Hay que integrar el agua en el estado
A la Junta de Agua Potable de San Felipe le robaron 42 millones de su cuenta de banco. No es la primera ocasión en que alguien tiene la astucia o la temeridad de vaciar cuentas con esa cantidad de dinero.
A la Junta de Agua Potable de San Felipe le robaron 42 millones de su cuenta de banco. No es la primera ocasión en que alguien tiene la astucia o la temeridad de vaciar cuentas con esa cantidad de dinero.
La Junta tuvo ingresos por 60 millones el año pasado. Le birlaron el 70 % o más de 8 meses de ventas. La dejaron temblando porque tiene deudas a corto plazo por más de 25 millones según su información financiera a diciembre del 2024.
Pudo ser un grupo de “hackers” como alguna vez los hubo hace unos años cuando hicieron escupir billetes por millones en los cajeros automáticos; pudieron ser expertos en enganchar a funcionarios con correos falsos. No sabemos lo que pudo suceder, pero no es difícil encontrar la pista del dinero. Lo más probable, si nos atenemos a las estadísticas, es que se recupere una parte.
Hay preguntas que puede hacer cualquier administrador prudente: ¿por qué tenían 8 meses de ingresos en cuentas a la vista? ¿Tenían los recursos en mesa de dinero del banco y desde ahí lo “bajaron” a la cuenta corriente? Los investigadores de la Fiscalía General del Estado son buenos para dar seguimiento a ese tipo de fraudes.
Sin embargo, el tema de esta columna no es la desafortunada pérdida de los sanfelipenses, sino la oportunidad de pensar en que en Guanajuato podríamos tener un gran Sistema de Agua Estatal. Consolidar la operación traería grandes beneficios para el futuro de nuestra entidad. No es lo mismo comprar mil medidores que cien mil; no es igual tener gestión de recursos caseros que contar con un sistema informático avanzado como lo tienen los sistemas del Corredor Industrial. La Sapal factura 47 veces lo que la Junta de San Felipe. (2.8 mil millones)
El asalto a las cuentas de San Felipe es el equivalente de sacarle 2 mil millones de pesos a la SAPAL, algo imposible debido a la robustez de sus sistemas administrativos.
El problema es la ley de la autonomía municipal, cada ciudad tiene el derecho de administrar su agua. Pero con voluntad política se puede cambiar la operación si se consolida en una sola institución en la que cada municipio tenga participación.
Un ejemplo es la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, entidad que atiende a 14 de los 18 municipios de ese estado con unos 520 mil usuarios. Se asemeja mucho en tamaño a la SAPAL que tiene 530 mil usuarios, con una diferencia: la CEA de Querétaro facturó casi 4 mil millones de pesos en 2024 y la SAPAL apenas llegó a 2 mil 822 millones.
Otro problema es el robo de los funcionarios de los organismos de agua. Los consejos administrativos tienen ventajas para disponer del ingreso a su contentillo y cuentan con considerables beneficios. Otorgar factibilidad de agua puede ser un gran negocio. Todo un tema, pero sabemos que en municipios grandes el agua riega capitales privados tanto en asignación de obras como en moches por compras y contratos. Los sistemas de agua son muy codiciados.
Tan solo hacer un ensayo en el IPLANEG (Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato) de los beneficios que aportaría la integración en reducción de burocracia, consolidación de compras y estándares generales de administración, daría luz a sus beneficios. Un ejemplo: León compra un gran pozo en San Francisco y no lo pueda explotar por divisiones políticas con el vecino. Absurdo.
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