La incertidumbre nubla el ya turbulento escenario político brasileño cuando un juez emitió una orden de suspensión del nombramiento de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo jefe de gabinete de Dilma Rousseff.

Los detractores de Rousseff la acusan de haber orquestado una maniobra que tiene el propósito de evitar una posible detención de Lula da Silva, quien menos de dos semanas atrás fue arrestado y conducido para que declarara en una investigación por corrupción.

Sólo la Corte Suprema brasileña puede autorizar que un miembro del gabinete, como es ahora Lula da Silva, responda a acusaciones en un proceso penal.

Rousseff ha dicho que el nombramiento de Lula da Silva no tiene nada que ver con los problemas legales que afronta el otrora popular ex mandatario y dijo que él la ayudará a encarrilar la economía del País y será punta de lanza de la lucha para evitar un juicio político en su contra por irregularidades en el manejo de fondos fiscales.

El juicio político, no obstante, dio un paso más cuando la Cámara de Representantes brasileña dio vía libre para la creación de una comisión especial que adelantará el proceso.

La rabia que generó el nombramiento de Lula dio lugar a masivas protestas en Sao Paulo y la capital Brasilia, donde unos tres millones de manifestantes, con muñecos inflables del ex mandatario, vestido como presidiario, bloquearon las calles principales. Para hoy se programó una manifestación a favor de Lula.

Rousseff pasó a la ofensiva en la ceremonia de juramentación al tildar a quienes quieren su renuncia de “golpistas” y acusar al juez Sergio Moro, que dirige la investigación de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, de violar la constitución y actuar en favor de la oposición.