El congreso de Morelos corre el riesgo de sufrir un embargo, debido a que enfrenta en tribunales la demanda de diversos pagos por un aproximado de 18 millones de pesos (mdp), debido al incumpliendo en el pago a proveedores de servicios y despidos injustificados durante legislaturas pasadas.
Las administraciones de las legislaturas L y LI no liquidaron conforme a la ley laboral a trabajadores de confianza, por lo que actualmente el Legislativo morelense enfrenta 10 juicios en esa materia.
Además, la empresa denominada "Llanterama de Morelos", presentó una demanda por la vía ordinaria civil, ya que reclama un pago pendiente de 140 mil pesos, derivados del servicio mecánico al parque vehicular que solicitó el anterior presidente de la mesa directiva, Julio Espín, según informó María Elena Medina Vargas, representante legal de la empresa inconforme.
Medina Vargas aseguró al periódico “Diario de Morelos” contar con una orden de embargo. “Hoy por hoy, tengo una orden de embargo para el Congreso del Estado, lo que considero es una vergüenza que tenga que ser embargado por negarse a pagar y por un adeudo que dejó el señor Julio Espín que ahora es presidente municipal de Puente de Ixtla”, mencionó.
Por otra parte, el viernes 14 de febrero hubo un intento de amago por incumplir con el pago de un laudo de 1.5 millones de pesos a favor de un ex empleado de la Auditoría, despedido en 2009, asunto que ya fue atendido por el área jurídica, por lo que será liquidado en los próximos días.
Respecto a las otras demandas vigentes, el ex secretario de Servicios Legislativos, Armando Ramírez Saldívar, reclama 1.8 mdp, mientras que la ex empleada, Alma Delia Rivera, exige un pago de 1.4 mdp, sin embargo, en estos casos el Congreso del Estado logró un amparo para evitar la erogación de esos montos.
Adicionalmente, cuatro ex directores de la Auditoría también esperan un laudo por un millón de pesos cada uno.
Según el informe de la Dirección Jurídica, se indica que la mayoría de las demandas contra el Congreso son por despido “injustificado”, razón por la que culpa de negligencia a los ex diputados por no liquidar conforme a la ley.