La Comisión Permanente exhortó a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de la Contraloría del estado de Querétaro, investigar y, en su caso, consignar y sancionar al presidente municipal, Enrique Vega Carriles, y al secretario de administración, Noé Miguel Marín Noruega, ambos del municipio de El Marqués y de extracción panista, por la probable comisión de diversos ilícitos.
Al posicionar el punto de acuerdo aprobado, la diputada priísta Cristina González Cruz señaló que a principios del año se dio a conocer que Marín Noriega aplicaba sanciones de manera indebida a aquellos que se negaban a pagar determinadas cantidades de dinero a cambio de contratos con el ayuntamiento.
Por lo anterior, la legisladora indicó que las autoridades del ayuntamiento se vieron obligadas a separar de manera inmediata al funcionario sorprendido en flagrancia cometiendo actos de corrupción, sin embargo esto no es la solución completa al problema.
"Resulta insuficiente si no viene acompañado con acciones legales contundentes que establezcan responsabilidades administrativas y penales, pero, sobre todo, contribuyan a aclarar los alcances de las complicidades existentes entre los funcionarios del referido municipio queretano", afirmó.
Cristina González anotó que de actuar en este sentido, el PAN demostraría un grado importante de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, "ya que no es posible que se abandere la creación de un sistema de anticorrupción, mientras alegremente cobra sobornos en el ámbito municipal, sin que de ello se deriven consecuencias".
De ahí que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), considere de importante el combate al fenómeno de la corrupción en "todos los niveles de gobierno", toda vez que ningún funcionario público debe estar exento del cumplimiento de la ley, sea del nivel o función pública que fuere.
En contraparte, el senador panista Daniel Ávila apuntó que en su partido la congruencia es un elemento fundamental, razón por la cual el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó formalmente el proceso de expulsión Miguel Noriega Paredes, debido a presuntos actos de corrupción.
"Consideramos imperante el sumar esfuerzos, más allá de colores partidistas, con la finalidad de erradicar aquellos males que vulneran el estado de derecho y atentan en contra de la sociedad mexicana, en donde las acciones y principios que dan sustento al principio de la legalidad sean una tarea y obligación a efecto, por parte de todo los colores y partidos políticos, de salvaguardar los valores democráticos que sustenta nuestra nación mexicana", anotó.