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Carlos Arce Macías

Nuestro Comité ciudadano frente a la corrupción y el gobierno

Las tres candidatas expresan su “absoluta” convicción por combatir la corrupción durante su gestión, “caiga quien caiga”, reiterando su completo compromiso con la promoción de la honestidad en el gobierno que encabecen. Lo dicen con tal pasión y certidumbre que casi logran convencernos.

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Nuestro Comité ciudadano frente a la corrupción y el gobierno

Pongan ojo en los debates para ocupar el puesto de gobernadora de Guanajuato. Las tres candidatas expresan su “absoluta” convicción por combatir la corrupción durante su gestión, “caiga quien caiga”, reiterando su completo compromiso con la promoción de la honestidad en el gobierno que encabecen. Lo dicen con tal pasión y certidumbre que casi logran convencernos.

Un dato: sobre Libia García pesa de manera diferente esta manifestación de voluntad. Con la expedición en 2016 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Guanajuato se concentró en el diseño de su sistema, el cual concretó con la creación de su propia ley en 2017. La presidenta de la comisión legislativa a cargo de esta delicada labor fue la diputada Libia García. Con orgullo, puede autodescribirse como la progenitora del sistema estatal anticorrupción de Guanajuato. 

Pero los cuidados para que un proyecto de tan profundo calado se enraíce en el gobierno y sociedad guanajuatense, no terminan con la publicación, se necesita convencimiento y apoyo de los gobernantes, así como acompañamiento político para forzar la aplicación de las nuevas disposiciones en todo el ámbito legislado. Y es esta condición la que parece estar naufragando en Guanajuato. El Comité de Participación Ciudadana está trabajando a un ritmo acelerado, sin embargo no ha contado con el apoyo, cierto e indubitable, del Ejecutivo estatal. 

El equipo ciudadano encargado de la anticorrupción terminó desde hace meses la construcción de la primera parte de la Plataforma Digital Estatal (PDE), que acopia las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, los procesos de contratación, las sanciones, las acciones de fiscalización, las denuncias y los contratos gubernamentales. Se trata de una información imprescindible para combatir actos de corrupción. Hasta ahora el gobierno del estado se ha negado a interconectarse con dicha plataforma. No desea que la ciudadanía tenga acceso a sus declaraciones patrimoniales. Apuestan por una vergonzosa opacidad.

Ante el avance que se ha conseguido, el Poder Ejecutivo, que envía la propuesta de presupuesto y los diputados que la aprueban, han mantenido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, con tan solo los recursos necesarios para sostener su pequeña burocracia. La última solicitud de ampliación fue de 5 millones de pesos para diversos proyectos, y esta fue rechazada. La estrategia es dejarlos sin oxígeno, para mantenerlos en la inacción, mientras gastan 3,600 millones de pesos en tarjetas rosas. ¿Qué no tendría mayor impacto contra la pobreza una política anticorrupción agresiva, que evite moches y sobreprecios en contrataciones públicas?

Algo más, el Comité de Participación Ciudadana ha impulsado la presentación de una nueva iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas, que incluya un sistema de evaluación de proveedores y que evite la enorme corrupción que se ha dado en este espacio de la administración pública estatal. Sin embargo, el trámite legislativo va lento y parece ser que no hay interés en que la ley esté lista pronto. Curioso que no corra prisa, cuando es uno de los hoyos negros de todos los gobiernos. Obviamente muchos políticos verán mermadas sus ganancias, allí puede estarse generando la resistencia.

Por lo pronto, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato se encuentra desaparecida en alguna galaxia remota. Son de escándalo los negocios que se concretan y proyectan entre burócratas y empresarios. La economía de compadres disfruta de un auge inusitado en tierras abajeñas. Muchos ciudadanos conocen con puntualidad los proyectos emblemáticos en donde el interés privado se confunde con el de altos servidores públicos. El único que parece no estar enterado es el secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Rumbo a la elección del 2 de junio, se requiere un compromiso explícito de las candidatas a gobernadoras con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. No creo que Alma Alcaraz y Yulma Rocha tengan alguna objeción para tener una reunión con dicho Comité y comprometerse públicamente con la agenda que se proponga. Libia deberá materializar su voluntad de “un nuevo comienzo”, empezando por hacerse cargo de su criatura, ofreciéndoles apoyo político del más alto nivel, interconectar al gobierno con la plataforma digital, así como recursos substanciosos para luchar contra el peor cáncer gubernamental: la corrupción. Ojalá lo hagan.

 

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