Piden investigar empresas 'fantasmas'
Piden investigar empresas 'fantasmas'

Piden investigar empresas 'fantasmas'

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am documentó que la empresa que ahora recolecta basura en Salamanca, está ligada a una empresa de publicidad, lo que parecía sospechoso.

En ambas empresas el apoderado legal era el mismo. Foto: Archivo.


La diputada Beatriz Hernández Cruz exigió al contralor Noé López García que investigue los contratos de recolección de basura que firmó el Ayuntamiento de Salamanca con una empresa fantasma ligada con el Gobierno del Estado y a la cual se le pagó 4.6 millones para colocar publicidad en diarios de Guanajuato. 


“Me sorprende muchísimo que no hayan hecho investigación ni el Sistema Estatal Anticorrupción, que ya tiene las facultades, ni la propia Contraloría del Municipio, debieron haber investigado de dónde viene ese contrato, ni siquiera existe, hasta donde tengo entendido, aprobaron por parte del Ayuntamiento para que el presidente haya firmado el contrato con una empresa que hasta ahorita se dice es fantasma”, acusó. 


 


“Sí me parece que quienes son los responsable de perseguir la corrupción no hayan actuado, eso sí me parece que debe ser contundente, por eso durante todo el tiempo que estuvimos revisando el Sistema Estatal Anticorrupción, yo siempre puse en la mesa que el contralor debe de ser corresponsable, él debe de ser corresponsable de todas las acciones que se cometen en materia de corrupción, no puede hacerte como el tío Lolo, que no oyes, que no escuchas, no ves y que las cosas van sucediendo. Entonces, sí invitó, es más, le exijo al contralor que investigue qué es lo que está pasando en ese contrato, que a todas luces por la investigación que hicieron y por lo que yo conozco, no tiene un sustento muy claro”, añadió. 


am documentó que Assistant Roquette S.A de C.V., la empresa que actualmente se encarga de la recolección de basura en Salamanca y cuyo apoderado legal es Tomás Jiménez Morales, aparece como representante legal de F.B.M. Comercializadora. 



F.B.M. Comercializadora es la empresa que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, que encabeza Enrique Avilés, contrató como intermediaria para comprar publicidad a periódicos de la Organización Editorial Mexicana.  Ambos fueron también apoderados legales de Parc Ferme Consulting, creada el 29 de enero del 2010 en la Notaría Pública número 2 de Tula de Allende, Hidalgo. 


La empresa F.B.M. Comercializadora fue enlistada como sospechosa por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
 


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