Efervescencia legislativa en materia penal

Efervescencia legislativa en materia penal

Opinión
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Se complementó con diversas reformas al artículo 1406 del Código Civil y se adicionaron siete nuevos artículos consecutivos del mismo.


Durante el último mes y pese a las dieciséis bajas o licencias de los diputados locales, ha sido sorprendente la gran actividad desarrollada en el estudio, dictaminación y aprobación de diversas reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato, las cuales tenían antecedentes de haber sido iniciadas desde hace un año y estaban aletargadas. 


Por su importancia e interés no solamente para la comunidad jurídica, sino para la ciudadanía en general paso a explicarlas y comentarlas brevemente.


1) SE DEROGARON LOS ARTÍCULOS 188, 189 Y 190 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- Esta reforma se caracterizó pos despenalizar o desaparecer del catálogo de delitos tanto a la Difamación y a la Calumnia, siguiendo una tendencia nacional de política criminal para limitar las conductas referentes a estos temas que agraviaban a cualquier ciudadano, solamente para proceder por la vía civil; sabedores de que en el fondo de cada una de estas querellas que se presentaban, había como pretensión una finalidad de carácter económico o de resarcimiento del daño causado. 


Por ello, se complementó con diversas reformas al artículo 1406 del Código Civil y se adicionaron siete nuevos artículos consecutivos del mismo, de la A) a la G), con el objeto de favorecer y facilitar las demandas consecuentes de estas conductas que anteriormente fueron consideradas delictivas.


2) SE DEROGA EL ARTÍCULO 219 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- Ya habíamos comentado en diversos foros que algunas figuras delictivas en apariencia novedosas que se habían incluido después de la vigencia del Código Penal a partir del primero de enero de 2002, así como varias reformas a diversos dispositivos, eran inconvenientes y no nos explicamos el porqué de su inserción, ya fuera por ser inadecuadas a la realidad social de nuestro Estado, por injustas o porque simplemente pugnaban contra la tendencia y política criminal en general de la doctrina que rige y observan las demás entidades federativas. 


Tal ha sido el caso del artículo 219 que prevenía una penalidad de uno a cuatro años de prisión y de 10 a 40 días multa, a quien tuviere relaciones sexuales con los descendientes de su pareja, denominado o conocido también como Incesto Equiparado. 


Explicando esta breve definición, baste señalar que el tipo penal se refería a personas adultas, no consanguíneos y en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, pues de otra manera se estaría en presencia de diversa figura delictiva. 


Precisamente esta es la justificación para la supresión de esta especie de incesto, así como también el que el Estado debe mantener un límite de acción para respetar en su caso las conductas meramente voluntarias de las personas sin erigirse como un orientador moral y mucho menos para utilizar la ley y amenazar sanciones en contra de quien violare costumbres y principios que solamente afectarían un aspecto de decisión moral-social actual; además porque era la única entidad federativa que contemplaba este delito.


Observamos que aún queda pendiente retornar nuevamente a la disminución de la edad en el tipo penal contenido en el artículo 181 del Código Penal, pues en aquella misma reforma de marras en que también se había incluido esta pifia, se elevó indebidamente la edad del menor de 12 a 14 años y que ha creado una gran cantidad de problemas y confusiones, precisamente también porque pugna con los cánones de la doctrina en materia penal. 


3) SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 141-a y 150-a AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- Estos dos nuevos artículos se crearon con la finalidad de castigar de manera más severa el homicidio o lesiones cuando sea cometido contra servidores públicos que desempeñen funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia en materia penal o de ejecución de penas, es decir elementos de policía preventiva, ministerial, fuerzas de seguridad pública estatal, agentes de investigación criminal, agentes del ministerio público, jueces penales, de control, de oralidad penal, de ejecución de sanciones, etc., o cuándo las víctimas sean cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de estos servidores públicos o que vivan en concubinato.


A quien o quienes resulten responsables del delito de homicidio alcanzarán penas de los 20 a los 40 años de prisión y en el caso de las lesiones se aumentará la penalidad en un 50% con relación al delito simple.


Cabe comentar que esta reforma ha causado gran revuelo y comentarios de toda índole en redes sociales y en medios de comunicación, con opiniones divididas en cuanto a que si era necesario agravar el homicidio cometido contra esta clase de servidores públicos que trabajan en las áreas sensibles de seguridad pública y justicia.


La Comisión dictaminadora del Congreso del Estado consideró razonamientos y posturas de políticas de prevención del delito, de derechos humanos, de los valores que protege el Estado en funciones de seguridad pública como lo son la protección y la defensa de la vida, la libertad, la integridad de las personas, el resguardo del orden y la paz pública y que por lo tanto las personas que llevan a cabo estas actividades merecen contar con mecanismos de protección por parte de las instituciones del Estado. 


Por nuestra parte estamos totalmente de acuerdo con la exposición de motivos que fundamentó esta reforma, aunque tristemente nos damos cuenta que su publicación y entrada en vigor aún no ha inhibido estas conductas delictivas, baste ver en las notas periodísticas estatales cuántos policías han sido asesinados en los últimos días a lo largo de todo Guanajuato.


4) SE REFORMA EL ARTÍCULO 262 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 262 BIS Y 262 TER. DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. - Esta reforma y adición fue inesperada puesto que se refiere a dos nuevos tipos penales sobre afectación al Ordenamiento Territorial, en tanto que el delito ya existente se incrementó en su penalidad de tres a nueve años de prisión.


Esta decisión conlleva a interpretar la preocupación que existe en la autoridad estatal en relación con las diversas zonas territoriales de desarrollo urbano para los municipios del estado, que cada día se observan con más desorden y hasta corrupción.