Viven calvario familias de desaparecidos

Viven calvario familias de desaparecidos

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En los últimos ocho años, guanajuatenses, sufren la ausencia de sus familiares y luchan con juicios para poder adquirir sus bienes.

La ley señala que cuando hayan transcurrido seis años desde la declaración de ausencia, el Juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte. Fotos: Especial.


Juan Gabriel López de Anda, miembro del Colegio de Abogados del León, señala que pueden pasar hasta ocho años para que se declare muerta a una persona desaparecida y se puedan adquirir sus bienes o pensión, entre otros derechos y obligaciones. 


Pero dijo que si se tienen los elementos suficientes, se puede reducir el trámite hasta tres años, por ejemplo, cuando alguien entra al mar y no sale, o desaparece en un terremoto o desastre natural.  


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Vía Acceso a la Información, el Poder Judicial de Guanajuato entregó una lista de 16 juicios promovidos en los últimos ocho años por declaración de ausencia, declaración de presunción de muerte y declaración especial de ausencia por desaparición, de los cuales siete pertenecen a León, en tanto Celaya, Comonfort, Irapuato, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salamanca, San José Iturbide, San Miguel de Allende y San Francisco del Rincón, tienen un caso cada uno. 


Los trámites 


El objetivo principal del trámite de declaración de presunción de muerte es el patrimonial, reconocer a sus beneficiarios, los derechos de los sucesores, sociedades, pensiones, etc., o adquirir las obligaciones del desaparecido, así como volverse a casar el cónyuge. 


López de Anda comentó que primero se solicita la declaración de ausencia de la persona desaparecida, trámite que dura cerca de dos años a partir de la fecha tramitada.  Aclaró que el ausente no debe tener un apoderado, de lo contrario la demanda no procede. 


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Una vez acreditada la ausencia, se inicia el procedimiento de presunción de muerte, trámite que dura seis años más y se realizan publicaciones de edictos en el periódico de mayor circulación del último domicilio del ausente, en el periódico oficial y, de ser el caso, en el consulado del país donde se crea que está el desaparecido. 


Si después del juicio regresa la persona desaparecida, queda sin efecto la demanda, los bienes regresan al legítimo dueño y se anula el acta asentada. 


El abogado comentó que los procesos son muy largos, pero consideró que si fueran cortos, a cualquier persona la podrían declarar muerta. En cuanto a costo del juicio, comentó que dependiendo del patrimonio del ausente, se puede cobrar hasta un 20% de éste. 


Sin esperanzas


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Genny Romera Manríquez, esposa de Ernesto Cordero Anguiano, uno de los siete cazadores desaparecidos en Zacatecas, en diciembre del 2010, intentó tramitar hace cuatro años un juicio por declaración de ausencia y presunción de muerte para poder cobrar la pensión de su esposo, pues él era el sustento. 


La esposa de la víctima señala que perdió la esperanza de tener un sustento para ella, al querer cobrar la pensión de su esposo, pues con la venta de dulces y frituras que tiene, dice que nunca podría pagar 40 mil pesos que le pedían para iniciar el juicio.


Mientras que Eliza Martínez Sotelo, esposa de Juan Diego Cordero Valdivia (cazador), solicitó la declaración de ausencia para poder registrar a su hijo con el apellido de su marido. Eliza estaba embarazada cuando su marido desapareció.
 


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