¡Inentendible!
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Opinión
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En la semana pasada se pronunciaron por tribunales mexicanos dos resoluciones que han sido alabadas por unos y criticadas por otros...

Lic. Mario Gutiérrez.


En la semana pasada se pronunciaron por tribunales mexicanos dos resoluciones que han sido alabadas por unos y criticadas por otros. Una de ellas con un alto contenido social, pero también vinculado de manera ineludible a la política, es la que pronunció un tribunal Colegiado de Circuito del estado de Tamaulipas, al resolver un juicio promovido por algunos de los enjuiciados como presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en las inmediaciones de Iguala en el estado de Guerrero, suceso que ocurrió hace más de cuatro años ya y que se ha venido complicando porque la Procuraduría General de la República no ha logrado convencer a los padres de familia de los 43 desaparecidos y quizá ya fallecidos, cosa que tampoco ha establecido claramente el Ministerio Público Federal, de que los actualmente procesados y algunos otras personas no aprehendidas aun, presuntamente ligadas con el narcotráfico, son las que realizaron los hechos delictivos, pues aquellos insisten en la participación del Estado en ese suceso y por tanto que la investigación se dirija también a ese punto.


Este Tribunal señala de manera categórica en su sentencia, según lo publicado por los distintos medios, que la actuación del Ministerio Público en la investigación no fue pronta, efectiva, independiente e imparcial, además de que existen datos suficientes para presumir que algunos de los procesados fueron torturados, sin que la autoridad realizara los actos a que está obligada según el denominado "Protocolo de Estambul", además de que actuó fuera del expediente de investigación y con violación a los derechos humanos de varios de los procesados y por supuesto, singularmente a los de aquellos que interpusieron el amparo. Así las cosas, es lógico que la autoridad judicial ordenara la reposición del procedimiento para restaurar en sus derechos a los afectados. Tampoco resulta nada extraño que dentro de los argumentos que el Tribunal hace en referencia a la actuación de la Procuraduría señale las violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, etc., etc. Pero lo que sí fue una sorpresa es que ante la situación, por qué no decirlo así, caótica y plasmada de situaciones dudosas, haya ordenado que se forme una comisión de verdad y justicia para que se investigue el caso. Una comisión que deberá formarse con los representantes de los padres de familia de los desaparecidos, el ministerio público y la CNDH. Esa determinación equivale a que por mandato judicial en el caso comentado el ministerio público no sea el único que pueda averiguar sobre lo ocurrido, y eso sí que resulta un tanto complicado y por qué no, inentendible, si tenemos en cuenta lo siguiente: El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con toda precisión indica que la investigación de los delitos correrá a cargo del ministerio público y de las policías bajo la dirección de este. Esa determinación no establece ninguna excepción. Ciertamente en la propia Constitución y en la ley procesal se indica que una de las garantías de las víctimas es que se les mantenga informadas de la situación procesal y que pueden coadyuvar con el ministerio público. Pero esto de ninguna manera quiere decir que puedan sustituirlo o concurrir con este para tomar determinaciones en la misma averiguación. Pero aún más, el tercer miembro de esa comisión tampoco evidentemente puede legalmente actuar como lo pretende el tribunal mencionado. Pero además existen situaciones que van a complicar la actuación de esa comisión, por ejemplo, tendrán algún valor jurídico sus actuaciones o simplemente será quien ordenará al ministerio público las líneas de investigación. Además, quién va a decidir los nombramientos de los miembros de la Comisión distintos al ministerio público, no existe un procedimiento específico y los datos que en la sentencia se dan no parecen ser suficientes. Esa sentencia trastoca, a mi juicio, un aspecto muy importante del ámbito constitucional en cuanto se refiere a las facultades de las partes en el proceso penal y por supuesto en el ámbito procedimental. Parece ser que el tribunal se basó en criterios de organismos internacionales que en su concepto son vinculatorios para el Estado Mexicano, sin tomar en cuenta que si bien en el artículo primero de nuestra Constitución se afirma la fuerza de los tratados internacionales en los que México es parte y que por tanto la convencionalidad forma parte de nuestro sistema jurídico, sin embargo deja a un lado que  en la propia Constitución, sin excepción es el ministerio público la autoridad investigadora única. La circunstancia de que se trate en el caso de violaciones graves a los derechos humanos no puede ser una excusa, porque los mandamientos constitucionales son superiores, por encima de ellos no existe ninguno y cualquier interpretación que no se ajuste a estos no es válida. Así, pues, insisto, en que si la Constitución Federal precisa sin excepción que el ministerio público es quien se encarga de la investigación de los delitos y en el artículo que lo concreta o en cualquiera otro no hay mandamiento que permita que sea desplazado de esa función para un caso especial, cualquier determinación en ese sentido por una autoridad judicial no resulta ajustada a la ley e inentendible legalmente, según mi humilde opinión. En algunas ocasiones nuestros tribunales se exceden cuando se enfrentan al problema de dilucidar el alcance de los derechos humanos y se exceden, como en caso comentado.


 


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