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"El cansancio nos da más rabia para seguir"

Padres de los jóvenes exigen que se investigue a las Fuerzas Armadas por su presunta participación en los hechos del 26 de septiembre en Iguala y dar

Escrito en León el

Para ellos no hubo Nochebuena. La lluvia enmarcó su protesta frente a la Residencia Oficial de Los Pinos el miércoles 24.
La demanda es la misma que hace tres meses: la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa que aún están desaparecidos.
Sin embargo se gestó una nueva exigencia: que se investigue la presunta participación del Ejército y de la Policía Federal (PF) en el ataque del 26 de septiembre a los estudiantes en Iguala, Guerrero.
En su edición 1989, Proceso publicó “la historia no oficial” de aquellos hechos.
Los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher documentaron que la PF participó activamente en la agresión a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y contó con la complicidad de los militares.
El reportaje mostró que, contra la versión del Gobierno federal, éste sí conoció los hechos en tiempo real mediante los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y confirmó que fueron torturados al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la Policía de ese municipio.
Padres, madres y hermanos de los desaparecidos, con su representante legal, refrendan que no le creen al Gobierno y siguen exigiendo justicia.
En entrevista durante su protesta sobre la calzada Chivatito, cerca de Los Pinos, lugar al cual les impidieron llegar policías federales, Felipe de la Cruz, Omar García, Vidulfo Rosales Sierra y la madre de familia Metodia consideran que el Ejército tiene responsabilidad directa en la desaparición de los jóvenes.
“Nosotros les exigimos en varias ocasiones, en las mesas de diálogo, que se tenía que abrir una investigación a los militares, a la PF y a la Policía Municipal. Únicamente se han enfocado a la Municipal, aunque los militares participaron y también tienen que ser castigados”, indica De la Cruz, vocero de los familiares afectados.
“Desde el primer momento no hemos creído al Gobierno federal, a cada rato salen con sus mentiras. Tenemos claro que su intención es cerrar el caso, que éste quede en el olvido como muchos que han cometido, pero definitivamente no vamos a descansar. Lo que nos informan lo escuchamos, pero no les creemos”, agrega.
Padre de uno de los jóvenes desaparecidos, De la Cruz destaca que el principal castigo debe ser para los militares que sacaron a los jóvenes de la clínica donde los atendieron tras la balacera.
El Ejército, añade, ha demostrado su complicidad en este crimen al simular la búsqueda de los 42 desaparecidos, ya que uno de ellos, Alexander Mora, fue identificado mediante pruebas de ADN a principios de diciembre.
“A tres meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa -prosigue De la Cruz-, el Gobierno federal no ha dado una respuesta, ni siquiera una pista para darnos la tranquilidad o saber si ya vamos a llegar a donde tengan a los muchachos. Cada día nos queda más claro que la complicidad existe. Dijimos en varias ocasiones que no íbamos a descansar y no lo vamos a hacer. La Navidad para nosotros no existe hoy”.
El vocero de los familiares exigió al Gobierno que entreguen vivos a los jóvenes, porque el Estado tiene responsabilidad directa en su desaparición:
“Quienes cometieron este crimen fueron policías, fue el Ejército. No tenemos duda, hay testimonios de los muchachos -compañeros de los desaparecidos- de que los militares también participaron”, indica.
Y el diálogo con el Gobierno federal no está roto, aclara, sino que está suspendido:
“Ellos -los funcionarios federales- piensan que el cansancio nos va a derrotar, pero se equivocan porque el cansancio nos da más rabia y más energía para seguir”, dijo.
Cuando se le pregunta si lo siguiente es exigir que se amplíe la investigación sobre la participación del Ejército y la PF, De la Cruz responde: “Sí. Me sorprendió que nuevamente hayan traído al Presidente de Cocula a declarar, porque la primera vez lo dejaron ir. En una de las mesas de diálogo cuestionamos por qué lo habían liberado, si porque era del PRI no lo iban a investigar… Exigimos que se le abriera una investigación también”.
-¿No se han preguntado por qué participaron las fuerzas federales?
-No encontramos el motivo (para desaparecerlos) porque no había ninguna manifestación, ningún desorden. Los muchachos venían de regreso y el perseguirlos, bloquearles la salida y asesinarlos de esa manera, hasta ahora no entendemos a esa mente diabólica que preparó todo esto.
Nuevas líneasde investigación

La investigación publicada por Proceso en sus ediciones 1989 y 1990 acerca del caso Ayotzinapa reveló que el Gobierno de Peña Nieto encubre a agentes del Estado, principalmente del Ejército y de la PF. De la Cruz considera que “está quedando al descubierto, poco a poco, toda la estrategia maquinada por el Estado para llevar a cabo este crimen a través de las fuerzas federales, municipales y el Ejército. Es una exigencia, una necesidad y una urgencia que se investigue al Ejército. Hay testimonio de los jóvenes de que participaron”.
A su vez Vidulfo Rosales, asesor jurídico de la Normal Rural de Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resalta que en estos días buscarán una ampliación de las investigaciones de la denuncia interpuesta desde el 27 de septiembre en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR para que se indague al Ejército y a la PF por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes:
Recuerda que desde los hechos conocen de la responsabilidad del Ejército y de la PF en el crimen, pero ahora están recabando las pruebas para exigir que se les investigue:
“Siempre hemos pedido abrir líneas adicionales de investigación, entre ellas las que involucran a políticos como Héctor Vicario Castrejón, a los hermanos de Joan Sebastian -el cantante-, al ex gobernador Ángel Aguirre, al ex Procurador, al ex Secretario de Seguridad Pública, al Ejército y a la PF. No es privativo solamente del Ejército. Pero sí hay estas responsabilidades que se tienen que deslindar en la investigación”.
Y si el Gobierno federal sigue ignorando a los padres de los normalistas desaparecidos, dice Rosales, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita una recomendación al Estado mexicano.
El Ejército, ‘experto’
en desapariciones

Omar García, sobreviviente del ataque del 26 de septiembre en Iguala, corrobora la participación de militares y policías federales, pero considera “obvio” que el Gobierno no la admitirá:
“Sabemos que con el tiempo, como siempre sucede, la verdad sale a flote. Las investigaciones han demostrado que participaron las fuerzas federales. Nosotros seguimos plantados en la idea de que fue así, que el Estado mexicano tiene las manos bien metidas ahí. La investigación que hizo Proceso lo demuestra”.
El hecho de que las autoridades monitorearan los autobuses donde viajaban los normalistas desde su salida de la Normal de Ayotzinapa demuestra, a su juicio, un ataque planeado:
“Estamos exigiendo que se abra una línea de investigación contra el Ejército desde hace mucho tiempo, pero no lo han hecho. No lo van a hacer tan fácil, eso lo sabemos. Necesitamos agudizar la movilización, tocar más puertas, juntar más gente”.
-¿Qué opinas de la postura del Gobierno?
-¿Quién les cree? No somos tontos. Somos de Ayotzinapa, conocemos las mañas del Gobierno desde hace mucho tiempo. Hemos visto en otros casos cómo los burlan y hemos aprendido de los errores de otros, de los aciertos de otros. Si algo tenemos es precisamente conocimiento dentro del movimiento social, dentro de las contiendas sociales. ¡Cómo nos van a engañar!
Destaca que el movimiento se ha mantenido en la legalidad al exigir justicia para los normalistas desaparecidos y sus familias, pero señala:
“Hay un límite” porque, ante la indiferencia oficial, “va a llegar el momento de que convoquemos a algo más. Creemos que tenemos la autoridad moral para hacerlo porque no representamos un proyecto político. Nosotros no planeamos el 26 de septiembre, alguien más lo planeó”.
Las ganas de ser estudiante

Junto con otro grupo de madres de estudiantes, la señora Metodia exigió al presidente Peña Nieto que le entregara vivo a su hijo.
Lo cuenta y le gana el llanto al recordar que han pasado tres meses de su desaparición.
“Exigimos que nos los entreguen y también exigimos justicia”, dice, y para ello es necesario que “le saquen la verdad” al ex gobernador Ángel Aguirre, al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y a su esposa. A esta última las autoridades federales la consideran autora intelectual del crimen.
“Ellos y los policías son culpables, porque ellos se llevaron a los muchachos y no sabemos de su vida. No nos quieren dar la respuesta, pero sabemos que nuestros hijos están vivos, que el Ejército los tiene. El Ejército es responsable en esto, ellos los tienen, también participaron cuando a los muchachos se los llevaron. Los muchachos no eran delincuentes, se querían defender, pero ellos, al contrario, los tenían sujetos en el carro de los policías y los aventaban como si fueran animales”, acusa.

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