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Alerta la CIDH por Estado de derecho

Casos en que fuerzas de seguridad participan en violaciones a garantías "son alarmantes", señala el organismo en su informe

Escrito en León el

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en su informe anual sobre los numerosos casos en que fuerzas de seguridad y agentes estatales del hemisferio participan en violaciones de derechos humanos.
Así es como ocurrió, señaló, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Es particularmente grave que las personas a quienes la población encomienda la tarea de salvaguardar sus derechos, su integridad física y su vida terminen siendo las que acosen, arresten, detengan y maten de manera injustificada.
“El asesinato y la desaparición de estudiantes en Iguala, Guerrero, México, entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre de 2014, es un claro ejemplo de estas situaciones”, refirió el organismo.
El reporte indica que desde 2011, después de una visita de trabajo a México, la CIDH hizo hincapié en que el Estado mexicano enfrenta importantes desafíos relacionados con el aumento del poder de las organizaciones del crimen organizado, observando que estos grupos tienen armas de alto poder destructivo y tendrían influencia en algunos ámbitos a nivel local y federal.
En esa ocasión, señaló la CIDH, se indicó al Gobierno mexicano que muchos actos delictivos perpetrados por estas organizaciones habrían contado con la participación de elementos corruptos pertenecientes a la Policía y órganos del Estado, lo que les habría facilitado la comisión de graves violaciones de los derechos humanos con total impunidad.
“Esta situación supone un deterioro manifiesto del Estado de derecho. En vista de ello, la CIDH firmó un acuerdo con el Estado mexicano y los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que le permitió designar un Grupo Interdisciplinario que proporciona asistencia técnica al Gobierno de México”, detalló.
Según la CIDH, fuerzas de seguridad estatales y privadas, así como funcionarios estatales en el continente estuvieron presuntamente implicados en casos de desapariciones forzadas, de hostigamiento y represión de defensores de derechos humanos, de hostigamiento y la represión de manifestantes y en actividades de narcotráfico.

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