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Tramó hispano ataque a clínica de California

Enrique Márquez, de 24 años, detalla al FBI su participación en el asalto al hospital de San Bernardino en el que 14 personas murieron abatidas el 2 d

Escrito en León el

Enrique Márquez, la persona que compró los rifles de asalto utilizados en la matanza de San Bernardino, fue acusado ayer formalmente de delitos de cooperación terrorista.

Márquez, de 24 años, es una pieza clave de la investigación para desentrañar cómo una pareja de musulmanes de clase media del sur de California llegaron a matar a 14 personas en nombre del Estado Islámico (EI).
El ahora detenido lleva más de una semana cooperando con el FBI en la investigación y ha aportado inquietantes detalles sobre atentados que planeaba con Syed Farook desde 2011.
Los cargos contra Márquez son por facilitar material a terroristas, mentir a la hora de comprar armas, mentir a las autoridades de inmigración para un matrimonio de conveniencia y planificar atentados hace tres años.
Se trata de la única persona imputada por el atentado cometido por Syed Farook, de 28 años, y su esposa Tashfeen Malik, de 29, el 2 de diciembre cuando dispararon contra una fiesta de Navidad de los compañeros de trabajo de él en San Bernardino. Después, fueron abatidos en un tiroteo con la Policía.
Relato   desaforado

A pesar de tener derecho a permanecer en silencio para no incriminarse, Márquez lleva desde el primer día contando a los investigadores todos los detalles de su relación con Farook, al que conoce desde la infancia porque eran vecinos en San Bernardino. Sus declaraciones han sido la principal fuente para reconstruir la historia de radicalización de la pareja.
Márquez, descrito por los que lo conocían como una persona con problemas mentales, se convirtió al islam y se casó con una hermana de la esposa de un hermano de Farook.
Márquez, que trabajaba de vigilante en un Walmart, hablaba de terrorismo con Farook desde 2011 y ambos habían planeado incluso un atentado con bombas en una autopista.
El plan era parar el tráfico con bombas y luego tirotear a los conductores atrapados en sus vehículos.
Según la fiscalía, Márquez dijo que su parte era disparar contra los coches de Policía que fueran llegando y las ambulancias.
Visiones   del   infierno

Según el relato de la fiscalía, Márquez compró los rifles AR-15 con los que Farook y su esposa perpetraron la matanza porque Farook pensaba que no pasaría el control de antecedentes si los compraba él mismo.
Márquez pensó que su “apariencia caucásica” era mejor que el aspecto árabe de Farook. Los compró en 2011 y 2012 pensando en el atentado de la autopista. Cada rifle le costó 750 dólares.
También le consiguió a su amigo parte del material explosivo con el que fabricó hasta 19 bombas encontradas en su garaje tras la matanza (dejaron otras tres, que fallaron, en el lugar de los hechos).
De su declaración, Márquez se mudó a Riverside en 2005. Conoció a Farook porque era el vecino de la casa de al lado. Farook le introdujo en el islam y se convirtió en 2007.
Después, Farook le acercó a visiones más radicales. Ambos hablaban de las doctrinas de Anuar el Aulaki (líder de al Qaeda en Yemen, de origen estadounidense igual que Farook y asesinado en un ataque aéreo en 2011) y de su desprecio por los musulmanes que participaban en el Ejército de EU.
Para 2011, Márquez pasaba la mayor parte de su tiempo en casa de Farook viendo y leyendo material islamista radical, incluida la publicación de al Qaeda Inspire Magazine y videos de la milicia al Shabaab.
Por aquel entonces, de acuerdo con el relato de la fiscalía, comenzaron a planear atentados.
Un plan era poner bombas caseras en la biblioteca de la universidad pública local de Riverside, en la que habían estudiado ambos.
Después, dispararían sobre los estudiantes cuando huyeran del edificio. El tercer plan que Márquez ha confesado era el de la autopista.

IMPACTO INMEDIATO

Enrique Márquez ingresó en un centro para enfermos mentales nada más conocerse el atentado de San Bernardino.

Tras casi dos semanas de
interrogatorios, ayer jueves quedó bajo arresto.

Los cargos contra el joven de 24 años comportan penas máximas que sumarían hasta 35 años de cárcel.

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