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Opinión
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Existen claras evidencias de que a través de los siglos, todos los sistemas de gobierno han establecido políticas archivísticas


Acaba de realizarse el primer Foro Nacional de Archivos Legislativos en la Ciudad de México con la participación del INAI, el Archivo General de la Nación, el Congreso Federal y los Congresos Estatales e integrantes del Consejo Nacional de Archivos con el propósito de integrar un Sistema Nacional de Archivos Legislativos.
Tuvimos la oportunidad de presentar lo que hemos hecho en Guanajuato en la Casa Legislativa y al término del foro fuimos designados como los representantes de los Congresos Locales ante el Consejo Nacional. Desde aquí mi reconocimiento a todos los integrantes de nuestro Congreso por tan distinguida labor de custodia de los archivos legislativos de nuestro estado desde 1822 y los invito a conocerlo en http://www.congresogto.gob.mx/centro_estudios#7.
Diserté en el panel sobre el valor de los archivos y su relación con el Poder. Cité al historiador Víctor Bello quien señalaba que “Cada persona construye lo que le resulta necesario e importante para su vida. Destruye lo banal, lo inútil. Cuando una persona quiere dañar a otra, destruye lo que es importante y necesario para ese otro. Igual ocurre con los pueblos. Construir y destruir el archivo son acciones conscientes y meditadas, rara vez casuales. Quien destruye el archivo, destruye la propiedad, destruye los derechos, destruye la identidad, destruye la memoria. Quien destruye el archivo, destruye la prueba de lo bueno y de lo malo de cada uno, sea hombre o país. El archivo y el poder mantienen una relación dual de amor y odio, de construcción y destrucción.”
Existen claras evidencias de que a través de los siglos, todos los sistemas de gobierno han establecido políticas archivísticas siempre sometidas al interés del poder político, lo que se ha traducido en una serie de debilidades en el acceso a la información, entre las que se encuentran la falta de transparencia en la actuación de la administración y el poder. Una consecuencia inmediata es la corrupción, evidenciando que es de vital importancia una correcta gestión de documentos para que exista una transparencia capaz de paliarla.
El archivo es un activo esencial de las dinámicas políticas y económicas de los gobiernos, que desarrollan como sistemas de poder estrategias para la producción y conservación de documentos adecuada a sus intereses y pretensiones. El diseño de las políticas archivísticas siempre ha sido consentido por los sistemas de poder y muestran gran precariedad legislativa, ya que solo se dispone de lo básico para que el archivo cumpla con la función que se espera de él, esto es, legitimar al poder gobernante ya sea a través de la apropiación de la historia o de la pretendida transparencia administrativa.
Hice énfasis en que las leyes son casi obsoletas en el respaldo de una política acorde al valor fundamental del archivo en una democracia participativa. Además, los espacios y los recursos asignados reflejan el escaso interés de los tres niveles de gobierno de tener más transparencia y como resultante que no hemos terminado de consolidar a los archivos como un servicio esencial.
Puntualicé ahí que la constante más gravosa ha sido la permanente desatención a las leyes en materia de archivo, sin que se cumplan las prometidas sanciones consecuentes. En nuestro país en los últimos 10 años se han publicado en el Diario Oficial de la Federación 28 normativas, incluyendo la Ley Federal y una Ley General que se encuentra en debate -agonizando- desde hace dos años en el Senado de la República.
A la luz de una Carta Magna garantista como la nuestra, queda demostrado que el pacto social que debe establecerse por la igualdad entre todos los ciudadanos ha sido incumplido sistemáticamente en lo concerniente a la información, dado que su acceso se ha privilegiado para los grupos de poder, lo que ha favorecido la manipulación en beneficio propio. En definitiva, el acceso a la información ha sido, y continúa siendo, totalmente asimétrico entre quienes ostentan el poder y los que no lo tienen.
Soy un convencido que una sociedad democrática requiere de una administración abierta al ciudadano. Esto debe pasar por el establecimiento de unos sistemas documentales que registren sus actividades y garanticen la veracidad de las acciones que desarrolla a partir de las competencias que se le tienen asignadas. El ciudadano como tal, como elector y como financiador de quienes gobiernan -los tres poderes, los tres niveles de gobierno, los organismos autónomos y los demás entes donde haya recurso público- debe tener garantías de que en cualquier momento podrá acceder a la información que de testimonio que está siendo gobernado conforme a la Ley, a los documentos que sustentan sus derechos adquiridos y a los que son demostrativos del cumplimiento de sus deberes.


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Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba
@ectorjaime


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