La Olla: Largas a derechos.- Por León Jacobo Robespierre
- En 2021 Libia facilitó matrimonio igualitario sin necesidad del amparo - Solo en Guanajuato, Chihuahua y Ags., estas uniones no están en la ley - Que por una consulta difieren el dictamen hasta el siguiente periodo
Reconocimiento legal, asignatura pendiente
Aunque el matrimonio igualitario es una realidad en Guanajuato desde diciembre de 2021 sin necesidad de tramitar amparos, todavía varios diputados locales del PAN se resisten a que esto se plasme en la ley.
En la sesión de la Comisión de Justicia del pasado viernes el PAN rechazó el orden del día que incluía dictaminar este tema, con el argumento de que falta el proceso de consulta a personas con discapacidad, y con ello pateó el asunto para un siguiente periodo ordinario de sesiones (que inicia hasta el 25 de septiembre).
Fue en diciembre del 2021 que la hoy gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, que entonces era la Secretaria de Gobierno, emitió una circular para instruir a las oficialías del Registro Civil a aceptar la celebración de matrimonios igualitarios.
“A partir de esta fecha (20 de diciembre de 2021) y en lo subsecuente, se reconozca y materialice el derecho que tienen todas las personas, sin discriminación por su preferencia sexual, a contraer matrimonio en nuestras oficialías del Registro Civil, si así fuera solicitado y sin necesidad de que medie recurso legal alguno para su procedencia”.
En México los 32 estados permiten los matrimonios igualitarios sin necesidad de amparo, sin embargo no en todos se ha aprobado por ley. En 28 se han realizado modificaciones a la ley, uno no requirió modificación alguna, y 3 lo hacen por decreto del Poder Ejecutivo o por Acción de Inconstitucionalidad que obliga al Estado a celebrar el matrimonio sin requerir amparo.
Los estados que lo permiten por decreto del Poder Ejecutivo son Chihuahua y Guanajuato. Y por Acción de Inconstitucionalidad en Aguascalientes. El último estado en permitir el matrimonio igualitario fue Chiapas (26 de diciembre de 2024).
Fue desde 2025 que la Suprema Corte de Justicia sentó jurisprudencia para determinar que todas las parejas del mismo género tienen el mismo derecho a casarse que las parejas de géneros distintos. Esto significa que el matrimonio igualitario es legal, pese a que algunos congresos locales no lo reconozcan.
El primer matrimonio igualitario en Guanajuato se celebró en León el 19 de marzo de 2014, entre una pareja de mujeres que permaneció en el anonimato, luego de que un juez fallara a su favor en un amparo. El evento tuvo como sede la casa de gestión de la diputada local del PRD, Guadalupe Torres Rea.
De la circular a la ley
Los colectivos y activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTI+ aplaudieron la decisión de diciembre de 2021 de permitir la celebración de estos matrimonios, al tiempo de sostener su exigencia de que esto se plasmara en la legislación local, y no esté sujeto al contentillo de los políticos en turno.
A partir de la reforma al Reglamento del Registro Civil y hasta el 18 de junio de 2025 se han celebrado un total 896 matrimonios igualitarios y 15 divorcios. En 38 de los 46 municipios se han efectuado matrimonios igualitarios, destacando León con 321, Celaya 116, Irapuato 96, Salamanca 50 y San Miguel con 46.
Sin embargo, para la anterior Legislatura de mayoría panista y cuya Comisión de Justicia era encabezada por Laura Cristina Márquez Alcalá, actual diputada federal leonesa, este tema ya no se discutió ni fue votado.
En la actual Legislatura se presentaron nuevas iniciativas para el reconocimiento del matrimonio igualitario, una fue en octubre pasado precisamente por la presidenta de la Comisión de Justicia, la morenista María Eugenia García Oliveros, para una reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato y al Código Civil. Lo primero fue turnado a la Comisión de Gobernación y lo segundo a la de Justicia.
El viernes, los panistas Jared González Márquez, Susana Bermúdez Cano y Rolando Alcántar Rojas, votaron en contra del orden del día propuesto en la Comisión de Justicia al señalar que no se respetaron los procedimientos establecidos para dictaminar las iniciativas y esto compromete el proceso. A favor lo hicieron la morenista María Eugenia García y la priista Ruth Tiscareño.
“El trabajo legislativo tiene tiempos, reglas y procedimientos que deben cumplirse. Estamos listos para discutir y votar el tema en el momento en que se haya cumplido con cada una de las etapas previstas en la metodología aprobada por la Comisión”, declaró previamente el coordinador panista, Jorge Espadas.
El panista argumentó que la propia Comisión de Justicia modificó el 27 de febrero la metodología de análisis para ampliar la consulta a organizaciones de la sociedad civil, cuyo plazo cerró el 18 de junio. Además de que, por disposición constitucional, debe llevarse a cabo la consulta a personas con discapacidad.
Consulta necesaria, o ‘patear el bote’
Llama la atención esta consulta cuando el propósito de la reforma es homologar el Código Civil a fin de no definir el matrimonio como mujer y hombre. No crea ni extingue derechos para personas con discapacidad. Es solamente garantizar el derecho a la igualdad y no discrminación de las personas no heterosexuales.
En medio de esta discusión legislativa se dio el pronunciamiento del Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato, conformado por representantes de distintas religiones, en rechazo a modificar cualquier texto que sustituya la definición de matrimonio tradicional y con ello la posibilidad de la adopción de menores.
La votación simplemente se difirió unos meses más y, a diferencia de lo que pasó en la iniciativa de despenalización del aborto en días pasados, la posibilidad de alcanzar los 19 votos necesarios para la reforma del Código Civil es muy factible. La oposición suma 18 y más de un panista en esto no habrá de rasgarse las vestiduras.
Ya sería el colmo de la incongruencia que el jefe estatal de Acción Nacional y legislador, Aldo Márquez Becerra, no respaldara la iniciativa cuando llegó a la curul como representante de la diversidad sexual.
Además está la prohibición de las “terapias de conversión”, otro tema en el que el PAN dice que sí va, pero que hay que adecuar la redacción.
Imaginaciones jurídicas
La discusión sobre temas de derechos humanos en el Congreso de Guanajuato ha estado intensa en los últimos meses. De la despenalización del aborto al matrimonio igualitario, pasando por las llamadas “terapias de conversión”, ha habido un intercambio de argumentos entre las diferentes fuerzas politicas representadas, pero tristemente también “una feria de vanidades”: intercambio de insultos vía porras, memes y pancartas, comparativos sacados de contexto, en fin.
En teoría, eso debería irse puliendo con una correcta mecánica de análisis, definiendo qué herramientas de discusión se permiten y cuáles no, sin embargo, pareciera que en ocasiones la bancada panista las usa para postergar la dictaminación de iniciativas.
Un ejemplo fue el caso de la despenalización del aborto, que desde octubre del año pasado quedó definido el proceso de análisis de las propuestas y observaciones por parte de ciudadanos y colectivos a la Comisión de Justicia del Congreso local.
En ese entonces, los diputados panistas Jared González y Rolando Alcántar, propusieron dejar sin fecha límite la entrega de dichas propuestas para examinar la iniciativa de Movimiento Ciudadano de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación (la cual fue finalmente archivada el mes pasado), lo que fue interpretado por activistas feministas como un intento de alargar el proceso.
Jared planteó solicitar ante el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato un estudio de antecedentes jurídicos a nivel nacional, no solo del Código Penal, sino de toda la legislación al respecto, mientras que Rolando Alcántar planteó no poner fecha, es decir, dejarlo abierto de manera indefinida.
Total, el viernes 14 de marzo el inicio de las mesas de trabajo se pospuso apenas horas antes y el evento desapareció de la agenda parlamentaria de ese viernes. Fuentes consultadas por AM aseguraron entonces que el estudio que entregó el Inileg llegó con muchas deficiencias, por lo que debía corregirse. Dos meses después, y por apenas un voto (un giro en la intención de la diputada Itzel Mendo (PVEM), la iniciativa de MC fue archivada.
Ahora que otro polémico tema de procedimiento legislativo alarga la discusión del matrimonio igualitario y las “terapias de conversión”, hay desilusión entre los activistas del movimiento LGBTI+. Hace solo una semana (en vísperas del gran desfile Pride celebrado en León) expresaban su esperanza en la rápida aprobación de la agenda de la diversidad sexual y de género, puesto que todos los partidos políticos incluyendo al PAN, habían asegurado que darían apoyo.
Club Celaya, incertidumbre
El futuro del Club Celaya sigue en el aire ante la negativa por mudar al equipo a Veracruz, mientras que cuatro grupos buscan mantener el futbol profesional en la ciudad en medio de promesas y la intervención del Gobierno municipal.
Durante más de 70 años de futbol profesional en Celaya, varias franquicias han pasado jugando con la ilusión de la noble afición cajetera.
Tras casi dos años de rumores, la mayoría de dueños de la Liga de Expansión MX rechazaron el jueves la solicitud de la directiva del Club Celaya para mudar la franquicia a Veracruz en medio de una lucha de poder e intereses al interior de la liga de plata del futbol mexicano.
La actual franquicia celayense nunca pudo echar raíces entre la afición. El ascenso de la segunda división a la entonces Liga de Ascenso en 2011 le regresó la ilusión que se había perdido ocho años antes con la desaparición del Atlético Celaya.
A pesar de que había la posibilidad de ascender a primera división, el proyecto que encabezaba el empresario Alejandro Márquez Camacho no tenía solidez financiera, por lo que en mayo de 2014 se concretó la venta al empresario Marcos Achar Levy, quien era CEO de Comex, y su hijo Alan Achar quien se convirtió en el presidente del club, acompañados los primeros años del promotor Guillermo Lara.
La llegada de los nuevos dueños significó una fuerte inversión para mejorar la infraestructura del club y buscar la certificación para lograr el ascenso, algo que nunca pudieron lograr ante las trabas de la Federación Mexicana de Futbol.
Con el inicio de la pandemia y la desaparición del ascenso y descenso, la familia Achar ya no vio redituable seguir en el futbol y fue cuando aparecieron los promotores peruanos, Ronald Baroni Ambrosi y Carlos Benavides.
Sin embargo, la asamblea de dueños nunca aprobó la venta del equipo ya que la Federación no ve con buenos ojos la presencia de promotores al frente de los equipos por lo que tampoco dieron luz verde a sus intenciones de llevarse la franquicia al puerto jarocho.
Aunque los rumores de la mudanza del equipo vienen de tiempo atrás, el último empujón lo dio el gobierno que encabeza el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ya que exigió a los directivos saldar una presunta deuda que ascendía a 20 millones de pesos por el convenio de colaboración que se firmó en 2015.
La intervención del gobierno morenista ha sido evidente durante las últimas semanas e incluso el propio Presidente Municipal ha declarado que quiere tener un equipo en tercera división para promover el talento local.
La incertidumbre ha provocado que cuatro grupos quieran mantener el futbol profesional en Celaya. Uno de ellos encabezado por el empresario celayenses, Christian Ríos, quien era socio y patrocinador de la actual franquicia, acompañado por los exjugadores José Juan “Gallito” Vázquez y Luis Fernando Soto.
Por otro lado está el proyecto de mantener el equipo de los Lobos de la Universidad Latina de México (ULM) que milita en la Liga Premier y buscará esta semana deslindarse de la actual franquicia. Y siguiendo el paso académico otra opción es que el Instituto Oxford mantenga la base para seguir con su proyecto deportivo.
Finalmente, otro de los proyectos es la “Operadora Norte Zona Centro” quienes han asegurado que pueden gestionar una millonaria inversión árabe para remodelar el estadio Miguel Alemán Valdés y cumplir los requisitos para ascender a la Liga MX.
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