En "lista negra" Pesquera, Kornhauser, Manrique y otros ex funcionarios

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El Ayuntamiento votará por la propuesta de sancionar a integrantes de la administración de Bárbara Botello por anomalías en contrato de recolección de basura

Roberto Pesquera, ex tesorero en la administración de Bárbara Botello, entre los funcionarios que están señalados. FOTO: Archivo

Integrantes de la Comisión de Contraloría aprobaron la propuesta de fincar responsabilidades administrativas a ex funcionarios, por irregularidades en la licitación de la recolección de basura.

Esto se deriva de la auditoría específica realizada por la Auditoría Superior de Guanajuato (ASEG), que señaló cuatro rubros con posibles irregularidades: bases de licitación, criterios de evaluación, dictamen de licitación pública y el costo beneficio.

Y que propone sancionar a los ex integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Comisión Técnica Especializada, Consejo del Sistema de Aseo Público (SIAP) y a los integrantes de todo el Ayuntamiento de la administración de Bárbara Botello Santibáñez.

La primera observación es: por aprobar las bases sin que se hayan especificado en las condiciones técnicas administrativas y financieras, los requerimientos para brindar el servicio.

Una segunda señala que en las bases, "no se señalaron los criterios y formas para la evaluación, lo que ocasionó que la comisión técnica aplicara criterios distintos en la evaluación de las propuestas, de las empresas participantes sin que estuvieran en igualdad de condiciones", dice.

La tercera indica como posibles responsables a los integrantes de la Comisión Especializada Técnica por aceptar las propuestas de Gisa y Red Recolector (actuales concesionarias), "cuando no cumplieron condiciones señaladas en las bases de la licitación pública en mención ni en junta de aclaraciones", señaló la ASEG.

La última observación corresponde al incremento del costo del servicio y señala a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente como posibles responsables.

"No se sustentó con el análisis de costo-beneficio, debido a que con base en la proyección de pagos al tercer cuatrimestre 2014, el costo del servicio tiene una tendencia del 54% en relación con la propuesta de inversión".

Con los votos a favor de Ana María Carpio y Jorge Arturo Cabrera (PAN), la abstención del síndico Luis Ernesto Ayala Torres (PAN) por manifestar un interés (su hermano fue regidor) y el voto en contra de Salvador Ramírez Argote (PRI), se aprobó comenzar el procedimiento que será votado hoy en pleno del Ayuntamiento.

Ánimos calientes

La aprobación no pasó sólo así; antes de poder autorizar el orden del día, los regidores se enfrascaron en debate y reclamos.

Salvador Ramírez Argote pidió que no se incluyera el tema en la reunión, pues no conocía el expediente.

"Hoy nos estamos reuniendo apenas para conocer, necesitamos un tiempo para entrar al estudio de la denuncia, sin haberlo conocido estaríamos sobre las rodillas y a ciegas", acusó el regidor.

El contralor municipal, Esteban Ramírez Sánchez, señaló que la urgencia era porque de no hacerlo, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades, las posibles sanciones podrían prescribir.

El priísta insistió, pero antes se enfrentó con la panista Ana María Carpio Mendoza, quien le dijo: "No estás leyendo Chava, ahí dice que vamos a analizar", dijo, desesperada.

Luego de la exposición del Contralor, el "round" continuó.

Argote pidió a los integrantes que le dijeran si estaban o no de acuerdo con lo que, a su opinión, era una irresponsabilidad.

"Por qué vamos a autorizar algo que no conocemos con detalle, me parece un abuso de poder de parte de los miembros en contra de sus enemigos políticos. Jorge (Cabrera), aunque te dé risa, yo no sé tú papá, que fue presidente de mi partido, qué pensaría de la actitud que estás tomando tan irresponsable", acusó el regidor.

Cabrera González reviró: "Lo que usted está haciendo regidor es darle vueltas al tema, de intentar hacer el espectáculo que siempre hace y de desviar la atención".

Prometen cero impunidad

Una fuente del Gobierno Municipal señaló que se sancionarán las irregularidades: "Nuestro compromiso con la ciudadanía leonesa es claro y firme, por ello en este caso nos hemos planteado dos objetivos:

"Dar certeza a la ciudadanía respecto a un proceso de licitación que ha sido cuestionado severamente a lo largo de los últimos años.

"Y que cualquier anomalía sea debidamente sancionada: cero impunidad".

La licitación

El jueves 15 de mayo de 2014, en una reunión secreta, la Comisión Técnica Especializada para la Licitación del Servicio de Recolección de Basura, aprobó el fallo para que las empresas Red Recolector y Gestión Ambiental dieran el servicio a la ciudad por 20 años.

La Administración pasada, decidió renovar el servicio, luego de que la última semana de abril de ese año, vencieron los contratos de los concesionarios que brindaban el servicio y que desde 2009 renovaban sus contratos en temporadas de seis a nueve meses.

Fueron los ex concesionarios del servicio quienes no estaban de acuerdo con que se realizara una licitación y comenzaron a manifestarse contra ella y las bases de la misma; incluso, pararon avenidas como el bulevar Adolfo López Mateos.

Mientras se consumaba el proceso de licitación, el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) entró en crisis, pues no se lograba realizar la recolección completa en la ciudad.

El 13 de mayo del mismo año, la presidenta municipal, Bárbara Botello Santibáñez, dos días antes del fallo, aseguró que el compromiso con la nueva licitación era ofrecer un mejor servicio, pero no incrementar el costo por el servicio.

"Estaremos pendientes de que los costos no se disparen, ése es el compromiso, y no va a ser muy alto, las empresas que se han inscrito son muy profesionales y están para negociar", prometió en aquel momento.

Sin embargo, hasta marzo de 2014, el Municipio pagaba 89 millones 549 mil pesos por la basura.

Actualmente, el costo anual supera los 200 millones de pesos y el servicio ya no se presta diariamente en grandes zonas de la ciudad.

Denuncian irregularidades

Siete demandas se presentaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato por asuntos relacionados con la concesión del servicio de recolección de basura en León.

Del total, seis son en contra del fallo de la licitación que aprobó la mayoría del Ayuntamiento leonés en mayo de 2014 para que las empresas GISA y Red Recolector presten el servicio público durante 20 años.

Las demandas fueron recibidas entre junio y julio de 2014 y otra más en octubre de 2015.

En 2015, el Congreso del Estado aprobó realizar una auditoría específica a dicho proceso de licitación, a petición del ex diputado Daniel Campos Lango por posible daño patrimonial ante el incremento del costo por el servicio.

Actualmente, el Tribunal ya ordenó reponer el fallo de licitación y el Municipio debe argumentar la razón por la cual se eligió a estas empresas para dar el servicio.

POSIBLES SANCIONADOS

*Comisión de Medio Ambiente Sustentable:

Presidenta: Beatriz Manrique Guevara

Luis Fernando Gómez, Alejandro Arena, Verónica García y Jacobo Cabrera

*Comisión Técnica Especializada del H. Ayuntamiento de León:

Presidenta: Regidora Beatriz Manrique Guevara (PVEM)

Tesorero: Roberto Pesquera Vargas

Síndicos: José Eugenio Martínez Vega (PVEM) y Luis Fernando Gómez (PRI).

Regidores: Aurelio Martínez Velázquez (PRI), Alejandro Arena Barroso (PAN), Alejandro Kornhauser Obregón (PRI).

Director general de Gestión Ambiental: Fidel García Granados.

Director de Sistema Integral de Aseo Público (SIAP): Norberto Gerardo Origel Camacho.

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales: Christian Jones Albo.

Presidente del Consejo del SIAP: Otto Portugal Prada

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