El secretario de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que la posible visita a los cuarteles de Guerrero, por parte de los padres de los estudiantes de Ayotiznapa, desaparecidos en septiembre, va a ayudar a dar certeza de si existen o no crematorios en su interior. 
Señaló que espera que la visita de los padres de familia de Ayotzonapa se lleve a cabo con acompañamiento de organizaciones civiles u organizaciones internacionales de derechos humanos, de manera que se dé certeza a las investigaciones que se llevan a cabo. 
Decidir por quienes irían acompañados es un asunto que compete a los padres de familia; ellos decidirán (si asisten) representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH), los peritos argentinos. 
En entrevista, Encinas señaló que el retraso en adoptar la decisión de abrir los cuarteles a la observación de los padres de familia de los normalistas desparecidos, generó desconfianza y deterioro la imagen de las fuerzas armadas.

Transparencia del Ejército 
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Fernando Yunes Márquez (PAN), saludó la decisión de la Sedena de abrir los cuarteles en Guerrero, a fin de que los familiares de los normalistas desparecidos en Iguala despejen sus dudas sobre la localización de los jóvenes. 
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, a su vez, dijo que esa decisión del alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, hace posible que haya cambios en cómo trabaja el Ejército. 
El movimiento de protestas por los normalistas desaparecidos exigió esta semana que se abran las instalaciones militares, a fin de llevar a cabo revisiones y dar respuesta a las interrogantes sobre si en esos lugares se pueden encontrar a los estudiantes. 
El panista Yunes Márquez dijo que la decisión del alto mando de las fuerzas armadas es valiente, y ello habla de transparencia y apertura por parte del Ejército con la sociedad civil. 
Afirmó que es una medida sensata y humana, para que los padres queden convencidos de que el Ejército y sus cuarteles no cometieron este tipo de desapariciones de personas y por dar con su paradero se llevan a cabo movilizaciones sociales. 
La decisión reporta que el Ejército no esconde, al contrario se abre a los ciudadanos, dijo el panista que preside la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Alta. 
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez señaló que por las circunstancias del caso es posible que haya cambios en la forma en que trabaja el ejército y el sigilo con el que se mueven (los militares). 
Estuvo de acuerdo en que no hay por qué no aceptar que los padres (de los estudiantes desaparecidos) encuentren todas las respuestas que han buscado, dijo De la Peña Gómez. 
Respecto de la reclasificación como grave que se ha dado a los hechos del caso Tlatlaya, la legisladora del PRD dijo que es una decisión acertada que tomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
Afirmó que, como ocurrió con el expediente de San Fernando, donde migrantes centroamericanos fueron asesinados, la reclasificación como delitos graves hace posible que al asunto se le retiren las reservas. 

Por Redacción AM

Escrito en León el 14/1/2015 · 00:00