¿Y la grandeza…?
- El PIB de Guanajuato registró un crecimiento de apenas 1.8 % en 2023 - León, Irapuato y Celaya , con bajos niveles de competitividad urbana - El líder Verde, Sergio Contreras, el cabildero de las reformas de Libia
Se atora Guanajuato
El bajo crecimiento económico en 2023, la situación de pobreza laboral, los altos índices de violencia y los bajos niveles de competitividad en las ciudades del corredor industrial, colocan a Guanajuato en una situación crítica.
No se trata de ser negativos y que cunda el pesimismo, el hecho concreto está claro en los indicadores públicos y más vale estar preocupados y ocupados. Las autoridades (todas), los empresarios, universidades, organizaciones de la sociedad civil, y los ciudadanos de a pie, deben despabilarse.
El 6 de diciembre el INEGI presentó los resultados anuales preliminares del Producto Interno Bruto por entidad federativa correspondientes al 2023. El PIB de Guanajuato registró una variación de apenas un 1.8 %, lugar 23 a nivel nacional.
La caída de la economía estatal no viene solamente de la pandemia, ya en 2018 el crecimiento fue apenas del 0.5 % y en el 2019 hubo una disminución de -1.9 %. Hay muchas señales del fin de una etapa basada en atracción de inversiones y las complicaciones de una economía fuertemente ligada a la actividad automotriz.
El PIB refleja la actividad productiva total de un país o entidad federativa. En Guanajuato las actividades primarias (agricultura, pesca, ganadería) disminuyeron 2.5 %, las secundarias (producción de bienes a partir de materias primas) aumentaron 0.3 % y las terciarias (comercio y servicios) incrementaron 2.9 %.
En las primarias la caída estatal (-2.5 %) fue mayor a la nacional de -1.5 %. En las secundarias el crecimiento mínimo (0-3 %) estuvo por debajo del nacional de 3.4 %. Y en las terciarias, donde mejor nos ubicamos en el lugar 16 con 2.9% de crecimiento, también estuvimos por debajo del promedio nacional de 3.4 %.
Casi el 30 % de nuestra economía está ligada a la industria manufacturera que apenas creció en 1.2 %. En tanto que hay sectores claves de la economía local con un pésimo desempeño, como son el de la construcción (-4.2 %) y agricultura (-4 %).
La Secretaría de Economía del Estado que comanda Cristina Villaseñor responde que Guanajuato es una de las cinco economías más importantes de México, esto porque representa el 4.4 % del PIB nacional. Y que en los últimos 20 años Guanajuato ha crecido un 59.5 %, superando el promedio nacional del 40.1 %.
Esos datos también son irrefutables, lo cierto es que no estamos en buen momento y algo hay que hacer pronto. La dependencia apunta a explorar nuevos sectores de mayor contenido tecnológico como: data centers, dispositivos médicos, aeroespacial, a la par de conservar y agregar valor a los sectores tradicionales. Algo de eso escuchamos ya en el anterior sexenio estatal.
Cuando se habla de crecimiento económico incluye a todo el gabinete de la Gobernadora. Juan Mauro González (Seguridad), Rosario Corona (Nuevo Comienzo), Luis Ignacio Sánchez (Educación), Guadalupe Robles (Turismo), Marisol Suárez (Campo), Juan Pablo Pérez (Obra Pública), etcétera.
Competitividad, en el hoyo
El 26 de noviembre el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) presentó el Índice de Competitividad Urbana 2024 y, lamentablemente los datos no sorprenden, como ha sido en las mediciones anteriores las ciudades de Guanajuato están mal.
En ciudades de más de un millón de habitantes se midieron 20 y León se ubicó en la posición 15, en un nivel de baja competitividad. En las de 500 mil a un millón de habitantes entre 18 ciudades Irapuato está en lugar 14, en el rango media baja; mientras que Celaya fue la última, en nivel bajo. En los de menos de 250 mil habitantes se evaluaron 8 y el último es la zona de Moroleón-Uriangato.
La medición que realizan a 66 regiones es muy completa. Son 35 indicadores agrupados en 6 subíndices (Derecho, Sociedad y Medio Ambiente, Infraestructura, Mercado de Trabajo, Sistema Político y Gobiernos e Innovación y Economía).
Además de la percepción de inseguridad y tasa de homicidios, hay otros indicadores de los que hay que tomar nota, por ejemplo el de León y Celaya como las ciudades peor evaluadas en el rubro de jornadas laborales de más de 48 horas. Pero también otros en cobertura educativa, problemática ambiental, salarios, y otros.
Sobre el reporte la gobernadora Libia García Muñoz Ledo no ha dicho nada directamente. A través de una ficha la Coordinación General de Comunicación Social apuntó que “los resultados evidencian tendencias positivas y por supuesto áreas de oportunidad”, y que seguirán implementando políticas públicas enfocadas en el progreso económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
Eso sí, destacaron que Guanajuato es líder nacional en solicitudes de patentes.
En León e Irapuato, las alcaldesas reelectas Alejandra Gutiérrez y Lorena Alfaro prefieren ver el vaso medio lleno. En Celaya el morenista Juan Miguel Ramírez no dice nada. Y en Moroleón y Uriangato ni enterados estaban del reporte.
La competitividad urbana, entendida como la capacidad de una ciudad para atraer talento e inversión, no es un asunto que competa a un solo nivel de gobierno, mucho menos a una dependencia, y tampoco es solamente de las autoridades.
Lo que sí se espera es que sean la gobernadora Libia García y su gabinete, y los alcaldes y alcaldesas de estos municipios, los que cierren filas en un proyecto que conduzca a ser más competitivos.
Sergio Contreras, operador de Libia
En el Congreso del Estado está sucediendo algo muy curioso: la gobernadora Libia Dennisse García no le está encargando a Jorge Espadas Galván, coordinador de la fracción de diputados panistas, la presentación de iniciativas o solicitudes de auditorías de varios temas espinosos que requieren atención.
Sino que lo ha estado haciendo nada más y nada menos que a alguien de la “oposición” y de los grupos minoritarios: con Sergio Contreras Guerrero, coordinador de la fracción del PVEM que forman él y su compañera Luz Itzel Mendo González.
Los temas que han sido los “encargos especiales” son: presentación de la modificación a la reforma federal para pasar la Guardia Nacional a ser parte de la Sedena, las solicitudes de auditorías a los extintos Fidesseg y a Fondos Guanajuato, y la más reciente, la iniciativa de reforma constitucional para reducir de nueve a siete años la duración del mandato del Fiscal General del Estado y que el gobernador o gobernadora en turno puedan removerlo libremente si comete alguna conducta ilícita grave.
Todos estos han sido públicos tanto en las sesiones del pleno como en las conferencias de prensa de la Junta de Gobierno y Coordinación política, de la que ambos son miembros. Vea.
El primer asunto fue cuando, el 24 de octubre, durante la sesión del pleno, se iba a rechazar la reforma federal enviada por el Senado, para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El dictamen que había aprobado, por unanimidad, dos días antes la Comisión de Gobernación, presidida por el panista Juan Carlos Romero Hicks, había sido en contra. En el pleno también se aprobó en lo general.
Pero, de último momento, Sergio Contreras presentó una reserva para cambiar el sentido del dictamen y aceptar la incorporación, y así se aprobó por la mayoría, incluidos a 13 diputados del PAN, entre ellos el coordinador Jorge Espadas, con excepción de los panistas Romero Hicks, Rolando Alcántar Rojas y Jared González Márquez.
La maniobra, que implicó atropellar normas del Congreso y “doblar” a la mayoría de los diputados panistas, no se entendería si no hubiera sido ordenada desde más arriba: desde Palacio de Gobierno.
El segundo y tercer encargo fueron la presentación de las solicitudes para que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) audite a los extintos Fondos Guanajuato y Fidesseg, que fueron orden expresa de la gobernadora.
Estas solicitudes fueron dadas a conocer por el propio Sergio Contreras en conferencias de prensa posteriores a las sesiones privadas de la Junta de Gobierno del Congreso. Y avaladas por los demás coordinadores parlamentarios sin chistar, y su aprobación pasó como cuchillo en mantequilla en sus respectivas sesiones del pleno.
Fiscal acotado
El caso más reciente fue la iniciativa de reforma al artículo 95 de la Constitución del Estado para reducir de nueve a siete años el periodo del Fiscal General del Estado, y que el gobernador o gobernadora en turno lo pueda remover libremente si cometió una falta grave.
También fue el propio Sergio Contreras quien la promovió entre sus otros seis compañeros del PAN, PRI, MC, PT y PRD, en la sesión de la Junta de Gobierno del martes. Todos estuvieron de acuerdo, sin mucho problema, solo algunos plantearon leves modificaciones.
Pero como debe de ser aprobada a más tardar el 18 de diciembre, el mismo día de la presentación de la iniciativa, saliendo de la Junta, los asesores de todos los partidos se reunieron para hacer observaciones, análisis, modificaciones y por la noche ya tenían la iniciativa final que fue presentada ante el pleno el jueves.
Esas prisas y procedimientos “al vapor” para aprobar alguna reforma legal ocurren en el Congreso del Estado solo cuando son prioridades de la gobernadora y de los panistas.
'Se abarata' la negociación
Pero estos encargos hechos al coordinador del PVEM no se debe a que Libia Dennise García desconfíe de Jorge Espadas o que se haya distanciado de él, por supuesto que no, porque ella lo designó coordinador de la bancada azul.
Sino obedece a otras razones más pragmáticas: la primera, Libia Dennise y Sergio Contreras son muy amigos, desde hace años, quizá desde que ambos coincidieron en la Legislatura que corrió de 2012 a 2015, ella como asesora de los diputados del PAN y él como diputado local.
Pero la razón más importante, en el caso específico de la reforma al nombramiento y remoción del Fiscal General, es porque a Jorge Espadas se le hubiera enredado la negociación con las otras seis fracciones y diputada individual dado que le pedirían “algo” a cambio.
La reforma a la Constitución Política del Estado requiere dos terceras partes de los diputados, es decir 24 de 36 diputados.
El PAN tiene 16, más otro de la diputada del PRD, que siempre vota con ellos, son 17, por lo que le faltarían otros 7, que tendría que reunir de varios grupos, ya fueran todos de Morena, o si estos no aceptaran, que suele ocurrir, tendrían que ser los 3 del PRI, dos del PVEM y 2 de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, o de varias combinaciones posibles. Así que repartir favores a varios grupos sería más complicado.
Pero al solicitarlo Sergio Contreras, coordinador de una minoría, que representa la cuarta fuerza del Poder Legislativo, “se abarató” la negociación y no le costó nada ni al PAN ni a Libia Dennise, es decir, les salió prácticamente regalada.
La reforma saldrá, sin problemas, por unanimidad la semana próxima o a más tardar el 18 de diciembre, justo a tiempo para que se aplique al próximo Fiscal General del Estado que ocupará el cargo de Carlos Zamarripa a partir de enero o febrero.
A cambio de sus buenos oficios con la gobernadora, en lo que hasta ahora se sabe este partido ha sido recompensado colocando a Vanessa Sánchez Cordero en la Procuraduría de los Derechos Humanos como agente investigadora de la Subprocuraduría A, es decir, la de León.
Ella ha sido una militante del PVEM desde hace años, leal con su partido y con los dirigentes y diputados en turno, que le han tocado varios. Ha sido asesora en varias Legislaturas y diputada local en la 2018-2021. También ha representado a su partido ante el Consejo General del IEEG en varios procesos electorales.
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