Seguridad, culpas
-La 4T y Guanajuato no pelearon, pero tampoco se vio la coordinación -Libia intentará un nuevo comienzo en nombres, estrategia y relaciones -Alcalde electo de Celaya asiste a Informe de a quien le ganó la elección
Sexenio sin alianzas
Los sexenios de las administraciones federales y estatales terminaron y, en la lucha contra la inseguridad y la violencia, como en otros tantos temas, la coordinación fue ‘por encimita’.
Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se van como empezaron, sin pelear abiertamente, pero tampoco con la colaboración que un reto de tal magnitud ameritaba. Incluso un par de veces el Presidente de México visitó la sede de la región militar en Irapuato para encabezar reuniones del gabinete de seguridad.
Nos dirán que enviaron miles y miles de agentes de la Sedena y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en zonas conflictivas, y que construyen más y más cuarteles. La relación entre los mandos federales y estatales es cordial y de trabajo. Sin sobresaltos.
AMLO y Diego igual presumen que la tendencia de víctimas de homicidios dolosos va a la baja. Y hay cifras para dar una visión optimista, sobre todo comparando frente al peor año, que fue 2020. Lo cierto es que México y Guanajuato tendrán el sexenio más sangriento de la historia moderna y la sensación de que el crimen y la impunidad tienen el control.
De despedida a la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, se le ocurrió, por instrucciones obviamente de su jefe el Presidente de la República, presentar en la mañanera del pasado martes un diagnóstico de la situación económica, social y de seguridad de Guanajuato, que les permitiera, dicen, identificar los municipios con mayor problemática de violencia y aplicar una Estrategia Especial para la Construcción de Paz.
Y así inicia: “El estudio permitió conocer que la entidad ha sido gobernada 33 años con un modelo económico neoliberal, instaurado por la derecha, y ha tenido las mismas autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución del delito en más de una década. Como consecuencia, se generó desigualdad, aumento de delitos y consumo de drogas”. Y acusa a gobernadores que estrecharon sus alianzas con El Yunque.
Después enlista una serie de datos de la situación económica, del entorno social y de la problemática de la seguridad agravada en los últimos años en la entidad, que ya sabemos.
Y, como fue todo el sexenio desde la mañanera, apunta en el origen de la inseguridad la permanencia del fiscal Carlos Zamarripa con 15 años en la procuración de justicia; y de Alvar Cabeza de Vaca, con 12 años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Habla de una encuesta focalizada en fábricas del corredor industrial Celaya-León que revela el alto consumo de sustancias psicoactivas, para soportar largas jornadas laborales, dicen.
Los resultados del sondeo aplicado en mayo 2024 por dependencias federales nadie más los conoce. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco no se aplica desde 2016, lo que sí permitiría tener la película completa de Guanajuato y el país.
“No existe una política pública de atención a la población trabajadora en la región, por parte del Gobierno estatal”, cita en un párrafo. Si se refiere a una política de prevención y tratamiento contra las adicciones, efectivamente estamos lejos de una respuesta adecuada y suficiente tanto de la autoridad estatal como también del Gobierno de la República.
Y concluye el “estudio” hablando de los resultados de la “Estrategia Especial para la Construcción de Paz en Guanajuato” que dicen se implementó en diciembre de 2022 por instrucciones presidenciales. Esto incluye la visita a los hogares de 71 colonias prioritarias de seis municipios: Salamanca, Irapuato, León, San Francisco y Apaseo el Grande.
Apuntan que se identificaron necesidades en seguridad, educación, salud, consumo problemático de sustancias, alimentación y empleo. Y que las acciones implementadas impactaron en disminuir el homicidio y el reclutamiento de jóvenes por el crimen.
Respecto a esta estrategia federal dos años después nos vamos enterando de las acciones. Sería bueno conocer quién está al frente, los resultados y los pendientes ¿Quién explica?
Y, si en verdad quieren informar, pues que nos digan los resultados en el combate a los delitos federales como: delincuencia organizada, huachicol, tráfico de armas, narcotráfico.
El nuevo comienzo en la seguridad
El gobernador Diego Sinhue ya mejor ni respondió a la 4T, ya para qué, si ya se va. Los últimos días ha encabezado eventos para despedir con elogios al Fiscal y al Secretario de Seguridad.
Ya sabemos que la autocrítica tampoco es la característica de las autoridades estatales quienes no se cansan de repetir que tenemos la mejor Fiscalía y Policía Estatal ¿Y luego?
La gobernadora electa, Libia García, además del relevo de funcionarios en seguridad y justicia, ha sido clara que el “nuevo comienzo” también significa otra estrategia y otra actitud. Dice reconoce que hay mucho que se tiene que cambiar y que lo va a hacer. Y, además, que insistirá en tender todos los puentes con la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Voy a ser una Gobernadora que construya porque represento a Guanajuato, y claro que voy a trabajar con la presidenta y su gobierno, vamos a trabajar de la mano. He encontrado esa voluntad política para sentarnos a construir en los principales retos que tiene Guanajuato”, expresó Libia en un encuentro con autoridades electas de los 46 municipios.
Lo primero que Libia le dijo a Claudia en el encuentro que tuvo la Presidenta con gobernadores de la región, fue: “Guanajuato es tu casa, te esperamos pronto ahí porque estamos listos para trabajar en equipo por el proyecto de México y Guanajuato”. Ya veremos si le toman la palabra y los buenos deseos se traducen en hechos. Ojalá.
Iglesia acusa abandono
La jerarquía católica de México lanzó un duro y directo llamado a los tres niveles de gobierno para no abandonar su responsabilidad de gobernar, principalmente frente al flagelo de la inseguridad y la violencia que azota varias regiones del país, una de ellas Guanajuato.
“Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Guerrero y tantos otros estados claman no ser abandonados. La barbarie recorre sus municipios en un desamparo total hacia quienes han sido expulsados de sus tierras, de sus sueños, de sus familias, de su vida misma”, cita un párrafo de la postura publicada el pasado 1 de septiembre.
La carta es firmada por el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López; el obispo de Cuernavaca y secretario de la CEM, Ramón Castro Castro; el prepósito provincial de la Compañía de Jesús en México, Luis Gerardo Moro Madrid; el presidente de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM), José Luis Loyola Abogado; y la secretaria ejecutiva de la Dimensión Episcopal para Laicos, Denisse Aranda Escobar.
De entrada les recuerdan a los ganadores del 2 de junio que lo importante no es tener la mayoría en las urnas, sino dar voz a las minorías políticas, sociales, religiosas, culturales, aun y cuando se tiene una mayoría que podría, equivocadamente, invitar a no dialogar.
“Gobernar es no abandonar. Gobernar es no renunciar a la responsabilidad de garantizar el bienestar y la seguridad de cada persona en el territorio nacional”, enfatizan.
Y retoman el proyecto del Diálogo Nacional por la Paz, movimiento que compiló miles de voces de personas e instituciones con foros celebrados en todo el país, a partir del cual elaboraron lo que llamaron la Agencia Nacional por la Paz. Los tres candidatos a la Presidencia de la República, es decir la presidenta electa Claudia Sheinbaum, firmaron.
A nivel local Libia firmó también el documento de compromisos por la paz. Se dijo que iniciaba un proceso de diálogo para aterrizar las propuestas. Llegó la hora de actuar.
Celaya, triste despedida
El último informe de gobierno de Javier Mendoza Márquez representó la despedida de casi 30 años panistas en Celaya a poco más de un mes de ceder el gobierno a Morena.
En medio de un ambiente de incertidumbre y zozobra por la crisis de inseguridad que vive la ciudad, Javier Mendoza rindió su último informe en un evento marcado por notables ausencias como la del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y varios líderes empresariales.
Un cuarteto de cuerdas amenizó la entrada de los asistentes, tocando melodías como A mi manera y El triste, mientras era imposible no recordar a los músicos del Titanic mientras el barco se hundía.
Durante más de una hora, el Alcalde celayense buscó resaltar algunas de las acciones de su trienio pero se limitó a hablar de seguridad donde reconoció que faltó mucho por hacer.
Un elemento de la Guardia Nacional se quedó en bambalinas resguardando a Mendoza Márquez mientras los policías municipales llevan más de dos semanas sin salir a patrullar por la revisión de armas que sigue realizando la Sedena.
Más allá de triplicar el número de cámaras de videovigilancia y realizar inversiones históricas en infraestructura, la gran deuda de Javier Mendoza fue mejorar la crítica situación de inseguridad en la que viven los celayenses y que se vio reflejada en las urnas en junio.
Sin embargo, hay otros aspectos que no mejoraron con respecto a sus antecesores como una mejor planeación en obra pública para evitar que varias calles estén abiertas de forma simultánea, eficientar la recolección de basura y limpieza de la ciudad y consolidar el sistema integral de transporte público para mejorar el servicio a los usuarios.
Todo ello fueron parte de las causas que le terminaron costando la derrota a Javier Mendoza quien tendrá que ceder la administración a un partido opositor por segunda vez en la historia luego de que en 1991 entregó el gobierno al PAN.
Lo único rescatable en los últimos meses ha sido la civilidad política para llevar a cabo la transición.
A pesar de la hegemonía panista de las últimas tres décadas en Celaya, por primera vez en las últimas transiciones de gobiernos celayenses, el Alcalde electo estuvo presente en el último informe de su predecesor.
Juan Miguel Ramírez asistió al informe llevándose los reflectores desde su aparición en el Teatro de la Ciudad hasta su salida del recinto y dejando un mensaje de que a su llegada este tipo eventos van a cambiar para hacerlos más austeros y cercanos a la gente.
¿Aquí la ley no es la ley?
Los panistas a nivel nacional criticaron hasta el cansancio cuando, hace un par de años, Andrés Manuel López Obrador externó su famosa frase de: “A mí no me vengan con que la ley es la ley”, con lo cual verbalizó lo que ha sido una de las marcas principales de su gobierno: el desprecio por la ley.
Incluso los panistas guanajuatenses, sobre todo los diputados, cada vez que pueden, lo han criticado por eso. Pero esos mismos diputados panistas locales han incurrido en lo que tanto critican: el desprecio por la ley. Aquí un ejemplo. Pero hay más.
El 27 de junio, la mayoría panista, con su aliado el PRI, aprobaron el nombramiento de Elvia Oralia del Pilar Durán Isais, para mayores referencias la esposa del fiscal Carlos Zamarripa, como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, en lo que fue una clara concesión por el despido anticipado del Fiscal General del Estado.
Pero aquí el detalle importante fue que no cumplía con el requisito legal de tener por lo menos cinco años de experiencia laboral en Derecho Administrativo. Por eso, para tratar de justificar su nula experiencia administrativa, dos días antes, durante la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso, la diputada panista Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la misma, leyó un amplio texto para tratar de justificar dicha falta.
Se Inventó una supuesta experiencia administrativa que no existe, en la que llegó al grado inaudito de decir que el Ministerio Público es similar a una instancia administrativa porque atiende asuntos administrativos, cuando su naturaleza es totalmente distinta. Incumpliendo la Ley de Justicia Administrativa, a los diputados panistas y priistas no les importó y la nombraron.
RAA
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