciudad de México, para que los miembros de la sociedad continúen ejerciendo su derecho al acceso a la información”, señala el comunicado. 

“Es importante puntualizar que la Plataforma Nacional de Transparencia seguirá activa, en paralelo a los sistemas Infomex o equivalentes para monitorear el avance de las acciones encaminadas a atender las incidencias. Mientras tanto, los usuarios podrán realizar sus solicitudes de información y, en su caso, interponer recursos de revisión, a través de los sistemas Infomex y equivalentes, cuyos vínculos se encuentran activos en la Plataforma”, indica ese comunicado. 

Yolli García, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia de Veracruz, indica que en semanas pasadas, el INAI convocó en la Ciudad de México una reunión con los encargados de las áreas de sistemas de los organismos garantes locales. 

Durante la reunión, agrega la también coordinadora de la región Sur, el organismo detectó que la Plataforma presentaba diferentes fallas en cada entidad, lo que ha dificultado encontrar el origen de éstas.

“Ellos pensaban, de entrada, que si todos teníamos la misma falla, tendríamos manera de atacarla; sin embargo, las fallas eran distintas en todas las entidades; entonces, no sabremos específicamente la solución hasta que se termine este diagnóstico y se pueda decir qué está generando las fallas”, indica. 

Veracruz tomó la decisión de desconectarse de la plataforma tres días después de su lanzamiento.

“Nosotros adoptamos un acuerdo el lunes (9 de mayo) para habilitar de inmediato Infomex, porque tuvimos muchos problemas para funcionar: no nos aparecían los sujetos obligados y las solicitudes que se hacían aparecían un día después y después desaparecían”, detalla.

Veracruz fue el primer estado que se desconectó de la Plataforma, y el Estado de México es, hasta ahora, el único que se ha negado a conectarse a ella.

El 6 de mayo pasado, Josefina Román, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia mexiquense, participó en la presentación de la nueva herramienta en su calidad de coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia.

“Esta será una verdadera herramienta que nos permitirá tener una radiografía del quehacer gubernamental”, dijo.

No obstante, el Estado de México es la única demarcación que no ha dado y que no piensa dar de baja su sistema de solicitudes de información llamado Saimex.

Román asegura que el Estado de México se conectará a la Plataforma a través de un web services que les permitirá conservar su sistema de acceso a la información pública.

“No es que no estemos en Plataforma, en el Infoem hemos desarrollado un web service que es una especie de canal de interconexión con Plataforma; sí estamos, vamos a estar, pero decidimos conservar nuestro Saimex”, indica. 

Tecnología mediocre

El 8 de junio pasado, 10 organizaciones civiles y ocho expertos en tecnología cívica y transparencia enviaron una carta abierta al INAI, en la que califican la Plataforma como “tecnología mediocre”. 

Juan Manuel Casanueva, director ejecutivo de SocialTIC, una organización civil enfocada en la promoción del uso de tecnologías por grupos sociales, indica que, como resultado del análisis realizado por los especialistas, se detectaron problemas de diseño, usabilidad y accesibilidad.

“La combinación de estos elementos harían que un usuario vea a esa Plataforma como intuitiva, que la entienda a la primera, y eso es algo que no pasa con esta herramienta”, señala. 

Casanueva señala que, entre los errores detectados se encuentran la existencia de elementos innecesarios en la página web -como el rehilete del centro-, la falta de explicaciones de conceptos básicos como “sujeto obligado” y su diseño poco atractivo.

Los especialistas, agrega, también externaron su preocupación por el hecho de que es imposible saber si la información del sistema anterior migró completa y en orden a la Plataforma, si ésta es un producto sólido en términos de seguridad y desempeño y si sus fallas son resultado de problemas serios de programación. 

Casanueva advierte que la nueva herramienta electrónica no justifica los recursos humanos y económicos que fueron invertidos en ella, y critica que un proyecto que tiene como objetivo garantizar el acceso a la información pública acabara resultando tan opaco en su desarrollo. 

“Lo que sí nos llama la atención es que, para ese precio, sea quien sea quien haya hecho el proyecto, el resultado debió ser impecable, y no lo es, dejan mucho que desear las empresas que estuvieron involucradas. Y sí necesitamos saber, a nivel de rendición de cuentas, cómo es que se gastó ese presupuesto, por qué se asignaron a esas empresas y cómo fue el proceso de revisión de cada una de las etapas”, sostiene.

El 31 de mayo pasado, el comisionado Guerra Ford aseguró que a más tardar en dos meses serían resueltas las fallas del nuevo sistema de transparencia. 

Al respecto, Paulina Bustos, directora de Operaciones de Cívica Digital, cuestiona: “¿quién lo va a hacer? Si lo va a hacer la misma empresa que lo hizo mal, ¿qué garantiza que lo va a hacer bien ahora?”, cuestionó.

Cívica Digital desarrolló un prototipo que replantea aspectos básicos de la Plataforma; en sólo 16 horas, con el trabajo e ingenio de ocho expertos. 

“Rediseñamos la página de inicio, la página de hacer solicitudes que es súper importante que sea intuitiva, y la página de sujetos obligados”, detalla. 

En la carta enviada al INAI, las organizaciones firmantes solicitaron una cita para presentar el prototipo, exponer sus preocupaciones y sugerencias y solicitar formalmente la apertura del código de la herramienta a fin de que sea probada por expertos independientes. 

En su repuesta, emitida dos días después, el INAI manifestó su disposición a escuchar y atender cada una de las preocupaciones de los firmantes, y los citó a una reunión que se llevó a cabo el 22 de junio. En ésta, acordaron dar seguimiento conjunto a las correcciones que hagan los desarrolladores de la Plataforma.

Plataforma nacional ¿de transparencia?

¿Qué es? 

Una nueva Plataforma Nacional de Transparencia, contemplada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada el 5 de mayo de 2015.

Objetivo

Homologar todos los portales de transparencia del País.

Módulos:

1.- Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información

2.-Sistema de Gestión de Medios de Impugnación.

3.- Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados.

4.- Portales de Obligaciones de Transparencia.

Plazos

Para los tres primeros módulos se cumplió el 5 de mayo de 2016.

Para el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia vence en noviembre.

LO QUE PROMETÍA

=Ejercer el derecho de acceso a la información y los llamados derechos ARCO( Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición)desde un solo sitio: www.plataformadetransparencia.orgmx.

=En ese sitio se debe concentrar la información que por ley deben hacer pública los 3 mil 764 sujetos obligados por la Ley de Transparencia.

=Además de la página web, la PNT contempla la posibilidad de que las solicitudes de información pública se realicen vía tablet y dispositivos móviles.

COSTO: 21 MILLONES 26 MIL PESOS

=La primera etapa del proyecto fue desarrollada por la empresa Intellego y Dortted Cloud, con un costo de 9 millones 663 mil pesos.

=La segnda etapa estuvo a cargo de la empresa IDS Comercial y costo 10 millones de pesos.

=Adicionalmente, el INAH pagó un millón 361 mil pesos a 14 expertos, entre ellos: Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del extinto IFE y actual director general de la consultoría Integralia.

=María del Carmen Nava, Directoral general de Visión Legislativa.

=Gabriela Edith Morales, de la organización civil México Infórmate.

=Alejandra Ríos Cázares, investigadora del CIDE.

=Alejandro González, de Gesoc.

PROBLEMAS TÉCNICOS

=No se pueden enviar solicitudes de información a más de un sujetos obligado.

=No se puede acceder a la plataforma con las cuentas del anterior sistema Infomex lo que impide acceder al historial de solicitudes.

=Si no se llenan todos los registros solicitados, entre los que se encuentran nombre y dirección del usuario, no se pueden enviar solicitudes de información, lo cual viola el derecho a no acreditar personalidad para ejercer el derecho al acceso a la información.

=No es posible enviar solicitudes que en su descripción contenga signos como dos puntos, punto y como o guiones.

=No se emiten acueses de recibido, lo cual impide saber si la solicitud fue enviada o no.

=Las solicitudes de información realizadas no se registran dentro del apartado ‘historial de solicitudes’.

Por Redacción AM

Escrito en Irapuato el 27/6/2016 · 00:00