Prevén expropiación por parque industrial 'Santa Ana del Conde'

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Ejidatarios y pequeños propietarios que se niegan a vender terrenos para el parque industrial “Santa Ana del Conde”, que se localiza en la comunidad de Capellanía de Loera, han recibido amenazas de expropiación.

Los afectados señalan que sólo les han comprado predios “de palabra” a través de “coyotes” y de representantes de una empresa denominada Banco de Tierra S.A. de C.V. (Banterra), con domicilio en la calle 16 de Septiembre, en el Barrio Arriba de León.

Manifestaron que les ofrecen permutar terrenos o pagarles a 970 mil pesos la hectárea (10 mil metros cuadrados) o de lo contrario los desalojarán de cualquier forma.

“Nos quieren comprar con saliva, sólo de palabra, pues dicen que por firmar nos dan un adelanto de 20 mil pesos o una renta a cuenta y que dentro de cuatro años nos terminan de pagar; por eso muchos no queremos vender, nosotros compramos nuestras tierras con sacrificios y al contado”, señaló Rogelio Preciado.

El viernes pasado se presentó el subsecretario de Servicios a la Comunidad del Gobierno estatal, Arturo Navarro Navarro, con varios abogados para darles a conocer que tienen de plazo hasta el 23 de enero para vender o firmar carta compromiso de venta o de lo contrario comenzarían un proceso de expropiación.

El anuncio lo hizo ante un grupo de aproximadamente 25 propietarios de terrenos que están dentro del proyecto comercial.

Ese mismo día el Director de Desarrollo Económico Sustentable en Guanajuato, Héctor López Santillana, dio a conocer que se iniciarían los trámites para la autorización del uso de suelo y que ya están ofreciéndolos a empresarios interesados en instalarse en el parque industrial.

Los promotores ofrecen a los vecinos renuentes reubicarlos y construirles casas en El Resplandor o en la comunidad de Guadalupe Victoria.

“Estos terrenos son herencia de mi abuelo. Mi padre (de 80 años) es el dueño y aquí vivimos cinco hermanos en casas diferentes”, comentó Rodrigo Sánchez Morales, quien vive en un predio de siete hectáreas.

“Nos prometen construir nuevas casas pero nos amenazan que si no firmamos antes del lunes nos expropiarían los terrenos y nos pagará el precio que quiera el Gobierno”, denunció.

Su papá, don Hilarión Sánchez, de 85 años y quien cuidaba un hato de vacas, dijo determinante: “Nos pagan bien o no nos salimos; estamos cansados de que abusen de los pobres y que sólo intermediarios y gente del Gobierno gane dinero fácil”.

Añadió que los promotores les han dicho que les darán un pequeño adelanto de 20 mil pesos si firman y que terminarán de pagarles en cinco años.

“Quieren hacer negocio sin dinero. Nunca nos han dicho ‘aquí está el dinero’. Quieren pagar a plazos y a muchos de los ejidatarios que ya vendieron les están pagando una renta de 16 mil pesos, pero los traen con engaños para no liquidarles los predios”, apuntó Manuel Montes Fonseca.

El polígono donde se localizará el parque industrial está en Capellanía de Loera-Rancho Bajo-Guadalupe Victoria. Por ahí pasan ductos de gas natural de Pemex, así como líneas de alta tensión de la CFE.

Al norte pasa la autopista León-Aguascalientes que colinda con la autopista León-Salamanca y al oriente con la carretera León-Santa Ana del Conde-Romita.

Pero algunos ejidatarios y pequeños propietarios ya han vendido, según se aseguró, como es el caso de Roberto Villegas Abúndiz, quien tiene un predio de 30 hectáreas, una granja porcina y un centro recreativo denominado “Los Pinos Vallarta”, y a quien le pagaron 970 mil pesos por hectárea.

A otros agricultores que también se vieron afectados por las obras de la carretera Salamanca-León les pagaron a 200 pesos el metro cuadrado (2 millones de pesos por hectárea), según dijeron, por lo que quieren que les paguen a ese precio.

Denuncian presiones para vender

Ejidatarios acusan a una promotora de nombre Josefina Nicasio de hostigarlos y amenazarlos si no venden.

“Nos viene a decir que seremos desalojados con la fuerza pública porque no podemos oponernos a un proyecto del Gobierno. Sólo queremos que nos paguen lo justo, pues tenemos viviendo aquí toda la vida”, dijo Juana María Elizondo, vecina del lugar.

Los terrenos se localizan en un predio que denominan Rancho Bajo, que se localiza a sólo 500 metros de la autopista Salamanca-León, que ya tiene un importante avance.

Don Crescencio Rivera Navarro, de 84 años de edad y quien cuida un hato de vacas lecheras, muestra su preocupación.

“Ya nos amenazaron con quitarnos nuestras tierras a la fuerza si no les vendemos. Lo único que pido es que me den dos hectáreas por cada una que me van a quitar, pues en total son cuatro, pues además me ofrecen reubicarme en la comunidad El Resplandor”, comentó.

Manuel Nájera manifestó que hace unas semanas también los amenazaron con cerrarles caminos vecinales como medio de presión y para comenzar a instalar bardas perimetrales, pero lo impidieron.

Reconocen autoridades falta pagar afectaciones

El secretario de Desarrollo Económico del Estado, Héctor López Santillana, manifestó que el proyecto del parque industrial Santa Ana del Conde está a cargo de la empresa Banterra, S.A. de C.V., que lleva a cabo la adquisición de terrenos bajo un esquema de pagar sólo una renta en tanto no se tenga el uso de suelo.

También reconoció que uno de los socios de dicha empresa es José Francisco Gallardo Márquez, quien era dueño de terrenos en el bulevar Morelos junto con Jesús Aguilar Portugal, director general.

Ambos demandaron al Municipio la indemnización de 90 mil metros cuadrados.

“Son dos cosas distintas. En el caso del bulevar Morelos eran propietarios y en el caso del parque industrial son los propietarios de Banterra, la empresa que está adquiriendo los terrenos”, señaló el funcionario.

Sobre las quejas que han presentado pequeños propietarios y ejidatarios de las comunidades Rancho Bajo y Capellanía de Loera, en el sentido de que sólo les han estado pagando rentas y no se les ha liquidado, precisó que Banterra trabaja bajo ese esquema.

El pasado fin de semana López Santillana afirmó que se había hecho el compromiso por parte del Municipio para entregar la siguiente semana el permiso de uso de suelo.

Sin embargo Óscar Pons González, director de Desarrollo Urbano, lo negó.

En total son alrededor de 480 hectáreas las que comprenden el terreno, mismo por el deberán obtener un permiso para cambiar el predio de agrícola a industrial.



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