Experimentos mortales en el Instituto de Neurología
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Experimentos mortales en el Instituto de Neurología

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Una práctica experimental ilegal realizada hace más de una década sobre 500 pacientes resurge con el nombramiento de Miguel Ángel Celis como director general del Instituto Nacional de Neurología y Neu

Miguel Ángel Celis, nuevo director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. / Fotos: Agencia Reforma y Especiales


El nombramiento de Miguel Ángel Celis como director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN), el 17 de febrero pasado, revivió una polémica relacionada con su presunta responsabilidad en la práctica experimental ilegal realizada contra más de 500 pacientes con hidrocefalia desde hace más de 10 años.


En entrevista, el neurocirujano Rodolfo Ondarza -quien aspiraba a la dirección del INNN- ha denunciado irregularidades en el proceso para beneficiar a Celis, quien en 2006 fue acusado de incurrir en diversas acciones irregulares cuando fue director de Radioneurocirugía y fue acusado de fraude por su investigación sobre la esclerosis múltiple. El escándalo lo orilló a renunciar al cargo.


De acuerdo con Ondarza, Celis forma parte del Comité de Ética y Transparencia en la Relación Médico-Industria (Cetremi), junto con Julio Sotelo, quien a comienzos de los años 90 diseñó un sistema de drenaje para tratar casos de hidrocefalia, pero el modelo no cumplió con las estipulaciones de la Secretaría de Salud. Sin embargo, a partir de 1998, Sotelo ordenó que se usara de manera experimental, sin que el protocolo de investigación fuera revisado por el Comité de Ética del nosocomio.


Ondarza, junto con los neurocirujanos Édgar Natal Vera y Roberto Suástegui, pidió al actual secretario de Salud, José Narro, la recomposición del comité designado para la selección, porque con Celis en éste había un conflicto de interés y se violaba la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Narro, sostiene, nunca les respondió.


Las denuncias


 


El 5 de febrero de este año, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RCI) entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las pruebas documentales sobre el daño que ocasionó a Yolanda Guerrero Caballero y Alberto Gutiérrez Robles el experimento contra la hidrocefalia, para que fueran integrados a la Petición de Admisibilidad que el presidente de la RCI, el obispo Raúl Vera, promovió desde 2012.


“La Comisión Interamericana archivó la petición 1316-12 porque no había víctimas directas solicitando justicia; eran víctimas indirectas: en este caso, el grupo de doctores que había luchado para aclarar esta situación y que fue despedido (Ondarza, Natal y Suástegui)”, indica Magdalena López Paulino, vocera de la RCI, en entrevista con Proceso.


Yolanda y Alberto se acercaron a la Red para entregarle los documentos que avalan que fueron utilizados como conejillos de indias cuando recibieron el implante quirúrgico intracerebral. Denunciaron también que nadie les avisó -a ellos, ni a sus familiares- que el procedimiento estaba en fase experimental y que, además, tuvieron que pagar la operación.


El 6 de febrero, añade López Paulino, miembros de la Red tuvieron una reunión con el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba Góngora, “para hablarle de esta experimentación en el INNN sin aval ni de los pacientes, ni de la familia de los pacientes”.


Ella también ha hablado al respecto en la Universidad de Columbia “acerca de este experimento que se estuvo realizando en este instituto”. Y la RCI ha entregado un informe al respecto a la ONU, en Nueva York, Estados Unidos.


El jueves 2, Yolanda y Alberto explicaron cómo fueron utilizados por neurocirujanos del INNN al recibir el “sistema de derivación ventrículo-peritoneal de flujo continuo”. En conferencia de prensa, denunciaron que son aproximadamente 500 pacientes afectados por este experimento.


Los daños que les ha causado el implante son irreversibles, porque se encuentra encarnado en el cerebro, lo cual les ha impedido realizar sus actividades cotidianas y les causa fuertes dolores de cabeza, inestabilidad en el cuerpo e insomnio.


Han interpuesto denuncias ante la PGR, puesto que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han registrado el mal manejo de este implante.


Un triste caso


 


El 24 de marzo del 2009, María de Lourdes Walkup Mentado, quien entonces tenía 45 años, presentó ante el Ministerio Público de la Federación, en Cuernavaca, Morelos, una denuncia contra el INNN, con copia a la Secretaría de la Función Pública. Entre los presuntos responsables de “hechos cometidos en agravio a su persona” nombró a Miguel Ángel Celis, quien entonces era director de Radioneurocirugía.


En el expediente Conamed 2806/09 (abierto en enero de 2010 en la Ciudad de México) se expone el caso de la señora desde que ingresó al INNN el 18 de abril de 2006 “por vértigo y mareos”. Le detectaron un tumor, la operaron y le colocaron una válvula. Al poco tiempo se quejó de que tenía una sensación “como que caía una fuente de agua” dentro de su cabeza, pero no le hicieron caso y la dieron de alta. Tuvo que regresar al instituto porque le comenzó a salir un líquido por la nariz.


De inmediato la internaron porque resultó ser líquido cefalorraquídeo. La volvieron a operar “pues había una fístula”. El siguiente paso para su recuperación era una radioneurocirugía, que sería realizada por el doctor Celis, a quien sólo vio una vez durante el proceso. Sin embargo, él no la practicó.


El 12 de junio de 2009 ratificó su denuncia porque ni ella, ni sus familiares fueron informados sobre una autorización para realizarle un procedimiento de panangiografía cerebral “y para la colocación del sistema SDVP tipo INN PCD”, como tendría que haber ocurrido según lo que señala el Reglamento de la Ley General de Salud. Además, la señora nunca tuvo síntomas de hipertensión endocraneal o hidrocefalia obstructiva, que son los males que supuestamente cura ese procedimiento.


Walkup Mentado promovió una queja ante la Conamed (que se registró con el expediente 1401/2009), pero concluyó por falta de interés procesal, pues el entonces apoderado legal del INNN, Jaime Gabriel Narváez Géniz, “no aceptó someterse a proceso arbitral”. Alegó la prescripción del caso y por eso no se actuó en esa ocasión.


Walkup Mentado falleció sin recibir justicia y a consecuencia de las lesiones cerebrales que le causaron el experimento de Sotelo y Celis.


La mano
que mueve a Celis


 


En 1993, Julio Everardo Sotelo Morales patentó, a título personal, un tubo o manguera experimental que denominó “sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo”. Está fabricado con un material llamado Tygon y supuestamente corrige la hidrocefalia.


Nunca había sido usado de manera permanente en el interior del cerebro humano. Este sistema, al no emplear una válvula, depende para su funcionamiento de la “gradiente de presiones”; es decir, el paciente debe permanecer sentado o de pie para que funcione. En una persona acostada, por el contrario, su uso incrementará la presión intracraneal.


Lo anterior ocurrió también en otros hospitales donde -a decir de Sotelo Morales en artículos publicados en el INNN- el aparato se colocó en recién nacidos. A ellos terminaron retirándoles el sistema experimental.


A casi 10 años de estas denuncias, no ha habido una resolución ni parcial ni definitiva y las víctimas siguen muriendo, afirma.


Ondarza llamó la atención de los “dedazos” en estos nombramientos, porque quienes los perpetran son quienes deciden sobre las políticas públicas en materia de salud y afectan directamente a la población.


Menciona que el INNN está “en números rojos” y desde noviembre del 2016 los pacientes tienen que realizarse sus estudios clínicos en laboratorios privados.


El 15 de abril del 2015 se publicó en Internet que Sotelo Morales renunció a su cargo como miembro propietario del Consejo de Administración y miembro del Comité de Riesgos de Genoma Lab.


Pese a los señalamientos contra Celis, el 17 de febrero del 2017, Narro le dio posesión como director general por un periodo de cinco años.


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