El ‘nuevo comienzo’ vs. legado de Diego

Primero fue la extinción por decreto del fideicomiso para obras sociales y de seguridad Fidesseg, después adiós al modelo islandés de prevención de las adicciones ‘Planet Youth’, y ahora punto final a la Arrendadora Financiera ‘GTO Leasing” de participación mayoritaria de socios privados y con capital del Isseg.

Estos tres proyectos tomaron forma en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y fueron presumidos como parte del “legado” de su administración.

No tardó mucho en que la administración del “nuevo comienzo” se desmarcó de los legados aunque dejando muchas dudas sin explicaciones sobre las razones que llevaron a finiquitarlos.

En el caso del Fidesseg, los representantes empresariales y de organizaciones sociales han llevado el caso a litigar en los tribunales con una demanda de amparo que, en tanto se resuelve, el juzgado federal dictó una suspensión definitiva que tiene al fideicomiso aún vivo. Para este 24 de abril está programada la sesión del Comité Técnico con la orden de revivirlo.

Fue el 23 de octubre que la gobernadora decretó la extinción del Fidesseg y transfirió esta tarea de apoyo a las organizaciones sociales a la Secretaría del Nuevo Comienzo al mando de Rosario Corona, mano derecha de Libia.

Los señalamientos de falta de transparencia y de presuntas irregularidades en la operación de Fidesseg, le resultaron contraproducentes a Libia pues el Fidesseg era operado por la Sedeshu, que la propia gobernadora encabezó.

Para el sector empresarial que promovió la sobretasa en el Impuesto Sobre Nómina para crear el Fidesseg, la razón de la extinción fue que la gobernadora quería disponer de esos recursos para otros fines (ejemplo: tarjeta rosa).

Faltan respuestas

Otra historia fue la de ‘Planet Youth’ y la arrendadora financiera, ambos considerados en los proyectos emblema del Programa de Gobierno 2018-2024.

“Planet Youth es la gran apuesta. Es el proyecto más ambicioso de mi gobierno y con más trascendencia; son políticas a largo plazo. Es un programa que continuará por muchos años en Guanajuato y eso nos va a permitir dar los resultados que necesitamos”, dijo Diego el 9 de noviembre de 2021 durante la presentación en Ciudad de México del primer Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones “Planet Youth”.

Una investigación de AM reveló los cuestionables resultados vs. el gasto del proyecto. El jueves 28 de noviembre, durante el Congreso Internacional Vive sin Adicciones, Libia anunció que se tomó la decisión de “implementar un nuevo modelo con lo que aprendimos y por supuesto con todo el avance que hay, porque sin duda es un programa que arrojó resultados muy importantes, pero que hoy creemos que podemos hacerlo desde casa, de la mano con los municipios”.

Al momento todavía no hay claridad del modelo propio contra las adicciones y urge.

Por último, este viernes por la noche, en comunicados por separado, el Isseg (Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato) y los cinco socios privados, anunciaron que, nada más terminan de cumplir con los contratos vigentes, y adiós.

Esto también coincide con las críticas de la oposición a la arrendadora y reportajes periodísticos, como el de AM esta misma semana, los cuales exhibieron que el Gobierno del Estado arrendó a ‘precio de oro’ 697 vehículos.

Hay mucho todavía por aclarar: ¿cuánto fue finalmente el rendimiento que obtuvieron las pensiones de los trabajadores del Estado en este negocio y la diferencia con haberlo invertido en otros instrumentos financieros?¿Cuánto ganaron los socios privados?¿Cómo va a justificar el Estado este pago por arrendar?

Las apuestas ahora en el radiopasillo de los poderes públicos es sobre la continuidad o no del secretario de Finanzas estatal, Héctor Salgado Banda.

El secretario de Finanzas, Héctor Salgado, acompañado de la titular de la Honestidad, Arcelia González, y la directora general del Isseg, Judith Juárez, en la reciente comparecencia ante legisladores por la Glosa del Informe de Gobierno.

Magistrados electorales y la bronca en el Senado

El miércoles pasado, finalmente, después de más de tres años de negligencia de los senadores de Morena para nombrar a los magistrados de los tribunales estatales electorales de 22 estados, que fueron aumentando hasta 30 al paso del tiempo, el Senado aprobó dichos nombramientos.

Entre ellos, de los dos magistrados que faltaban en el Tribunal Estatal de Guanajuato, uno de ellos desde septiembre de 2021, es decir, desde hace tres años y seis meses, vacante que cubrió Pablo Roberto Sharpe Calzada. El entrará en la Sala que dejó Gerardo Arzola Silva en aquella fecha y que los senadores no habían querido nombrar desde entonces.

También de Juan Antonio Macías Pérez, quien ya era magistrado provisional (por ministerio de ley, es el término legal) desde diciembre de 2024, cuando Dolores López Loza terminó su periodo como magistrada electoral.

Aunque para Guanajuato todo terminó bien, con dos buenos perfiles, los idóneos para el cargo que desempeñarán durante los próximos siete años, vale la pena señalar que la fase final del proceso tuvo varias manchas y desaseos por parte de la mayoría morenista en el Senado.

La semana pasada circuló el dictamen de la Comisión de Justicia, encabezada por el morenista Javier Corral Jurado, que analizó los currículums de los candidatos, los entrevistó y aprobó el dictamen de la procedencia o improcedencia de los aspirantes.

En el documento se evidenciaban varias omisiones e incluso irregularidades, porque en el caso de Guanajuato dejó pasar como finalistas a 10 candidatos que evidentemente no cumplían con los requisitos básicos para ser magistrados.

El caso más emblemático fue el de Jazmín Anabel Carmona Cornejo, que se hizo público el martes, que en el propio dictamen de la Comisión de Justicia tenía la anotación siguiente: “No acredita experiencia electoral, a pesar de que menciona contar con experiencia profesional en la materia no adjuntó ninguna constancia que lo acredite”.

Cualquier persona con dos dedos de frente la hubiera eliminado del dictamen, pero no fue así, sino que pasó al pleno, después se supo, solo por ser funcionaria del DIF municipal de Villagrán, es decir, el feudo del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona.

Emmanuel Reyes y Malú Mícher, junto a los magistrados electorales estatales electos por el Senado: Pablo Roberto Sharpe Calzada y Juan Antonio Macías Pérez.

Afortunadamente la rebelión de varios senadores “morenos” de varios estados, entre ellos Ricardo Sheffield, “tumbaron” a la advenediza, entre otros candidatos de otras entidades. Porque la votación fue en bloque para los 30 estados.

Pero lo que no se hizo público fue que además de ella, hubo otros 9 candidatos a quienes les faltaron dos documentos certificados, que era un requisito de la convocatoria.

Entre ellos destacó Samuel Amezola Ceballos, ex presidente municipal de Abasolo por el PAN -dicen que ahora ya anda en Morena- y además es defensor público en Gobierno del Estado, a quien le faltaron tres documentos certificados: título profesional, cédula profesional y credencial para votar.

Pero no solo fue eso sino que Miguel Ángel Armenta Galván, del equipo cercano de Ricardo Sheffield, quien fue coordinador jurídico del equipo de campaña de Alma Alcaraz y representante de Morena en el Consejo General del IEEG en el proceso electoral del año pasado, también fue uno de los finalistas.

Si bien ser militante de un partido no estaba prohibido en la ley electoral ni en la convocatoria emitida por el Senado para la elección de los magistrados electorales, no era ético ni correcto que un evidente integrante de un partido fuera magistrado electoral. Afortunadamente Armenta Galván tampoco fue electo.

Finalmente, la elección de los nuevos magistrados fue el miércoles, por mayoría de Morena y sus aliados, pero con las críticas y el voto en contra de los senadores del PAN, incluyendo a los paisanos Miguel Márquez Márquez y Michel González Márquez, en el sentido de que los magistrados electos “están cargados” hacia Morena -cosa que no se sabe de los dos recién nombrados- porque la votación fue en bloque de los 56 magistrados de 30 estados.

Dos expertos en Derecho Electoral

A pesar de todo, a Guanajuato le fue bien en cuanto a conocimiento y experiencia en la materia electoral de los nuevos magistrados, porque ambos tienen una amplia trayectoria.

Juan Antonio Macías Pérez lleva trabajando nada más y nada menos que 15 años en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, en varios cargos. Antes estuvo en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) como Titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. Y más antes, 11 años como juez en el Poder Judicial del Estado.

Pablo Sharpe ha trabajado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde enero de 2021 a la fecha. Su último cargo, desde enero de 2024 hasta el martes, fue secretario de estudio y cuenta de un magistrado, es decir, el que elabora y revisa los proyectos de sentencias. En otras palabras, la antesala de los magistrados.

Previamente, fue asesor en el Consejo General del INE, de diciembre de 2028 a enero de 2021 y asesor jurídico y litigante en proceso electoral de enero 2017 a diciembre de 2018.

Quién sabe si ambos tengan alma “morena” o simpatías por ese partido, pero por lo menos hay la garantía de que ambos conocen al derecho y al revés de litigio electoral, que será su función durante los próximos 7 años. Así que podemos confiar en que por lo menos técnicamente harán bien su trabajo.

Celaya, portazo a la prensa

Las agresiones a periodistas en Guanajuato siguen y desde el Gobierno Municipal de Celaya se han tolerado las calumnias en contra de medios de comunicación y el bloqueo por parte de funcionarios públicos.

Es público que en los últimos años los gobiernos han encontrado en los influencers o generadores de contenido el escaparate para mandar los mensajes que quieren y buscan posicionar sus temas en la agenda pública.

A nivel local la historia no es muy diferente y desde la página “Celaya 180 grados” se promovió la campaña a la presidencia municipal de Juan Miguel Ramírez Sánchez y con la llegada de Morena al gobierno municipal se ha buscado posicionar los temas positivos de la administración.

Al inicio de Juan Miguel, el trabajo del creador de contenido consistió en desviar la atención durante las conferencias semanales de seguridad e intentar cambiar el tema cuando se les preguntaba a los funcionarios sobre hechos violentos en el municipio.

Sin embargo, la estrategia no funcionó y las agresiones fueron subiendo de tono de manera sistemática y durante sus largas intervenciones acusaba a medios de comunicación de ser amarillistas, tener “miopía informativa” por no resaltar la reducción de homicidios, ser “cuentachiles” cuando preguntan sobre recursos públicos, entre otros señalamientos.

Los reporteros de la fuente de presidencia municipal le habían solicitado directamente al alcalde, Juan Miguel Ramírez Sánchez y a su director de Comunicación Social, Edgardo Álvarez Rueda, al menos en dos ocasiones, que pidieran se detuvieran las agresiones y denostaciones al trabajo periodístico.

Un grupo de nueve periodistas decidieron retirarse, en señal de protesta, de la conferencia semanal de seguridad que se realiza todos los viernes en el salón de Cabildos de la presidencia municipal, mientras el creador de contenido intervenía pero cuando intentaron regresar las puertas estaban cerradas y escoltas de seguridad intentaron bloquearles el paso.

En la transmisión en vivo del Municipio quedó documentado como el director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffan da la orden a los escoltas de cerrar las puertas del salón con seguro y cuando los periodistas regresaron lanzó la advertencia que la próxima vez que ocurriera no se les permitiría el acceso argumentando que había sido una falta de respeto.

A pesar de que el alcalde se comprometió con los reporteros a investigar los hechos, en sesión de Ayuntamiento minimizó las agresiones ya que lo atribuyó a un problema interno entre periodistas y rechazó categóricamente que se utilizaran recursos públicos o privados para hablar bien de su gobierno y denostar la labor periodística.

Este tipo de hechos no se deben pasar por alto y menos en un estado como Guanajuato que se ubicó como la quinta entidad con más agresiones a periodistas durante el año pasado al documentar 32 casos, según la organización Artículo 19.