Acusan a Chrysler de truquear emisiones

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La EPA notifica la violación a la armadora, que afecta las emisiones del motor a través de un software.

Si se le encuentra responsable, Fiat Chrysler podría enfrentar posibles multas por más de cuatro mil 500 millones de dólares.

El gobierno de Estados Unidos acusó ayer a Fiat Chrysler de no revelar que algunas de sus camionetas con motores diésel tenían un software que les permitía emitir más contaminación de lo permitido por la ley.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) emitió una “notificación de violación” a la empresa que se extiende a unos 104 mil vehículos, incluidas camionetas Jeep Grand Cherokee y tipo pickup Ram del 2014 al 2016, todas con motores diésel de tres litros.

“El no revelar que tienen un software que afecta las emisiones en el motor de un vehículo es una violación grave a la ley, que puede resultar en polución dañina en el aire que respiramos”, dijo Cynthia Giles, subadministradora de la EPA para asuntos de aplicación de leyes y cumplimiento de regulaciones.

El director general de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, negó que la empresa haya obrado mal y dijo que la EPA está exagerando el asunto.

“A nuestro parecer, no hemos hecho algo que sea ilegal”, dijo ayer durante una conferencia telefónica. “Defenderemos nuestro actuar en el lugar apropiado”.

Añadió que la empresa paró la producción de camionetas Grand Cherokee y Ram con motores diésel en septiembre, pero seguirá vendiendo modelos fabricados antes de esa fecha que estén en los lotes de concesionarios.

La empresa dijo que planea presentar argumentos en su defensa ante el gobierno entrante de Donald Trump.

La EPA dijo que seguirá investigando “la naturaleza y el efecto” de las ocho funciones de software identificadas a través de un intenso programa de pruebas lanzado luego que Volkswagen fuera sorprendida en un escándalo de trampas en el 2015, que involucraba su línea de vehículos “Diésel Limpio”.

Castigo: Si se le encuentra responsable, Fiat Chrysler podría enfrentar posibles multas por más de cuatro mil 500 millones de dólares.