Carlos M. Urzúa*

Salvando a Pemex, a costa de los estados

En México, a pesar de que los gobiernos estatales tienen muy pocas facultades tributarias comparadas con las del gobierno federal y las de los gobiernos municipales. Los estados prefieren estirar la mano y recibir del gobierno federal sus participaciones y aportaciones correspondientes.
lunes, 6 de noviembre de 2023 · 06:00

Todos los mexicanos aprendimos en la escuela primaria que nuestro país es una república federal. No es una república centralista (o unitaria, como a algunos les gusta decir). Aun cuando en todo el mundo el número de países que son centralistas es mayor que el de los federalistas, también es cierto que a medida que una nación tiene una extensión territorial más y más grande, y que, por tanto, la heterogeneidad de su población crece de manera acorde, la probabilidad de que esa nación sea federalista se incrementa muy rápidamente. Lo anterior puede ejemplificarse con el caso del continente americano, pues los cinco países con mayor territorio son federalistas: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. 

Desde el punto de vista fiscal, un país federalista es más complicado de gobernar que uno centralista. Para empezar, debe haber una distribución de facultades impositivas que puede ser motivo de disputa, como hace algunas décadas lo ilustraron tanto Canadá como Brasil. Esto no ha sido el caso en México, a pesar de que los gobiernos estatales tienen muy pocas facultades tributarias comparadas con las del gobierno federal y las de los gobiernos municipales. 

Los estados prefieren estirar la mano y recibir del gobierno federal sus participaciones y aportaciones correspondientes, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. El gobierno federal se encarga de cobrar, entre otros, el impuesto al valor agregado, una contribución que por su naturaleza debe ser federal, y el impuesto sobre la renta de las personas y de las empresas, una contribución que, en otros países, como Estados Unidos, puede ser tanto federal como estatal. 

Tras recaudar esas contribuciones, y otras especiales (como el impuesto a la gasolina), el gobierno federal determina cuánto del pastel se debe ir a los estados y a los municipios. A este monto se le conoce como la Recaudación Federal Participable (RFP). Esta se alimenta también de una contribución que paga esencialmente sólo Petróleos Mexicanos: el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC). ¿Por qué es así? Porque esa empresa extrae y vende un recurso no renovable, el petróleo, que no es de ella sino de la nación. 

A inicios de este sexenio el porcentaje del DUC que Pemex transfería al llamado Fondo Mexicano del Petróleo era del orden de 65%. Este porcentaje se ha ido reduciendo hasta llegar a 40 % en este año. Y en el 2024 será ya tan solo 30 %, como acaba de aprobarse por el Congreso de la Unión.     

¿Por qué se dio en seis años esa gran reducción del 65% al 30%? Porque Pemex, financieramente hablando, está quebrado: sus pasivos son ya mayores a sus activos. Así que el gobierno se ha visto obligado a lanzarle salvavidas año tras año. 

Ahora bien, esa reducción del DUC para el 2024 ocasionará que la RFP disminuya, lo cual debilitará las finanzas de los gobiernos locales. ¿De cuánto será esta vez el sacrificio? El CIEP, una asociación civil de primera línea, ya ha sacado las cuentas: la RFP se verá disminuida en cuarenta y un mil millones de pesos. Otro costoso salvavidas que recibe Pemex pagado por las partes integrantes de la Federación. 

Por fortuna vivimos en una república federal donde los legisladores velan por los intereses de sus estados, porque si no… 

*Investigador emérito del SNI



Gsz

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