Punto final. El dictador Jorge Rafael Videla falleció de muerte natural a los 87 años en la cárcel del municipio de Marcos Paz, a 50 kilómetros de Buenos Aires.
El director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, confirmó el deceso del ex dictador, que gobernó Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta 1981.
Videla fue hallado sin vida en su celda de la penitenciaría de Marcos Paz, informó el servicio penitenciario.
“Se lo encontró en su celda sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realiza un ECG (electrocardiograma) constatándose su óbito, siendo las 08.25 horas del día de la fecha”, señaló un parte médico.
Cumplía prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Eran las 8:25 de una mañana fría y soleada. Y la vida continuó en Buenos Aires como cualquier otro día. No se oyeron bocinas, ni festejos, ni voces de ensañamiento. La palabra que más se escuchó fue justicia.
En un País tan dividido, donde casi todo el mundo parece tener una opinión tajante a favor o en contra del Gobierno, ayer se produjo un gran consenso: el ex Comandante en Jefe del Ejército, el que fuera Presidente de hecho entre 1976 y 1981, murió donde tenía que morir, tras ser juzgado y condenado en democracia.
Es como si los legisladores, los jueces, los periodistas, los grandes activistas de derechos humanos, hubieran dicho: “Cumplimos con nuestro cometido. Ahora, hay que seguir por el mismo camino”.
En ese sentido se expresó el premio Nobel de la Paz de 1984, el argentino Adolfo Pérez Esquivel: “No se ha cerrado un ciclo, hay que buscar más verdad y justicia. Su muerte no debe alegrar a nadie, tenemos que seguir trabajando por una sociedad mejor, más justa, más humana, para que todo ese horror no vuelva a ocurrir nunca más.
“Creo que para aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, después de muchos años y décadas se lograron abrir los archivos de la impunidad y la represión”, reflexionó el premio Nobel, y consideró que “la Justicia debe seguir investigando qué paso”.
“Jamás me acusaron ni me enjuiciaron, soy un sobreviviente de los vuelos de la muerte”.
Su muerte, en cierta forma, se convirtió ayer en un reconocimiento de la democracia. Argentina es el País de Latinoamérica donde más número de personas cumplen condena por delitos relacionados con la dictadura militar.
En 2012 el número de condenados sumaban ya los 244. En la actualidad, en Argentina se está celebrando el tercer juicio por los vuelos de la muerte.
A lo largo de los próximos 18 meses 68 personas tendrán que responder por 789 delitos cometidos durante la dictadura. Más de 900 testigos ofrecerán testimonio sobre los secuestros, las torturas y homicidios que se produjeron durante la dictadura, incluidos aquellos vuelos en los que los detenidos eran arrojados al río de La Plata o al mar desnudos, atados de pies y manos.
“A partir de hoy podremos caminar por la calle con la frente más alta”, indicó un sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de tortura y exterminio del País.
“No nos cegó la venganza ni el odio”, señaló la diputada opositora Victoria Donda, quien sufrió la tragedia de ser robada durante la dictadura cuando era un bebé.
El legislador oficialista Juan Cabandié, que padeció la misma tragedia y fue recuperado por las Abuelas de la Plaza de Mayo, indicó: “Lamento que se haya llevado a la tumba información muy importante en relación a los nietos que faltan encontrar y a los cuerpos de nuestros papás y de sus compañeros. A mí me quitó la posibilidad de ser abrazado por mi mamá y contenido (apoyado) por mi papá (...).
Jorge Rafael Videla, que tanto ensalzó su honor castrense, será sepultado sin recibir los honores militares en su funeral, ya que en 2009 el Gobierno emitió una resolución por la que se prohibía rendir este tipo de homenajes a los represores fallecidos.

‘Deja al mundo unser despreciable’

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo: “Me quedo tranquila de que un ser despreciable ha dejado este mundo”. Madre de una desaparecida y abuela de un nieto robado por el régimen, recordó que “este hombre malo nunca se arrepintió y reivindicó todos sus delitos”.
Argentina ha sido uno de los pocos países de la región que ha puesto tras las rejas a los responsables de las dictaduras militares de los 70’s.
En el kirchnerismo, que fue el impulsor de la reanudación de los juicios que volvieron a condenar a Videla en 2000, un parlamentario de Buenos Aires, Juan Cabandié, que fue uno de los 400 bebés robados por el régimen, opinó que el ex dictador fue “la persona más significativa de la represión… hizo desaparecer a 30 mil compañeros, sin dejar de lado la complicidad de los otros artífices”.
También se refirió en concreto a la desaparición de sus padres: “A mí me quitó la posibilidad de ser abrazado por mi mamá y contenido por mi papá. Uno no tiene sentimientos de odio ni venganza. Era un hombre de temer, por esa cabeza perversa que tenía, pero por suerte estaba en la cárcel”.

El hombre quenunca pidió perdón

Muchos argentinos reaccionaron ayer ante la muerte del encarcelado Jorge Rafael Videla, a los 87 años, calificándolo como “hijo de puta”.
El dictador más cruel que jamás haya conocido Argentina -que se decía católico, nunca se arrepintió de nada, siempre reivindicó todo y sólo reconoció algún “error”- gobernó su País entre 1976 y 1981.
En ese tiempo su régimen forzó la “desaparición” de hasta 30 mil personas, muchas arrojadas al mar en los vuelos de la muerte, y otros fusilados, o torturó, saqueó bienes de sus perseguidos, empobreció a la clase trabajadora, fomentó la especulación financiera en detrimento de la producción local y endeudó a su País.
Su madre se llamaba María Olga Redondo y su padre Rafael. Jorge Videla nació el 2 de agosto de 1925 en Mercedes (100 kilómetros al oeste de Buenos Aires).
En 1942 inició su carrera militar. Por entonces los conservadores gobernaban Argentina sobre la base del fraude electoral. Seis años después se casó con Alicia Hartridge, hija de un Embajador, con quien tuvo siete hijos, dos que también fueron militares y otro que sufría problemas mentales y que fue cuidado por una monja francesa que más tarde sería secuestrada por el régimen.
En 1971, el dictador militar Alejandro Lanusse lo ascendió a General. Eran tiempos en que el peronismo y la izquierda habían tomado las armas para enfrentarse al régimen, en plena Guerra Fría. En 1975, la presidenta Isabel Perón, respaldada por la derecha y enfrentada a la guerrilla peronista Montoneros, designó a Videla jefe del Ejército y decretó que las fuerzas armadas aniquilasen la “subversión”.
En 1976, Videla y los cabecillas de la Marina, Emilio Massera, y la Fuerza Aérea, Orlando Agosti, dieron un golpe para hacerse cargo de forma directa del terrorismo de Estado que ya había asomado contra opositores.
Además cerraron el Congreso, los partidos políticos y los sindicatos. Le llamaron “Proceso de Reorganización Nacional”. Videla, que encabezó la Junta Militar, también justificó el golpe en la necesidad de cambiar la desastrosa situación económica, afectada por la hiperinflación.
Muchos empresarios y la mayoría de la jerarquía eclesiástica lo apoyaron, según él mismo reconoció. Parte de la sociedad civil también respaldó el fin del desgobierno de Isabel Perón, pero con los años se arrepentiría a tal punto que en la actualidad son una ínfima minoría los argentinos que defienden la dictadura.
Videla persiguió a cualquier sospechoso izquierdista o comprometido con causas sociales, a guerrilleros y opositores de diversa ideología, obreros y sindicalistas, estudiantes y profesores, profesionales y empleados, artistas y periodistas, empresarios y religiosos, como el Obispo Enrique Angelelli, por cuyo asesinato estaba procesado el ex dictador, entre otras causas pendientes.
Hubo secuestros, torturas -incluso de bebés de detenidos-, sustracción de las pertenencias de los desaparecidos, asesinatos y robos de 400 hijos de embarazadas cautivas.
Videla fue condenado a prisión perpetua en 2012 por organizar el plan sistemático de desaparición de estos niños, de los cuales 109 han recuperado su identidad.
La dictadura no reconocía los secuestros ni los asesinatos, y las madres de los detenidos iban preguntando por sus hijos por aquí y por allá. Daban vueltas silenciosas a la Plaza de Mayo en señal de protesta.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron 30 mil desapariciones.
“Ni muertos ni vivos, están desaparecidos”, explicó en 1979 Videla, que décadas más tarde reconoció siete mil u ocho mil homicidios, aunque los justificó por la “guerra contra la subversión”.
“Para no provocar protestas dentro y fuera del País, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera”, relató quien para muchos argentinos representa el símbolo del horror.
Fiel asistente a misa, Videla decía en 1978 que “un terrorista no es sólo alguien con un revólver o una bomba, sino también aquel que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”.
Así fue como su régimen quemó libros, prohibió canciones, controló la prensa y forzó al exilio a artistas, intelectuales, científicos, periodistas y otros argentinos de diversa condición social.
El dictador nombró como ministro de Economía a un empresario y ganadero, José Alfredo Martínez de Hoz, que también falleció este año. Congelaron los salarios, fomentaron la especulación financiera, liberalizaron de forma unilateral el comercio en detrimento de la industria local y multiplicaron la deuda pública hasta niveles nunca vistos en Argentina.
Por un lado, financiaron el Mundial de Futbol de 1978, durante el cual el régimen intentó lavar su imagen ante el resto de los países. El 6-0 de la Argentina campeona contra Perú quedará siempre bajo sospecha, pues esa goleada la clasificó para la Final.
Por otra parte, reforzaron el gasto militar para la represión interna y para prepararse ante una eventual guerra ese año con el Chile de Augusto Pinochet por disputas limítrofes. Sus planes contra la inflación no lograron bajarla nunca del 100% anual y el malestar socioeconómico terminó forzando el final del Gobierno de Videla en 1981.
Enfrentado con Massera, los militares reemplazaron al dictador por otro general, Roberto Viola.
También la presión internacional se hacía cada vez fuerte contra el régimen, sobre todo a partir de 1979, cuando una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recabó información sobre los crímenes que estaban cometiéndose.
En 1980, uno de los denunciantes y ex detenido, Adolfo Pérez Esquivel, recibió el Nobel de la Paz.
En 1983 regresó la democracia a Argentina y el presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), impulsó el juicio a las juntas militares. Dos años después, Videla y el resto de sus secuaces fueron condenados a prisión perpetua por 504 secuestros, torturas, robos, usurpaciones, esclavización de detenidos y robo de bebés.
Pero en 1990, ante la presión militar y el rechazo de la sociedad civil, el entonces presidente Carlos Menem, un peronista que estuvo preso años durante el régimen, indultó a los jefes militares y guerrilleros presos por los delitos de los 70’s. Videla guardó entonces un perfil bajo.
Ante la impunidad en Argentina y bajo el criterio de justicia universal contra delitos de terrorismo de Estado, que no prescriben, el entonces juez Baltasar Garzón comenzó a investigar a Videla y otros represores, pero el País sudamericano se negaba a extraditarlos.
En 1998, un juez argentino detuvo al ex dictador por robos de niños que no habían sido juzgados en su momento. Videla estuvo un mes en prisión, pero después consiguió el arresto domiciliario por ser mayor de 70 años.
En 2003, el peronista Néstor Kirchner llegó al poder e impulsó la declaración de inconstitucionalidad de los indultos. En 2007, la Corte Suprema los dio de baja y al año siguiente otro juez ordenó que Videla regresara a prisión por la condena de 1985.
En 2010, recibió otra pena de reclusión perpetua por crímenes cometidos en la provincia de Córdoba. En 2012, fue condenado a 50 años de cárcel por el robo de bebés y todavía tenía varios juicios pendientes más. Uno de ellos, por el Plan Cóndor, de coordinación con las dictaduras de Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay para perseguir opositores.
Tres días antes de morir, declaró en esta causa que se sentía un “preso político”. Murió en una cárcel común, la de Marcos Paz (50 kilómetros al suroeste de Buenos Aires), sin privilegios militares, con el casi generalizado repudio de sus compatriotas. Durante cinco años sembró el terror, durante 10 estuvo bajo arresto domiciliario y durante otros 10 tras las rejas. Ahora, bajo tierra.