Un terreno de 2.7 hectáreas, por el que el Gobierno del Estado pagó 9 millones 180 mil pesos para el proyecto del Tren Interurbano, está convertido en un basurero al aire libre.
Cinco casas adquiridas en la colonia Arboledas del Campo para el mismo proyecto, fueron derribadas y están en ruinas, mientras que un club deportivo quedó partido a la mitad.
Todas esas propiedades, y cientos más adquiridas en León, permanecen abandonadas desde hace cuatro años y medio.
AM obtuvo escrituras de algunas de las propiedades que compró el Gobierno para el proyecto del tren, y comprobó que las adquisiciones se hicieron a precios diferenciados.
En una misma colonia popular se pagaron propiedades con una diferencia de diez veces entre el predio más caro y el más barato.
Lo mismo ocurrió en predios rústicos. Un terreno en Valle de San Carlos se pagó en mil 106 pesos el metro cuadrado, mientras que en Loza de los Padres -a escasa distancia- la misma superficie se cotizó en 94 pesos. La diferencia entre un lote y otro fue de casi 12 veces.
Las compras de los predios se hicieron en 2008.
Los detalles de estas compras habían permanecido ocultas desde entonces, porque el ahora ex gobernador Juan Manuel Oliva declaró como secreto de Estado el proyecto del tren y reservó por cinco años la información.
Por primera vez se presentan a continuación detalles de los contratos de compraventa para el malogrado proyecto del tren, que esta semana fue sepultado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en una visita que hizo a León.
El basurero
El 16 de diciembre de 2008, el entonces gobernador Juan Manuel Oliva se presentó ante el notario público Jesús César Santos del Muro Amador para formalizar la compra de 27 mil 960 metros cuadrados del predio rústico denominado Sauces de Arriba, ubicado entre el fraccionamiento Lomas de Comanjilla y Los Jacales.
En la primera hoja del contrato de compraventa quedó establecido que el predio se adquiría como parte del derecho de vía del proyecto del Tren Interurbano.
El pago acordado en aquella transacción fue de 9 millones 180 mil 245 pesos, que equivalen a 328 pesos el metro cuadrado o 3 millones 283 mil pesos la hectárea.
Cuatro años después de aquella compra, el predio que sería utilizado para el tren, está convertido en un basurero clandestino.
Juan José Medel, vecino de la colonia La Luz, aledaña a este predio, afirmó que trabajadores de la construcción, agricultores y vecinos de los fraccionamientos cercanos, acuden al lugar a tirar escombro y basura.
“Ya tiene casi dos años que empezaron a llenar de basura aquí, no hay nadie que les diga nada, antes estaba todo circulado el terreno, pero tumbaron los postes y quitaron el alambre para meter las camionetas, sí me ha tocado ver cuando están vaciando las camionetas de basura”.
El vendedor tiene en esa misma zona un balneario.
La distancia que existe entre el predio rústico y la carretera a Comanjilla es de apenas unos 300 metros y menos de un kilómetro de la carretera León-Silao. El cálculo del valor del terreno en el avalúo fiscal es de 1 millón 415 mil pesos, 6.5 veces menos que lo que pagó el Gobierno.
“Le pagaron muy bien el pedazo de tierra al dueño del balneario, les vendió toda una parte que está pegada al río, es lo que yo he escuchado, que porque van a meter un tren desde Celaya a León, pero pues de eso ya hace tiempo que se mencionó”, platicó Carlos Ramírez, habitante de la zona.
Un tramo del área comprada está delimitada con postes de concreto y alambres de púas y se puede acceder a ella por la calle Roble de la colonia Los Jacales, hasta llegar a los límites con el fraccionamiento campestre Lomas de Comanjilla.
Pagan a unos más que a otros
La distancia que existe entre un predio rústico del fraccionamiento Valle de San Carlos y el ejido Loza de los Padres no es mayor a los 5 kilómetros de distancia, pero la diferencia del precio por metro cuadrado que pagó el Gobierno del Estado es hasta 11 veces mayor entre uno y otro.
El Gobierno pagó por una fracción de parcela en el ejido de Loza de los Padres 377 mil 306 pesos, la cual pertenecía al ejidatario Antonio Silva Rocha, dueño de un terreno de casi 5 hectáreas en esa zona rural.
La superficie de esta fracción de terreno adquirida para liberar los derechos de vía del tren es de 4 mil 22 metros cuadrados, (menos de media hectárea) teniendo un precio por metro de casi 94 pesos.
Esta venta se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el número de escritura 2,026 de fecha 22 de diciembre de 2008, de la cual AM tiene copia.
En marzo de 2009, sólo 7 meses después de esta operación, el Gobierno de Guanajuato pagó un predio rústico en 5 millones 100 mil pesos ubicado en Valle de San Carlos, entre el arroyo El Colgado y la colonia Arboledas del Campo.
El total de la superficie comprada es de 4 mil 520 metros cuadrados, 498 metros menos que la fracción de parcela del ejido Loza de los Padres.
A pesar de la similitud de los terrenos, el precio pagado por metro cuadrado en San Carlos fue de mil 106 pesos, 11 veces más que la parcela de Loza de los Padres.
Parten club deportivo
Un terreno que pertenecía a un club deportivo de la zona, donde actualmente existen canchas de futbol y que colinda con la calle Torre Perogil de la colonia Arboledas del Campo, quedó partido a la mitad por el malogrado proyecto del tren.
La franja de ese terreno que compró el Gobierno mide aproximadamente 30 metros de ancho y a la mitad de ella existe una hilera de árboles que pudiera rebasar los 100 metros de largo, casi frente al entronque de la autopista León-Aguascalientes.
Otro predio rústico que pertenece al ejido de la comunidad San Juan de Otates, fue pagado en 260 mil 200 pesos, teniendo una superficie de 452 metros cuadrados (575 pesos por metro cuadrado), quedando inscrito con el número de escritura 2,022 en el Registro Público de León.
En la zona urbana
El Gobierno compró propiedades en la colonia Arboledas del Campo II, al oriente de León, donde pagó desde 328 pesos hasta los 8 mil 247 pesos por metro cuadrado para liberar los derechos de vía del tren.
Arboledas del Campo II se localiza entre el Hospital General Regional de Alta Especialidad y la carretera a Silao, a la altura de la Puerta del Milenio. La colonia no tiene pavimento, drenaje ni agua potable.
AM visitó el lugar y constató que algunos antiguos dueños siguen habitando las viviendas que compró el Gobierno desde hace más de cuatro años.
Aunque José de Jesús Barajas Ortiz vendió su casa en diciembre de 2008 en 1 millón 8 mil 882 pesos, actualmente su mamá la sigue habitando.
Cuando vendió, quitó puertas y ventanas de la segunda planta y derribó algunas paredes interiores, porque le dijeron que ya iba a iniciar la construcción del tren.
“Se habla mucho del tren que se va a construir, pero yo creo que es puro cuento y ya se fregaron los terrenos”, dijo Juan José Hernández, vecino de la colonia.
La finca de 121 metros cuadrados de superficie está ubicada en el número 318 de la calle Torre Molinos que forma parte de la manzana 9 y que de construirse el tren, tendría que desaparecer completamente.
Al momento de la venta, el avalúo fiscal de la finca era de 523 mil pesos, según documentos de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios. El Gobierno pagó casi el doble.
La propiedad fue comprada por Juan Manuel Oliva, a nombre del Gobierno del Estado, el 15 de diciembre de 2008 y quedó inscrita con el número de escritura 1,999.
A 50 metros de esta propiedad está la casa marcada con el número 401 de la calle Torre Nueva, donde vive María Jiménez y su familia, quien platicó que su esposo Faustino Barajas Ortiz vendió la vivienda al Gobierno. Sin embargo, siguen habitándola hasta que les permitan los nuevos propietarios.
“Mi esposo la vendió, pero aún no le pagan todo porque falta una parte del terreno que tenemos a un lado. Cuando nos pagaron la casa nos dijeron que nos saliéramos y quitamos las ventanas, pero después ya no vinieron y nos vamos a quedar aquí hasta que nos digan que las van a tirar. Muchos vecinos ya se fueron”, dijo la vecina.
Un terreno comprado en la misma calle, pero ubicado en la manzana 3, fue pagado en 85 mil 120 pesos con una superficie de 112 metros cuadrados, lo que equivale a 760 pesos por metro cuadrado.
La compraventa se cerró el 5 de enero de 2009, bajo el número de escritura 2,038.
Otra de las propiedades que ya forman parte de las adquisiciones del Gobierno de Guanajuato, es un terreno marcado con el número 10 de la manzana 7, también ubicado en la calle Torre Molinos.
Por el terreno de 144 metros cuadrados se pagaron 124 mil 787 pesos, mientras que el avalúo fiscal establecía que el valor de la propiedad era de 51 mil 840 pesos.
En este caso, el metro cuadrado fue pagado en 866.57 pesos, 106 pesos más por metro que el terreno vecino.
La misma cantidad se pagó en otro terreno de Torre Molinos, registrado el 11 de marzo de 2009.
Por lo menos 5 de las casas adquiridas por el Gobierno anterior, ya están deshabitadas y han comenzado a desmantelarlas, otra cantidad igual son utilizadas como espacios para tirar escombro y basura y por lo menos 3 más siguen habitadas.

Parten en 2 casa campestre

Una fracción de terreno que fue parte de la Ex Hacienda de Otates, al oriente de León, la compró el Gobierno del Estado para liberar el derecho de vía del proyecto del Tren Interurbano.

En el predio hay una casa campestre, la cual quedó partida a la mitad.
La parte fraccionada es una superficie de 10 mil 303 metros cuadrados (poco más de una hectárea) y está ubicada entre la carretera a la comunidad de Loza de los Padres y el arroyo El Colgado, muy cerca del fraccionamiento Valle de San Carlos y frente al entronque de la autopista León-Aguascalientes.
En el sitio hay terrenos de cultivo, canales de riego, invernaderos de árboles frutales y flores, además de un granero.
Por el pago de afectaciones la dueña del terreno recibió del Estado 7 millones 400 mil pesos, de acuerdo al contrato de compraventa con fecha 19 de diciembre de 2008.
“¿A poco ahora sí van a hacer el tren?, ya van como unos 4 años que vinieron a medir el terreno y pusieron el letrero que está ahí, pero no hicieron nada”, dijo incrédulo un trabajador de la finca.
Dijo que de construirse el tren, partirá a la mitad la casa campestre, como se puede apreciar en el croquis anexo a la escritura del inmueble.

‘No se ocultó, ni hubo intermediarios en tren’

La información de la compra de terrenos para el derecho de vía del tren interurbano no se ocultó, sólo se reservó siete años para evitar especulación, justifica Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico.

En entrevista, reconoce que se pagaron precios diferenciados por terrenos con las mismas características -como logró documentar una investigación de AM-, aunque dice que los pagos se hicieron con base en avalúos.
También niega la participación de intermediarios.

¿Por qué se pagaron precios diferentes en las propiedades que se compraron?
Todo partió de los avalúos que se hicieron, Indaabin (Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), partiendo de esos avalúos fue como se establecieron los precios diferenciados, es la razón por la cual se marcan las diferencias en cada una de las zonas.
¿Hay terrenos o propiedades que tienen las mismas condiciones y son diferentes los precios que se pagaron?
Insisto: fueron los avalúos y después los procesos de la propia concertación del propio convenio con los mismos ejidatarios. El avalúo nos establece una referencia de orden fiscal, hubo ocasiones en que los terrenos tenían justamente otras infraestructuras, otras características, sobre todo tratándose de algunas tierras de carácter rústico, si tenían enterrados sistemas de riego, o establos, o bodegas pues siempre se establecía un valor en función de lo que se estaba adquiriendo.
¿Por qué se contrató a una empresa como intermediario para que hicieran las compras?
A ver, no son intermediarios, es un punto que es importante precisar, todas las compras que se hicieron, se hicieron de manera directa y todos los propietarios recibieron su pago de manera directa del Gobierno del Estado. Es importante precisar que cuando estábamos en esto desde el 2006, se creó una comisión intersecretarial conformada por Obra Pública, por la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Económico y ahí analizando lo que implicaba el proceso, se determinó que el Gobierno del Estado no tenía las capacidades humanas ni técnicas para poder hacer las operaciones directamente, entonces en la comisión se acordó la contratación del despacho a efecto de poder tener -a partir del trazo que nos otorgó el concesionario- todo el trabajo de precisión y ese trazo que nos lo dan en medios electrónicos, hacerlo en campo para precisar exactamente cuál era la ruta a seguir de la construcción del ferrocarril (…) Todos estos trabajos de carácter topográfico, jurídico, administrativo son los que no teníamos nosotros las capacidades para hacerlo y se decidió la contratación de este despacho, pero quisiera precisar, no son intermediarios, los convenios se hacen directamente entre el Gobierno del Estado y los propietarios, entonces la compra, los cheques van directamente del Gobierno del Estado hacia los propietarios. No son intermediarios, son prestadores de servicios para hacer la operación.
En las propiedades que adquirieron, habitan los antiguos propietarios. ¿Esto no les traería problemas en un futuro?
Pudiera ser, pero tenemos todos los elementos jurídicos necesarios para hacer valer justamente la propiedad de la tierra, pero que el proceso tratándose en estos casos, ahí se convino y está consentido de que en un momento dado los propietarios podrían seguir haciendo usufructo de esa propiedad y cuando les requiriéramos que la entregaran, manifestaran desde ahí mismo su consentimiento, entonces no creemos que tengamos problemas de carácter jurídico porque así está acordado desde el principio.
Hay un predio que se denomina Sauces de Arriba, ahí se compraron 27 mil metros cuadrados, se pagaron más de 9 millones de pesos, más de 3 millones por hectárea, y en un terreno del ejido de Loza de los Padres se pagó mucho más barato. ¿Por qué?
Podría ser verdad, no tengo los niveles de precisión para decirte por qué área aquí y por qué acá, pero lo que puedo mencionar es el hecho de, insisto, en la parte del avalúo y a partir de eso es como se establecieron las negociaciones.
En febrero del 2006 dijo usted en una entrevista que había 95% de probabilidad de que se hiciera el proyecto, ¿qué pasó?
Mi declaración en aquel entonces era derivado de los grandes avances que había, pero lo voy a decir de manera muy puntual, no solamente avances, para esas fechas el concesionario ya había acordado el asociarse con inversionistas de carácter privado, en esas mismas fechas había intereses de diferentes grupos extranjeros para financiar el proyecto, el último punto fue cuando incluso se llegó a firmar un acuerdo entre el concesionario con un agente de la India, en donde aceptaba ya el transferirle la concesión. Se firmó el acuerdo, yo firmé en carácter de testigo y después el concesionario cambió abruptamente de opinión al punto tal que hoy le está provocando una demanda de parte de este interesado al anterior concesionario, entonces en base a eso eran las expectativas.
Revisando el proyecto del tren observamos los lugares donde quedarían las estaciones. ¿Estos lugares ya se compraron?
El proceso se interrumpió cuando decidimos rescatar la concesión, veníamos trabajando en esta parte cuando este cambio de la falta de disposición del concesionario anterior para llevar adelante el problema, y cuando entonces en la comisión se tomó la decisión de iniciar el rescate de la concesión por razones de carácter jurídico, entonces suspendimos todos los procesos y una vez de que se rescató la concesión y que se ha hecho el nuevo diseño del proyecto, estamos esperando las señales en un momento dado de la propia Federación para homologar el proyecto que traen en lo federal con Guanajuato, entonces por eso no se ha tocado, no se ha concluido, no se ha continuado el proceso de liberación de derecho de vía hasta tener la certeza de cuál será el proyecto que estaremos desarrollando.
¿Por qué en un principio se ocultaron los precios de la compra de terrenos y lo que pagaron por ellos?
Difiero de tu término de ocultar, la parte es reservar y se reserva por un periodo de tiempo, por las razones mismas que la propia ley establece, el punto fundamental tiene que ver nuevamente con que hay intereses ajenos, intereses particulares, intereses especulativos, que en un momento dado lo que quieren es aprovechar esta circunstancia en beneficio de alguna persona o de algún interés particular. Y esto es justamente lo que la ley permite, bajo el supuesto de que podría poner en riesgo justamente el erario o el presupuesto estatal, esa es la principal razón y esa es la que se manejó en la comisión y se estableció el acuerdo en la administración, a efecto de reservar, pero dicha reserva tiene un periodo de vencimiento.
¿De cuánto es este periodo?
No me acuerdo cuánto tiempo se reservó (7 años, contesta uno de sus asesores), 7 años en la consideración de aquel proyecto, consideramos que ya en esas fechas estaría liberado y puesto de iniciar la construcción.