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Septicemia gubernamental

Opinión
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A veces es necesario hacer un parangón con otros términos, en esta ocasión sobre la medicina.


A veces es necesario hacer un parangón con otros términos, en esta ocasión sobre la medicina, para darle mayor énfasis a los fenómenos socio-políticos que afectan a nuestro país; por ello utilizamos el término de septicemia, cuyas raíces griegas son “septos”: podrido, putrefacto y “haima” sangre, torrente sanguíneo; así pareciera que nuestros niveles de Gobierno federal, estatal y municipal, se encuentran gangrenados por procesos de corrupción de los cuales nos dan cuenta cotidianamente los medios de comunicación.
Después de contabilizar a lo largo y ancho del país los procesos penales que continúan en contra de varios ex gobernadores y de muchos de sus colaboradores, ahora quienes están en turno son diversos funcionarios públicos correspondientes a los Estados de Nayarit y de Quintana Roo. En este último Estado, aparte de la detención del ex gobernador Borge Martín, el viernes 2 de febrero cayó un “pájaro de cuenta” oriundo de Puebla pero que había realizado sus fechorías al grado de infiltrarse hasta como tesorero en la actual administración estatal, de cuyo cargo fue retirado, aunque todavía apareció en una fotografía del 21 de enero pasado participando en reuniones y mítines políticos, me refiero al C.P. Juan Melquiades Vergara, puesto a disposición de la Juez Enriqueta Velasco Sánchez, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien el martes próximo pasado le dictó auto de vinculación a proceso por las acusaciones que presentó la PGR por presunto lavado de dinero, mediante operaciones de triangulación a través de trece empresas, que además estuvieron involucradas en una conspiración para lograr un mecanismo de defraudación fiscal (am 2 B3, 7/2/2018).
A la fecha, a este “angelito” se le detectó una fortuna tras aumentar su riqueza excesivamente en un reducido lapso de tiempo, a grado tal de que adquirió una mansión en 70 millones de pesos en un exclusivo club de golf de Cancún, además de otras veinte propiedades inmobiliarias valuadas en 113 millones de pesos; súmenle los amables lectores un avión Lear Jet de 48.6 millones de pesos y un barco Predator con valor de 31.5 millones de pesos, así como colecciones de relojes de lujo y otros caprichosos objetos por más de 15 millones de pesos; también no pasa desapercibido de los lazos que construyó este sujeto experto en operaciones contables y fiscales, en los Estados de Puebla, Aguascalientes y otros (am 2 B2 8/2/2018). Al parecer la ruindad de este personaje no tuvo límites, pues inclusive desde el año 2010 aperturó con “otros socios”, diversas oficinas con corresponsalías de servicios contables en varias localidades del país, incluyendo nuestra ciudad de León; seguramente algunos de los lectores así lo identificarán, como Juan M. Vergara.
En el segundo caso, o sea el correspondiente al Estado de Nayarit, recordemos que desde antes de que terminara su periodo de gobierno el Sr. Roberto Sandoval, fue detenido hace casi un año quien era el Procurador General de Justicia, Edgar Veytia Cambero en una localidad de San Diego, California y remitido para su juzgamiento en una corte federal de Nueva York, acusado de la comisión de diversos delitos relacionados con el narcotráfico, en donde actualmente aguarda el plazo para iniciar sus audiencias de juicio, aunque vale la pena recordar nuestra referencia al mismo, cuando pretendió contratar a la firma de prestigiados abogados neoyorkinos Jeffrey & Jeffrey (am 25/6/2017), pero que finalmente no fue posible acceder porque la Juez Federal no autorizó a los abogados defensores cobrar sus honorarios de la cuantiosa fortuna de cerca de 250 millones de dólares que le fueron detectados en depósitos en bancos norteamericanos, por encontrarse asegurados.
Al destaparse toda la cloaca en que fue convertida la administración pública estatal de Nayarit, la nueva Fiscalía General ya ha llegado hasta a detectar en la propia Universidad Autónoma de Nayarit diversos desvíos y disposiciones de recursos económicos por un monto superior a los 300 millones de pesos en agravio de esa institución educativa y desafortunadamente no han logrado la captura del ex rector Juan López Salazar y de su responsable de finanzas, Milton Romero, quienes se dieron a la fuga. Aun así la Fiscalía ha logrado asegurar diversas casas habitación, departamentos en renta, terrenos baldíos y varios negocios, incluyendo hasta un servicio de autolavado, catorce propiedades pertenecientes a estos dos ex funcionarios de la noble labor y ejemplo que deberían dar en materia de educación superior. 
Así está nuestro país y no sabemos cuántos desfalcos más surjan durante el fin de este año y durante el próximo, cuando terminen las actuales administraciones de muchas Entidades Federativas y haya cambios de gobierno, obviamente de diferente filiación partidista, que es la única forma en que se descubren y persiguen estos ilícitos producto de la corrupción. La septicemia avanza rápidamente si no se atiende a tiempo.


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