Luego que AM diera a conocer la denuncia de constructores ante la Procuraduría de Justicia del Estado por moches en la Dirección de Obra Pública, otro afectado relató la presión de ex funcionarios por el cobro de cada contrato asignado.
El empresario, uno de los constructores más importantes del trienio pasado y quien omitió su nombre por seguridad, aseguró que al menos 10 personas de la administración de Bárbara Botello Santibáñez se repartían el porcentaje cobrado a los beneficiados con proyectos. 
“En Obra Pública se asignaron puestos con este fin, José Martínez puso a Karina, luego Pesquera asignó a (Horacio) Salmón. También los del Verde asignaron gente; (Misael) Mexicano (ex subdirector de Obra) fue de los que lastimó mucho al gremio, hasta a los que decía que eran sus amigos”, comentó.
“Aquí no distinguieron entre amigos y enemigos, la pasada administración nos trató igual a todos”, añadió el empresario.
El afectado narró que una vez asignada la obra, bajo las condiciones en que fuera concursada, el ex director de Evaluación Económica, Horacio Salmón, llegó a visitarlo a sus empresas para cobrarle el 10%.
“Llegaron a marcarme para decirme que me enviaría el cobrador a domicilio, parecía una extorsión. Cómo es posible que nos quiten el dinero de nuestra utilidad; es nuestro trabajo, no es un dinero que nos sobre, es parte de la utilidad”, expresó.
Una vez que se entregaba el anticipo para iniciar la obra al constructor, el moche era entregado en efectivo al funcionario en turno.
“Una vez que se entregaba el 30% del dinero para el arranque de la obra se tenía que pagar el moche, de lo contrario no había trabajo”, comentó el constructor.

Simulaban licitaciones

El empresario aseguró que hubo obras en las que ex funcionarios de Obra Pública convocaban a concurso de licitación, sin embargo ya se tenía destinado el recurso de obra a la constructora.
“Había construcciones que ya estaban destinadas desde la aprobación del recurso, e incluso las bases de licitación estaban amañadas en cuanto a pedir equipo y maquinaria que ellos (funcionarios) ya sabían qué empresa las tenían, por eso era imposible competir”.
El constructor dijo que durante la administración priísta, sin excepción, todos los constructores que adquirieron obra tuvieron que pagar a ex funcionarios desde el 10 hasta 15%.
El empresario afectado comparó el moche con el crimen organizado, recordando el cobro de “uso de piso” que éstos exigen a los comerciantes, pues dijo que ellos viven lo mismo al tener que pagar para poder trabajar.

Reprueba CMIC anomalías

El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, reprobó la pasada administración priísta por la manera de asignar obra pública a los empresarios.
“El seis es aprobatorio, yo diría que la Administración no acreditó (menos de cinco de calificación), me atrevo a establecer una evaluación de este tipo porque la percepción es no un acreditamiento; no hagas cosas buenas que parezcan malas, todo esto que si los moches, la corrupción nos obliga a pensar que algo se hizo mal”, dijo.
Ayer am publicó que la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) recibió denuncias por extorsión de funcionarios de la anterior administración a constructores.
En sus testimonios los denunciantes manifiestan que la petición era hecha por Misael Mexicano, quien a su vez les decía que el cobro lo solicitaba también el ex tesorero municipal, Roberto Pesquera Vargas.
Era del 10 al 15% del costo total de una obra asignada lo que supuestamente le pedían al constructor.
Ramos exhortó a los empresarios a que denuncien, pero cuando sean sobornados por funcionarios municipales y no después de que hayan dado el “moche”.
“Les diría acérquense a denunciar, el impacto puede ser muy fuerte en el corto plazo para ellos al no obtener obra, pero el problema grande que se genera es que si todos piensan igual, resuelven un problema a corto plazo, pero surge un problema mayor que después es difícil que se detenga porque es como una podredumbre de manzanas”, manifestó.
El líder constructor dijo que hasta ayer desconocía el nombre del empresario que denunció la extorsión de funcionarios de la pasada administración.
Además, aclaró que él no ha recibido denuncias de los socios de la cámara por esta problemática.
“He escuchado rumores, no solamente en la Cámara de la Construcción, en el sentido de que hay corrupción, pero no hay elementos o información contundentes”, añadió.
Pero aclaró que sí ha recibido quejas en procesos administrativos para la asignación de obra, que él consideró como trámites burocráticos innecesarios.
“Cuando una dependencia te pide un documento de color azul marino o azul clarito y que pongas ahí la información, si viene especificado en las bases y no se hace tiene el derecho de descalificarte, son situaciones que no se cumplen las formas”, consideró.
“Pretendemos que esto se acabe, que los documentos que se entreguen abonen a la propuesta, que den un valor agregado a la propuesta; es muy triste que a alguien que no presentó el documento en color azul bajito lo descalifiquen si tiene una mejor propuesta”, explicó.
El presidente de la CMIC manifestó que para evitar extorsiones en la contratación de obra pública es necesario que se modifique la ley e insistir en la ética de los funcionarios y de los empresarios.
En cuanto a la modificación a la normativa, informó que la Cámara ha solicitado un procedimiento de asignación directa, que garantizó “no abriría la puerta” a la corrupción si es bien aplicado.
“El director de Obra Pública dice ‘si yo tengo mi procedimiento de asignación directa’ pero no lo muestra, necesitamos que sea uno solo”.
“La ley faculta al funcionario, pero le dice tienes que hacer un análisis de tu asignación, este procedimiento no le va a permitir que asigne varias obras a la misma empresa, si es un proceso bien hecho incluyen factores como antigüedad, pertenencia a una institución formal, especialidad, una evaluación de las obras anteriores y el monto de la obra que trae en proceso”, explicó.
El monto de inversión en obra pública en 2014 fue de 12 mil millones de pesos en el estado, al complementar con la obra federal es superior a 30 mil millones de pesos, de acuerdo al constructor “hay obra para todos”.

Por Luz Elena Escobar

Escrito en León el 7/11/2015 · 00:00