Alatriste, el más feliz

Después de casi 16 años, la procuración de justicia en Guanajuato estrena titular y todo apunta al nombre del bajacaliforniano Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal en Guanajuato de la Fiscalía General de la República desde septiembre de 2023.

Tras definirse la terna finalista del proceso no hay que ser adivino para predecir que la decisión se inclina por el funcionario federal frente a los otros dos perfiles del terruño: Zucé Hernández, actual fiscal provisional e Israel Aguado Silva, fiscal de la región B con sede en Irapuato, ambos de larga carrera en la hoy Fiscalía estatal.

Aunque Zucé fue propuesta por María del Pilar Gómez, diputada que llegó por las siglas del PRD pero es militante panista, mientras que Israel por la bancada panista, el favorito es el propuesto por tres partidos que suman seis diputados PRI-Verde-PT (salta a la vista la buena relación del coordinador panista Jorge Espadas con sus homólogos del Verde y del PRI, Sergio Contreras y Alejandro Arias).

Jorge Espadas (PAN) y Rodrigo González (MC), el voto que falta.

El argumento es uno: el discurso de la hoy gobernadora Libia García Muñoz Ledo, desde su primer día de campaña en el que anunció que no continuarían ni el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, ni el fiscal Carlos Zamarripa (quien tenía un nombramiento del Congreso hasta febrero de 2028), ha sido el del “nuevo comienzo”, ese fue y es un slogan de campaña y de gobierno.

Su descarte no tiene relación con la trayectoria y los méritos que seguramente puedan tener Zucé e Israel, e incluso si logran una buena presentación el martes en la comparecencia ante diputados, el detalle es que Libia prometió “un nuevo comienzo” y nombrar un subalterno del anterior fiscal no sería un buen mensaje.

Seguramente ambos mostrarán todas sus cartas de que lo que parece una desventaja es precisamente su principal ventaja: el conocer las entrañas de la antes procuraduría hoy fiscalía, lo que hay que continuar, lo que hay que modificar y lo que haya que innovar. Será bueno escuchar su diagnóstico y su visión.

Sin embargo, la apuesta de Libia es tomar distancia de la era Zamarripa, y ahí aparece el nombre de Gerardo Vázquez, hombre de la fiscalía de Alejandro Gertz Manero y con una larga trayectoria en la procuración de justicia federal.

La legislación marca que el nombramiento requiere de las dos terceras partes de los diputados presentes, si están los 36 bastará con 24 votos. Sería suficiente con los 16 del PAN, uno del PRD (que es del PAN), los tres del PRI, dos Verde y uno PT. Falta uno más para convencer y quedan los dos de Movimiento Ciudadano: Rodrigo González y Sandra Pedroza. No les harán falta los 11 votos de los morenistas.

Eso sí, un voto es un voto y el coordinador panista Jorge Espadas tendrá que convencer a los naranjas cuyo coordinador, Rodrigo, ya dijo no “son matraqueros”.

No reunir los 24 votos significa que el nombramiento recaiga en la gobernadora Libia, y, aunque el resultado termine siendo el mismo en nombre y apellido, será un ridículo mayúsculo para el PAN y para todo el Congreso no cumplir con su chamba.

Luces y sombras

Gerardo no es un perfil cercano a la Gobernadora, vale decirlo, pero le tienen confianza. Le reconocen que logró una buena coordinación con autoridades estatales y se han logrado algunos golpes importantes contra la delincuencia.

Tampoco hay que pasar por alto que se empujó una reforma legal precisamente para quitar el ‘candado’ para un fiscal que no fuera oriundo de Guanajuato.

A diferencia de otros funcionarios federales renuentes a entrevistas, Gerardo dijo en una entrevista con AM en noviembre donde destacó resultados al frente de la FGR: que iban ese año 12 sentencias condenatorias por delincuencia organizada, la recuperación de mercancía robada en diversos cateos, así como el combate al robo de autotransporte federal en la carretera León- Lagos de Moreno.

En el currículum de Gerardo destaca su paso como fiscal especial para el “Caso Posadas Ocampo”, adscrito a la Coordinación General de Investigación, de la Procuraduría General de la República. También participó en la integración y conducción de las carpetas de investigación contra capos del Cártel de Tijuana.

Antes de llegar a Guanajuato estuvo casi cinco años como fiscal en Hidalgo, también en Puebla, Jalisco y Sonora. Así que en zonas calientes está curtido.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para Alatriste, tan pronto apareció entre los aspirantes la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato convocó a una conferencia de prensa para rechazarlo como una opción. Fue el abogado Roberto Saucedo quien dijo que lo denunció por dar “carpetazo” a una investigación.

Se trata de la carpeta de investigación que involucra al secretario de Salud del Gobierno del Estado, Gabriel Cortés Alcalá, por la presunta entrega de contratos a empresas fantasma cuando fue director del Hospital Regional del Issste de León.

A este señalamiento el hoy candidato finalista a fiscal no dio respuesta, pero tendrá que hacerlo seguramente en la comparecencia del martes ante diputados y/o ante los medios. ¿Qué pasó con esta denuncia? misma que fue realizada por Martha Karina Rodríguez Lizola, actual directora del Hospital Regional de León, luego de la entrega- recepción que se realizó el 15 de octubre del 2024.
Por último, y lo más importante, lo que los ciudadanos quieren escuchar de los candidatos es cómo tendremos una fiscalía que esté de lado de las víctimas de todos los delitos: homicidios, desapariciones, extorsiones, robos de todo tipo, etc.

El Índice de Impunidad General del fuero común 2023, según el informe “Hallazgos 2023” de la organización México Evalúa, en Guanajuato fue del 79.82 %, el tercero menos peor, el promedio nacional fue de 93.63 %. Mientras que en el Índice de Impunidad de Homicidio Doloso el dato es del 92.44 %, 9 de cada 10 sin resolverse.

Homicidios y cifras

Otro tema que dio de qué hablar esta semana fue el reporte de cifras de homicidios dolosos en Guanajuato en el arranque del gobierno de Libia García, que lamentablemente no ha sido como se esperaba con un complicado trimestre octubre-diciembre con 874 víctimas frente a 808 del trimestre inmediato anterior.

La polémica surgió cuando el secretario de Seguridad y Paz, Mauro González, en su exposición ante diputados integrantes de la Junta de Gobierno el jueves 16, les presumió una reducción de homicidios dolosos del 13 % en el estado del 26 de septiembre de 2024 al 9 de enero de 2025 frente al mismo periodo de 2023.

La gráfica mostró que se pasó de 587 a 511 homicidios dolosos. No fue sino hasta el martes 21 que la Secretaría de Seguridad explicó que ese dato “se centra exclusivamente en los homicidios dolosos presuntamente vinculados a hechos violentos cometidos por integrantes de la delincuencia organizada, excluyendo casos relacionados con violencia doméstica, riñas u otras circunstancias”.

Como era de esperarse hubo reacciones cuestionando la presentación de datos con otra fuente que no sea la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene su soporte en la información que envía la Fiscalía.

Frente a esto precisaron: “Este enfoque metodológico no busca minimizar la problemática general de los homicidios dolosos. Su objetivo es establecer un marco operativo que permita abordar, de manera estratégica y eficiente, aquellos casos de mayor impacto vinculados a la seguridad pública”.

Lo que hay que reconocer es que evidentemente existe una apertura a informar que no se tenía en los tiempos de Alvar Cabeza de Vaca. Qué bueno, ahora los periodistas tenemos la posibilidad de obtener información de los hechos.

Otro punto importante de este encuentro de Mauro y algunos diputados es que se abrió un canal de comunicación para que el funcionario rinda cuentas de sus acciones. Lo mismo tendría que darse con el resto del gabinete legal y ampliado.

El Secretario y su equipo aseguran que van en serio en el combate a la criminalidad y mandan señales, como el operativo en la comunidad de Buenavista de la Libertad, en Yuriria, que terminó en el abatimiento de 10 presuntos delincuentes y el hallazgo de un campo de adiestramiento de 30 integrantes.

Del 26 de septiembre al 9 de enero informan de 14 operativos especiales con células mixtas de agentes de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y FSPE en los municipios de mayor incidencia delictiva.

Mauro ha dicho que en seis meses debe notarse la tendencia a la baja en los homicidios. Por lo pronto, la detención de bandas criminales es una buena noticia.

Entrega-recepción, nada documentado

A pesar de las acusaciones de presuntas irregularidades cometidas en las administraciones panistas, el informe de entrega-recepción aprobado por el gobierno morenista de Celaya no ha podido probar los señalamientos.

Desde la llegada de Morena al gobierno celayense, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez se ha empeñado en señalar presuntas irregularidades y actos de corrupción de la administración de su antecesor, Javier Mendoza Márquez.

Sin embargo, a más de cien días de la administración, han sido más palabras que hechos ya que ha sido muy poco lo que han podido probar.

El más reciente señalamiento fue que hay errores graves en el cálculo de impuestos en las nóminas de trabajadores municipales por supuestamente hacer los cálculos en Excel, lo que los orilló a contratar otro despacho externo para que haga una planeación fiscal.

La elaboración del expediente de la entrega-recepción representaba el momento de demostrar las anomalías panistas, pero terminó siendo un enredo donde se evidenciaron acuerdos y falta de capacidad para probar los dichos.

Desde la Contraloría Municipal, encabezada por la polémica Laura Elena Lara Rodríguez, elegida en la administración panista y quien tendrá que permanecer otros dos años en el cargo, tampoco hicieron nada para ahondar en las acusaciones y se limitaron a entregar un informe sin observaciones graves.

Los morenistas acusan que la contralora no incluyó las cédulas elaboradas por directores de la administración con diversas observaciones y que tuvieron poco tiempo para plasmar todas las anomalías detectadas.

Una de las ironías es que durante la administración pasada la Comisión de Contraloría fue encabezada por el regidor de Morena Agustín Gaspar Aguado, quien solo figuró por solicitar el aumento salarial que tuvo el Ayuntamiento y ahora busca a toda costa llegar a la administración.

Mientras siguen buscando nuevas acusaciones, el gobierno morenista sigue exigiendo una investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) aunque ya empiezan a curarse en salud aludiendo que tampoco tienen confianza en su trabajo.

Regresan de vacaciones por Europa

Este fin de semana se espera que vayan regresando uno a uno los 17 integrantes de la comitiva de la ciudad de Guanajuato, quienes desde el pasado 17 de enero viajaron a España con el pretexto de promocionar al municipio en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Pese a que la Feria de Turismo estaba programada del 22 al 26, los integrantes de la administración panista de Samantha Smith, viajaron cinco días antes.

Algunos como el regidor del PAN Daniel Barrera Vázquez, aprovecharon para recorrer Barcelona, según las capturas de pantalla que se presumieron desde su celular, aunque el edil se justificó argumentando entre sus conocidos que le habían robado el móvil. Un robo al presidente de la Comisión de Seguridad, qué cosas.

En fin que la mayoría de los integrantes del ayuntamiento pues no salían en las promociones que hacía la alcaldesa, así que una vez que lleguen habrá que informar los logros que obtuvieron en favor de los capitalinos.

La noche del viernes Samantha subió en sus redes que andaba echando tacos, por lo que al parecer ya regresaron los primeros funcionarios municipales del viaje.

De lo poco informado fue una firma de un convenio de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial con la Asociación para la Cultura y el Turismo para América Latina, una firma que salió bastante cara a los capitalinos.