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El caso Curzio

Opinión
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Silenciar a los críticos nace de un entendimiento entre concesionarios y funcionarios.


Dice la Constitución que tenemos derecho a “información veraz, plural y oportuna”. ¿Será?
Durante doce años Leonardo Curzio condujo, en su noticiero de Núcleo Radio Mil (NRM), una “tertulia” radiofónica con María Amparo Casar y Ricardo Raphael. El jueves 28 de septiembre criticaron, en ese programa, un par de iniciativas impulsadas por el PRI y promovidas con su peculiar estilo por el líder del tricolor Enrique Ochoa Reza. Ricardo las calificó de “inmoralidad enorme”, María Amparo de “absurdas, populistas y baratas”. Al día siguiente el dueño de la empresa, Edilberto Huesca, informó a Leonardo que ambos colaboradores saldrían del aire por razones presupuestales. Acto seguido, Leonardo renunció. 
Silenciar a los críticos nace de un entendimiento entre concesionarios y funcionarios. El empresario recibe como “concesión” un bien propiedad de la nación y lo administra manejando la información y las ideas para beneficio propio y de quienes gobiernan. Y a los incómodos se les quita el micrófono o la cámara. Los concesionarios reciben privilegios legales y presupuestales. En 2014, por ejemplo, el Congreso les concedió la “libertad programática” (ellos deciden que programas entran y salen) y hay un proyecto de ley para concederles en unos meses el derecho a la autorregulación. Una consecuencia es la concentración de la propiedad y la escasa pluralidad. 
Como recuerda Artículo 19, esa relación de complicidad se refuerza con la publicidad oficial. La pauta publicitaria es la zanahoria y el garrote que atenaza a un buen número de medios mexicanos. Según Fundar, el gobierno de Peña Nieto lleva gastados durante su sexenio más de 37 mil millones de pesos en publicidad oficial. A cambio de esas fortunas, los gobernantes tienen la capacidad de modular contenidos. Es un arreglo con tanta importancia política que la regulación de publicidad oficial es uno de los compromisos incumplidos por Enrique Peña Nieto. 
Regreso al caso Curzio. ¿Censura o prerrogativa del propietario? Estoy entre los convencidos de que hay una relación causal entre crítica y despido. Para Ricardo “fueron los argumentos vertidos en la tertulia los que detonaron nuestra salida” y aunque Leonardo ignora si el “gobierno pidió el despido” mencionó su sorpresa por la “petición de terminar un panel político que goza de ratings altos en un año electoral”. Hay cifras alimentando la duda. En 2016 Núcleo Radio Mil recibió 123 millones de pesos; María Amparo y Ricardo recibían honorarios de 28 mil pesos al mes cada uno. 
Nunca sabremos si el despido vino por una petición expresa, una insinuación emponzoñada (“ahí te encargo a ese par de insolentes”) o los deseos del concesionario de quedar bien con el poderoso. Lo que sí sabemos es que decisiones como esa confirman que periodistas y audiencias estamos en la indefensión. La Fiscalía de la PGR encargada de la libertad de expresión y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no atienden casos de este tipo. Cuando se recurre a los jueces se descubre que la mayoría cree en los argumentos de concesionarios-funcionarios y ve con hostilidad y desdén al periodista independiente. 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, podría garantizar la pluralidad informativa y la desconcentración de los medios, pero es una institución domesticada y castrada. Cuando la empresa MVS se deshizo de Carmen Aristegui se pidió su intervención invocando el derecho a la información. El asunto ni siquiera se discutió en el pleno, el jurídico del IFETEL lo desechó, tal vez porque el responsable de esa oficina es nombrado y controlado por la presidencia de la República. 
Pese a la censura y a los asesinatos, intimidaciones y desapariciones, en México seguimos generando y difundiendo la información “veraz, plural y oportuna” que exige y necesita la sociedad. Es un esfuerzo cotidiano y consistente en el cual participan medios nacionales e internacionales, empresarios y funcionarios, organismos civiles y la ciudadanía. El instrumento estratégico son las redes sociales. El consenso viene del deseo de cambiar para bien a México, del respeto a la diversidad y, finalmente, de una creencia verbalizada en voz de Curzio cuando explicó los motivos por los cuales renunció: “la libertad de expresión es la madre de todas las libertades”.    


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