Se cumplen ya 100 días del “Nuevo Comienzo”, como definió la propaganda de campaña y de gobierno a la administración de Libia García. La violencia es el flagelo de Guanajuato.

Ofreció que la seguridad será su prioridad. Y en esto sí se presentó el pasado 4 de noviembre una estrategia denominada CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen) basada en la inteligencia policial para realizar detenciones y cateos efectivos, un “Escuadrón Antiextorsión”, una Comisaría de Atención a la Violencia de Género, el fortalecimiento de la Policía Estatal de Caminos, una Unidad especial de apoyo a colectivos de búsqueda, etc.

Libia García y Juan Mauro González, contra el tiempo.

Esto soportado en una estrategia de regionalización con 10 mandos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), que ya dio de qué hablar con la obligada baja del jefe de la región IV, Eduardo Palomino, tras exhibirse videos anteriores a este cargo en donde él y otros policías de Celaya golpean y humillan a detenidos.

Vaya que esto fue una severa llamada de atención para blindar -en la medida de todo lo posible- los procedimientos de selección y promoción porque el éxito o fracaso de esta regionalización tendrá mucho que ver en la confianza que estos mandos se ganen de la ciudadanía. Ellos son los que deben coordinarse con alcaldes, jefes de seguridad locales, mandos federales, sector empresarial y social.

La Secretaría de Seguridad que comanda Juan Mauro González, es una dependencia que sí comunica acciones y resultados. Han presumido delitos a la baja como el robo en carreteras. Sin embargo la violencia homicida no cede y los hechos de alto impacto tampoco: masacres en varios municipios, agentes municipales y estatales asesinados, feminicidios y menores víctimas.

Los números oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan 552 víctimas de homicidio doloso en agosto y septiembre (Libia asumió el poder el 26 de septiembre), frente a 570 en los meses de octubre y noviembre. Octubre fue el peor mes del año y luego hubo una baja importante.

Con la llegada de un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, que se dará el próximo 3 de febrero, Libia tendrá la renovación de las dos cabezas que ofreció el 1 de marzo que inició su campaña (Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca).

Los nuevos no tienen tiempo de aprendizaje. Están para dar resultados ¡ya!

Prisión oficiosa, el gran debate

El 17 de diciembre, en la penúltima sesión del pleno del Congreso, hubo uno de los múltiples puntos que se discutieron y aprobaron en la maratónica sesión que duró ocho horas, pero que pasó desapercibido porque ese día lo más relevante mediáticamente fue la aprobación de la reforma al Código Civil en materia de rectificación de actas de nacimiento para las personas trans y el escándalo que produjo por parte de las personas de esa comunidad que acudieron a la sesión.

Ese punto fue el rechazo mayoritario de los diputados del PAN, PRI, PRD y MC de la reforma al artículo 19 de la Constitución federal para agregar la medida de prisión preventiva oficiosa para otros delitos: la extorsión y todas las actividades relacionados con la producción, distribución transporte, compra y venta de fentanilo.

También, en los casos de contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Solo votaron a favor de la misma los diputados de Morena y PVEM, en consonancia con las posiciones de sus fracciones en el Congreso de la Unión, que la avalaron en primera instancia.

El artículo 19 ya contenía desde antes los siguientes delitos que se consideran para prisión preventiva oficiosa: abuso sexual contra menores de edad, homicidio doloso, feminicidio, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos y petrolíficos o petroquímicos.

También desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.

La reforma original fue aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre, por la Cámara de Senadores el 27 de noviembre y cuando el Congreso de Guanajuato la rechazó, ya había sido aprobada por 22 Congresos locales, es decir, más de la mitad, como marca la ley para que pueda entrar en vigor.

Por lo que el voto negativo de la Legislatura guanajuatense fue intrascendente y a estas alturas ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y ya está vigente.

El tema es importante porque la aplicación de la misma tendrá una repercusión importante en el ámbito de la persecución de la delincuencia y la seguridad pública de todo el país, incluido nuestro estado. Y porque los posicionamientos, a favor y en contra que se dieron ese día en la tribuna legislativa fueron interesantes y dignos de comentarse.

Culpables hasta demostrar lo contrario

La primera que hizo uso de la tribuna fue la diputada panista Susana Bermúdez Cano, quien indicó que se estaban proponiendo arbitrariedades y que no se estaba llevando a cabo un análisis de lo que va a pasar con las personas que resulten inocentes y no se les asigne una sanción condenatoria.

Además de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México hacer cambios a la prisión preventiva oficiosa, al considerar que vulnera los derechos de las personas.

Finalmente, calificó como una dictadura lo que se vive en el País, por tener un Ejército sobre empoderado, una prisión automática, la inexistencia de órganos autónomos, el no contar con contrapesos en el Congreso, con la división de poderes desarticulada y por tener al Poder Judicial capturado.

Al hablar en contra del dictamen negativo, el diputado morenista Carlos Ramos Sotomayor aclaró que la prisión preventiva oficiosa está debidamente contemplada tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Apuntó que las medidas cautelares tienen como objetivo evitar que el imputado huya, reducir riesgos para la víctima y el ofendido, entre otras, y que contrario a lo que se señalaba en el dictamen, no vulnera el principio de legalidad en un Estado de Derecho ni constituye un mecanismo para castigar anticipadamente a una persona ni se le priva de defenderse sobre lo que se le imputa.

Añadió que con esta medida se les brinda tranquilidad a las víctimas, garantiza la protección de la vida, la salud y el patrimonio frente a riesgos procesales que están fuera del control de las autoridades; y dijo que el hecho de que exista esa figura no significa que alguien va frente a un juez sin pruebas.

Al hablar a favor del dictamen de rechazo, la diputada Jared González Márquez comentó que a pesar de que la prisión preventiva oficiosa se encuentre establecida en la Constitución, ello no garantizará que deje de ser una figura jurídica arbitraria, pues es contraria al debido proceso y violatoria de derechos humanos.

Afirmó que eso pone en grave riesgo el derecho a la integridad de la persona que está siendo procesada, ya que la prisión preventiva oficiosa significa pisar la cárcel de manera automática.

Argumentó que la Corte Interamericana ya solicitó a México eliminar dicha figura de prisión preventiva oficiosa porque además ya no se cuenta con la presunción de inocencia. Enfatizó que se debía privilegiar la prisión preventiva justificada.

Finalmente, instó a sus homólogos a que cada iniciativa o reforma se visualice y profundice en los verdaderos problemas de a quién se va a afectar y hasta dónde se puede llegar, porque hoy como está se estará metiendo en la cárcel a un inocente.

El último recurso

La legisladora Rocío Cervantes Barba, del PRI, indicó que el análisis de la prisión preventiva es el más importante porque constituye el instrumento legal más violento que posee el Estado, debido a que este mecanismo dictado al iniciar el proceso penal supone una privación de libertad basada en un pronóstico, una probabilidad, y no en la certeza probatoria y la culpabilidad de la persona.

También comentó que esta medida debe ser la última alternativa para el aseguramiento del desarrollo y resultado del proceso pues no tendría sentido, cuando no existen medidas alternativas preferentes.

Precisó que la prisión preventiva oficiosa no debe subsistir sin que ésta se aplique sin la ponderación de un juez ante la petición justificada del Ministerio Público de la necesidad de su aplicación en forma fundada, razonada y proporcional al delito y a las circunstancias que lo rodean.

La diputada Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, externó su preocupación por que la prisión preventiva siga viéndose como solución a los problemas que aquejan al país, ya que, dijo, hasta hoy no hay pruebas de su efectividad ni de que contribuya a erradicar la inseguridad.

Mencionó que las mujeres son quienes más sufren de este flagelo, y que los pobres son los más afectados, porque las cárceles no están llenas de culpables sino de gente que no cuenta con recursos para llevar sus juicios en libertad, ya que, subrayó, en México la libertad sigue siendo para quienes la pueden pagar.

Pedroza Orozco enfatizó que la reforma no es compatible con un Estado que defiende los derechos humanos, y que su grupo parlamentario decía no al encarcelamiento de personas sin previo juicio y sentencia dictaminada, a la criminalización y al punitivismo, y se pronunció por hacer valer el principio de presunción de inocencia.

La subsecretaria que no fue

El despido de Blanca Estela Sosa Quiroz quien fungía como Subsecretaria de Seguridad de Celaya sin existir el cargo prende las alarmas sobre actos de nepotismo al interior de la administración.

Blanca Estela Sosa Quiroz, salida prematura.

Los rumores eran ciertos. El desorden administrativo y la falta de coordinación al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana terminaron por romper el hilo por lo más delgado provocando la salida de la exfuncionaria.

Al inicio del gobierno de Juan Miguel Ramírez Sánchez apareció de manera sorpresiva la figura de Blanca Estela Sosa quien fue propuesta por el propio alcalde para tener un cargo en seguridad pública.

Con un perfil bajo y sin reflectores mediáticos, los que la conocen dicen que con su vasta experiencia en la procuración de justicia tiene una radiografía delictiva en Celaya y la región la hacían buen perfil que podría aportar para mejorar la crisis de inseguridad que atraviesa el municipio.

El propio alcalde celayense reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les pidió que los mandos de seguridad que mandaron a Celaya no se distrajeran en temas administrativos y se enfocaran en cuestiones operativos por lo que ahí apreció Blanca Estela Sosa a quien se le inventó el cargo de Subsecretaria de Seguridad, el cual nunca había existido en el organigrama municipal.

Desde su incursión en los primeros días de la administración, la exfuncionaria se presentaba como subsecretaria y comenzó a generar ámpulas al interior de la dependencia.

La flamante funcionaria comenzó a utilizar una camioneta blindada y tener escoltas por lo que el alcalde terminó reconociendo que fue amenazada por lo que se le puso seguridad a pesar de ni siquiera estar contratada.

Ante las lagunas administrativas que representaba no estar contratada, se le asignó el puesto de Coordinadora de Vinculación donde presuntamente contrató a su sobrino y a su hijo y a este último solamente una vez se le vio por las oficinas de seguridad.

Además, la coordinación con el secretario de seguridad, Pablo Muñoz Huitrón y el director de Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes nunca fue buena, por lo que Juan Miguel Ramírez terminó de cortar de tajo la relación laboral con la supuesta subsecretaria.

La salida de Blanca Estela Sosa se suma a la de Araceli Morales Mancera de la Oficialia Mayor y el enroque de Ricardo Conteras Soto en Desarrollo Económico, y a pesar de que son tres casos muy diferentes, deja entrever que hay funcionarios que están a prueba y error ya que el propio alcalde reconoció que no le importan las personas sino el trabajo que desempeñan.