Salamanca sin elementos de Seguridad Pública

Salamanca sin elementos de Seguridad Pública

Opinión
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La solicitud de ayuda y apoyo de elementos de las Fuerzas Estatales, el propio Gobernador dejó claro que por lo pronto no será posible.


Un destacado ex alumno de Derecho, egresado de la Universidad de La Salle, ahora excelente abogado y maestro Fernando Rodríguez, hace unos días dialogó conmigo sobre el tema de los problemas por los que atraviesa el municipio de Salamanca, a raíz de la renuncia de muchos elementos de las áreas de policía preventiva y de tránsito y vialidad, por los ataques que han sufrido recientemente.
Pero lo que más llamó nuestra atención fue la decisión de contratar seguridad privada para suplir esa deficiencia, aunque supuestamente será sólo para la vigilancia de la Zona Centro y como lo afirmara el gobernador Miguel Márquez “La seguridad privada sólo es de proximidad”.
Posteriormente, la solicitud de ayuda y apoyo de elementos de las Fuerzas Estatales, el propio Gobernador dejó claro que por lo pronto no será posible y que deberán continuar con seguridad privada para tener presencia en áreas como parques y jardines y mayor proximidad con los ciudadanos.
Sobre este tema, empezó nuestra discusión y surgieron muchas dudas. Entre ellas, dilucidamos que tanto la Constitución Federal en su artículo 21 y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 2, disponen que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que tiene como fines, salvaguardar la identidad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, pero lo más importante que comprende la prevención de los delitos. 
Es aquí donde nos tuvimos que hacer esta pregunta ¿se podrá tolerar tal determinación de que los particulares vigilen a los particulares sin ninguna atribución o facultad? Si no cuentan con armas ni equipo oficial adecuado en caso de algún acto de violencia o delictivo ¿hasta dónde pueden actuar si no está reglamentado su ejercicio? ¿Cuál sería su responsabilidad?.
Sería pertinente que en los Colegios de Abogados y en el ámbito académico de las Universidades se pudiera analizar esta situación, particularmente fundamentar la posible intervención de seguridad privada, específicamente en lugares públicos, sin sustento normativo, pues recordemos que uno de los elementos fundamentales de la existencia del Estado es el ejercicio de la coercitividad y la aplicación de sanciones ante el quebrantamiento del Derecho, pues es precisamente el Estado en el ejercicio de gobierno quien tiene el “Imperium”, ese poder por encima de los particulares, para lograr mantener el orden, la tranquilidad y la paz públicas.
Esa facultad creemos y coincidimos mi interlocutor y su servidor, no puede ser concesionada o delegada a los particulares. 
Imagínense los amables lectores que si los elementos que logran su nombramiento en las dependencias de seguridad pública, federal, estatal y municipal, que demuestran ciertas cualidades, aptitudes y actitudes, que reciben cursos de cierta temporalidad para su capacitación y adiestramiento, y tienen que cumplir con los exámenes de control y confianza; cometen abusos y en no pocas ocasiones desvían su actuación, ¿qué sucederá con elementos improvisados carentes de todos los requisitos que señalamos?
También concluimos que probablemente ha habido una errónea asesoría para tomar estas decisiones. Esto no puede continuar así.