Líderes del sector de la construcción de León pidieron al alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, denunciar que fue víctima de extorsión por parte de diputados federales para otorgar a la empresa Urichape, S.C., una comisión del 20% por la gestión de 160 millones de pesos de recursos federales.
Aseguraron que hasta la fecha no se han presentado en León supuestos “moches”.
No obstante, el recién caso exhibido por el Presidente Municipal de Celaya pone en duda la confianza de los constructores en cuanto a la asignación de recursos para obras.
”Si fuera cierto lo que se maneja en los medios de que los legisladores están recibiendo ese porcentaje, pues no tendríamos confianza nosotros como ingenieros civiles”, dijo Samuel Soto Ávila, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de León.
“Aquí en el municipio de León, tenemos la plena confianza y la seguridad de que no se está llevando a cabo esa práctica”, manifestó.
Reiteró que el caso del Gobierno de Celaya se tendrá que investigar para saber si realmente sólo se trata de juegos entre partidos políticos.
“El Alcalde de Celaya tendrá que denunciar para que se investigue a fondo”, solicitó.
Jaime Gallardo Saavedra, presidente del Colegio de Arquitectos de León, aseguró que el “moche” o “diezmo” es una práctica que se ha llevado a cabo desde hace muchos años. Sin embargo,  hasta hace unos meses se ha denunciado en distintos medios de comunicación. 
“Ahora con esta denuncia del alcalde de Celaya, la sociedad le exige que dé nombres, que denuncie”, reclamó.
Hizo un llamado para que se investigue y que las autoridades actúen de manera correcta y totalmente responsable ante una situación de este tipo.
“No se vale que las obras se inflen a costillas de lo que da el ciudadano, aquí gracias a los convenios y esfuerzo que hacemos al participar en los consejos municipales, podemos estar cerca a los procesos de licitación de las obras”, señaló.
Juego político
Alfonso Ortega Ortiz de Montellano, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), mencionó que es una situación que tienen que resolver las instancias correspondientes.
Sin embargo, dejó claro que siempre los procesos de licitación tienen que ser legales, para que el sector de la construcción no se vea afectado.
“Cuando tengan datos certeros que se abra la investigación, nosotros siempre vamos a estar con la mejor disposición para que se detecte quiénes son los que participan en este tipo de prácticas”, manifestó.
Aunque señaló que desde su punto de vista este asunto no es nada más que un juego político que manejan entre partidos políticos y para “tratar de ensuciarse entre ellos”.

Por Redacción AM

Escrito en León el 16/1/2014 · 00:00