En los últimos cinco años, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha sancionado a ningún servidor público por negarse a entregar la información ordenada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
En este mismo periodo, según se establece en el Informe de Labores 2014, que hoy miércoles será entregado al Senado de la República, el INAI ha presentado 43 denuncias por el incumplimiento de sus resoluciones.
De ese total, 22 de ellas, casi la mitad, fueron presentadas el año pasado, y de éstas, 15 fueron enderezadas contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en ocho asuntos se negó a entregar información relacionada con la cancelación de créditos fiscales y en los siete restantes pasó por alto la instrucción de dar a conocer nombramientos en el área de aduanas.
También el año pasado se presentaron seis denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional, cinco de ellas por no dar los nombres de los permisionarios de portación de armas y uno por negarse a entregar un parte militar sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyo periodo de reserva está concluida.
La última denuncia presentada en 2014, fue contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se negó a entregar información relacionada de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
La no imposición de sanciones en ninguno de los casos anteriores, indica el INAI en su informe, se ha dado a pesar de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) establece de manera expresa que los incumplimiento a las resoluciones del INAI son causal de responsabilidad administrativa grave.
“Si bien la disposición normativa es clara en el sentido de que el solo incumplimiento a una resolución emitida por este órgano garante es motivo de una sanción administrativa grave, a la fecha de elaboración de este informe, la SFP, autoridad competente para fincar las responsabilidades administrativas, no ha informado al instituto que haya sancionado servidores públicos por el incumplimiento a las resoluciones dictadas por el IFAI”, resalta el documento.
El informe presentado, corresponde a cuatro meses de la gestión de los anteriores comisionados y los ocho restantes de los siete nuevos funcionarios que conforman el nuevo pleno, quienes asumieron su encargo tras la reforma constitucional que dotó al ahora INAI, antes IFAI, de autonomía plena.
En 2014, informa el documento, se presentaron 114 mil 727 solicitudes de información pública y 29 mil 191 de acceso y corrección de datos personales.
En el caso de las solicitudes de información, en el 4.9% de los casos los solicitantes de la información no estuvieron conformes con la respuesta otorgada y presentaron un recursos de revisión ante el propio INAI.

Exigen investigar desvíos de Moreno

La comida con que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, agasajó a panistas electos en la jornada electoral del 7 de junio fue cuestionada por las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados y avalada por la del PAN.
El lunes, en Casa Puebla, en horario laboral, Moreno Valle ofreció la comida con recursos públicos a los gobernadores electos de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y de Querétaro, Francisco Domínguez, así como al alcalde electo de San Miguel de Allende, Roberto Villarreal, hermano de Luis Alberto -quien también asistió- y al candidato a la presidencia nacional del PAN, Ricardo Anaya, entre otros.
“El Gobernador de Puebla tendrá que hacer las aclaraciones contundentes; tendrá que justificar -por lo pronto- que no utilizó recursos públicos para ellos, sobre todo por los horarios que al parecer se dieron en ese evento”, planteó el portavoz de la fracción del tricolor, Héctor Gutiérrez de la Garza.
“El Gobernador o sus comunicadores harán las aclaraciones conducentes, que sí son importantes, porque en esto la forma es fondo”, añadió.
Por separado, el coordinador de la fracción del PRD, Miguel Alonso Raya, consideró que la comilona auspiciada por Moreno Valle amerita ser denunciada y sancionada, por lo que urgió a la ASF a tomar cartas en el asunto.
“Eventos de esta naturaleza deben ser sancionados. ¿A quién le toca entrar en este asunto? Al órgano de fiscalización, (que ya tiene facultades) para entrar a revisar los recursos locales”, sostuvo Raya.
Para el legislador guanajuatense, la comida financiada con recursos públicos es un acto ilegal evidente que debe ser denunciado.

Por Reforma

Escrito en León el 17/6/2015 · 00:00