Resultaría insensato, por decir lo menos, revivir de nuevo antiguas disputas revolucionarias junto con el debate del Constituyente de 1917, sobre la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se canceló la elección por sufragio establecida en la antigua Constitución de 1857. Pero el presidente de la República, ante su insistencia nos obliga a revivirlas.

El brillante diputado Francisco Zarco opinó respecto de la propuesta para elegir ministros mediante el voto ciudadano, insertada en el texto constitucional de 1857:

“No hay que temer que, aprobado el artículo, la Corte sea invadida por leguleyos y charlatanes y queden excluidos los jurisconsultos. No, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y honrados, entre los hombres íntegros, que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y fama inmaculada. No hay que desconfiar tanto del pueblo”. 

Sin embargo, pareciera que las cosas no tomaron el cauce soñado por Zarco. Así, el 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero proclamaba el Plan de San Luis y le corregía la plana al liberal reformista, expresando en su histórica proclama: “Tanto el Poder Legislativo como el Judicial, están completamente supeditados al Ejecutivo; la división de Poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los Ayuntamientos y los derechos del ciudadano, solo existen escritos en nuestra Carta Magna… La justicia en vez de impartir su protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces en vez de ser representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente”. Madero exponía, 66 años después, las nefastas consecuencias de habernos permitido un régimen autoritario sin división de Poderes. Ahí mismo planteaba el camino: La Revolución.

Por eso se explica que el abogado de confianza de Venustiano Carranza, el silaoense José Natividad Macías, eliminara en la propuesta carrancista que se discutiría en el Constituyente del ‘17 y que estaba a su cargo, el sistema de elección popular hasta entonces vigente. Seguramente también respaldó su decisión la opinión de otro destacado abogado de la época: Emilio Rabasa:

“La teoría la reprueba, porque la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representen la voluntad de las mayorías, y los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni seguir voluntad ajena ni propia”. De esta manera el insigne jurisconsulto desechaba al  sufragio como mecanismo para nombrar ministros. Obvio, el objetivo virtuoso es nominar a los más preparados jurisconsultos.

Y no paraban ahí las objeciones al sistema comicial para elegir titulares de la Corte. Otro influyente diputado, Félix F. Palavicini expresó en su obra “Historia de la Constitución de 1917”, lo siguiente:

“Todos sabemos que la elección de magistrados a la Suprema Corte de Justicia hecha por el pueblo desde la Baja California hasta Quintana Roo es absurda. Aparte de que los magistrados no debieran pertenecer a partido político alguno, para no crear otros intereses ni tener más compromisos que el interés de la justicia y la obligación de aplicarla rectamente, no pueden ser electos por toda la nación. Los magistrados siempre han sido el resultado de una elección fraudulenta, de un menjurje electoral confeccionado por el Ejecutivo en la Secretaría de Gobernación”.

Conociendo estas interesantes alocuciones, descubrimos algo muy importante: La medicina que intenta recetarle al pueblo de México nuestro presidente, es la misma que resultó tan conveniente para el dictador Porfirio Díaz. ¿Se habían dado cuenta? ¿De qué lado quedan? Se les descubre rápido; aspiran a moldear una Suprema Corte servil, neoporfirista, que es la que tratan de fraguar para nuestro país en pleno siglo XXI. Ojalá que la palabra del presidente mártir, Francisco I. Madero, inspire a los senadores que hoy defienden palmo a palmo al Poder Judicial Federal y con ello la separación de Poderes. Si no, la historia se repetirá.

Nota: Las citas fueron tomadas del libro El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de la Nación en el Congreso Constituyente de 1916-1917 del Dr. Francisco Ramos Quiroz y del Plan de San Luis de Francisco I. Madero.

RAA