Ahogado el niño, ahora quieren tapar la crisis de los casinos con un instituto.
Tras los escándalos de corrupción e irregularidades en el otorgamiento de permisos por parte de la Dirección General de Juegos y Sorteos, el Gobierno federal pretende crear un nuevo organismo que controle los trámites de las casas de juego.
El Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, como pretende denominarle la Secretaría de Gobernación, se encargará de otorgar permisos, vigilar el cumplimiento de la ley y diseñar las políticas públicas en la materia, facultades que, en los hechos, tenía la Dirección.
Contará con un consejo consultivo integrado, entre otros, por el titular de Gobernación, cinco secretarios de Estado más, dos especialistas de los ámbitos empresarial, educativo o de investigación y un representante de la sociedad civil.
El Gobierno federal busca disponer de un registro público que contenga información de permisos y sanciones relacionados con los casinos, según se asienta en una iniciativa de ley adelantada ya a diputados federales.
En materia de permisos, se propone certificar a todos los operadores de centros de apuestas y que cada autorización ampare a sólo un establecimiento.
Además, se restablecerán las multas, las cuales, pese a que aún no se habla de montos, se plantea que sean elevadas.
La iniciativa de ley que presentará el Gobierno busca señalar con claridad los derechos y obligaciones de los permisionarios.
Se basará en tres principios rectores como el juego responsable encaminado a las políticas públicas que combinan acciones preventivas de control y de sanción para los juegos con apuesta y sorteos.
El otro principio será el interés en la salud. Pero además, el Gobierno federal busca el compromiso de la máxima transparencia, es decir, que la autoridad, los permisionarios y los operadores estén obligados a hacer pública toda la información relacionada con sus actividades.
Dicha propuesta será presentada formalmente ante el Congreso la próxima semana.
No es la primera vez que se pretende regular los centros de apuestas.
En 2013, el presidente Enrique Peña modificó por decreto el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para establecer un mayor control sobre los casinos.
Entre los escándalos de corrupción en casas de apuestas destaca el que involucró los pagos a Jonás Larrazabal, hermano del ex alcalde panista de Monterrey, Fernando Larrazabal.
En su defensa, el hermano del panista argumentó que el dinero que recibía era por la venta de quesos y otros productos regionales de Oaxaca.
Las acusaciones de sobornos en contra de Jonás surgieron días después del incendio del Casino Royale en el que murieron 52 personas, en agosto de 2011.

El primer permiso de Peña

La Segob dio una nueva licencia a la trasnacional del juego Sabia Corporation.

El permiso da a la empresa la posibilidad de instalar, abrir y operar un centro de apuestas remotas con sala de sorteo de números hasta por 10 años en León, Guanajuato.
Este es el primer permiso que la dependencia da por la vía administrativa en lo que va del sexenio, es decir, sin antecedentes de tipo judicial.
Ello demuestra que el Gobierno federal no está cerrado a la posibilidad de conceder nuevas licencias y ampliar la industria del juego, con base en las reglas que se aprobaron a finales de 2012.
El 10 de septiembre de 2013, la Segob concedió a Sabia Corporation su primer permiso, pero derivado de una resolución de un tribunal colegiado en materia administrativa.
En esa ocasión, la empresa obtuvo autorización para operar hasta 10 centros de apuestas remotas durante un año.
Sabia Corporation, cuyo apoderado es Gustavo Barclay Larrabure, se publicita como uno de los principales proveedores de máquinas tragamonedas y equipos de juegos en vivo para clientes en Sudamérica, Estados Unidos y Europa.
El nuevo permiso, con número DGJS/DGAJ/DEV/P-01/2014, está fechado el 16 de enero de 2014, y fue firmado por la directora de Juegos y Sorteos de la Segob, Marcela González./A.Reforma

Por Redacción AM

Escrito en León el 3/3/2014 · 00:00