Los amparos
Ante la falta de diálogo con el Gobierno del Estado que permitiera definir y garantizar lo que podría ser el nuevo modelo que sustituiría al Fidesseg, la semana pasada, las fundaciones ciudadanas y los consejos empresariales presentaron ante juzgados de distrito varias demandas de amparo.
Finalmente, y ante la falta de diálogo con el Gobierno del Estado que permitiera definir y garantizar lo que podría ser el nuevo modelo que sustituiría al Fidesseg, la semana pasada, las fundaciones ciudadanas y los consejos empresariales presentaron ante juzgados de distrito varias demandas de amparo indirecto, buscando la protección de la justicia contra la extinción del Fidesseg ordenada por la Gobernadora de Guanajuato.
De dichas demandas, ya se empezaron a emitir no solo acuerdos de admisión, sino que incluso ya se están concediendo suspensiones provisionales, para efectos de que “no se extinga el fideicomiso, ni sean enterados los recursos económicos remanentes a la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato, ni se destinen a la implementación y demás propósitos”. Es decir, que por lo pronto los jueces están solicitando que las cosas se queden como están y no se toquen hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.
La mencionada iniciativa marca un precedente importante y, yo diría, muy triste a la vez, en donde un grupo de ciudadanos que representan al sector filantrópico y productivo de la sociedad guanajuatense se tiene que defender de los abusos y atropellos de sus gobernantes, otrora aliados en el desarrollo y crecimiento de Guanajuato.
Los juicios interpuestos centran la mayoría de sus argumentos en algo que hemos venido diciendo desde el principio: la violación unilateral al acuerdo establecido entre dos instituciones: el Gobierno del Estado y las organizaciones empresariales de la entidad. El incumplir con el acuerdo transgrede, entre otros, el artículo 25 de nuestra carta magna, pues impide al sector privado guanajuatense concurrir con responsabilidad social al desarrollo estatal para lograr una más justa distribución del ingreso y la riqueza, logrando con esto el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos.
Los asesores legales de las fundaciones y de los empresarios plantean acertadamente sus argumentos al incorporar otros hechos que robustecen la tesis de la violación de un acuerdo institucional que parecía solo verbal, pues descubren elementos que de manera inobjetable concluyen que no fue solo un acuerdo de palabra, sino que hubo documentos públicos y terceros involucrados que confirman que todo fue un acuerdo oficial.
Uno de esos terceros involucrados es precisamente el Congreso del Estado, pues ciertamente todo empezó con un Gobernador y un sector productivo de la entidad, pero al final todo fue convalidado por el Poder Legislativo al haber traducido y plasmado esos acuerdos en leyes.
Por un lado, en la Ley de Hacienda del Estado se etiquetaron los recursos del excedente del Impuesto Sobre Nóminas para canalizarlos al Fidesseg, y en la Ley del Presupuesto de Egresos se establecieron los montos de las transferencias que debería recibir el fideicomiso cada año, todo aprobado por los diputados. ¿Qué pensarán quienes aseguran que el Fidesseg, desde el principio, estuvo “mal cabildeado” y que no habían quedado “definiciones formales en la ley”?
Además, en el decreto de extinción emitido por la Gobernadora del Estado, en la exposición de motivos, lejos de expresar precisamente cuáles fueron las razones para desaparecer al Fidesseg, por el contrario, se describen una serie de justificaciones para no ¡desaparecerlo! Es decir que el Gobierno, de manera incongruente, motiva la extinción del fideicomiso basado en las bondades que este ofrecía, y no en la serie de descalificativos que emitió, como la presunta falta de transparencia, de eficiencia y de mal uso de recursos.
Esperemos que las demandas de amparo prosperen, pues parece el mundo al revés, en el que un grupo de ciudadanos se ve agredido en sus derechos de coadyuvar al Estado para lograr el desarrollo de nuestra sociedad, y tenga que solicitar la protección de los tribunales para poder seguir apoyando a la población vulnerable de su comunidad.
LALC
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