Busca ex Director de Obra Pública evadir millonaria sanción

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José Martínez Plascencia argumentó ante la Contraloría que el procedimiento por el que se le sanciona se realizó fuera del plazo legal.

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Contraloría Municipal exige un pago de 39 mdp al ex funcionario que estuvo a cargo de la dependencia en la administración de Bárbara Botello. Fotos: Especial.


En su defensa y con el fin de evadir el pago por 39 millones de pesos y la inhabilitación para ocupar un cargo público por un año, el ex director de Obra Pública del Municipio, José Martínez Plascencia argumentó ante la Contraloría que el procedimiento por el que se le sanciona se realizó fuera del plazo legal.


De acuerdo con un documento al que am tuvo acceso, la Contraloría desechó su argumento por considerar que no estaba fundado.


La sanción administrativa contra el funcionario se someterá a aprobación del pleno del Ayuntamiento, se prevé que tendrá mayoría de votos, posteriormente se prevé que el Municipio presente una denuncia penal por desvío de recursos.



El funcionario será sancionado con una multa por 39 millones de pesos por la asignación directa de tres contratos relacionados con la obra de pavimentación del bulevar Timoteo Lozano a cargos de las constructoras Consorcio Constructor Eco del Bajío, Constructora Cifsa y Herberc. Las tres empresas habían participado en las licitaciones que se declararon desiertas, y posteriormente la Dirección a cargo de José Martínez les asignó los contratos de manera directa y con pagos mayores a los que las empresas propusieron en las licitaciones.


La sanción también se deriva de irregularidades en la terminación de un contrato con la empresa Constructora del Rincón del Bajío el cual se realizó a través de la figura de terminación anticipada cuando había elementos para que se hiciera por medio de una rescisión administrativa ya que fue la misma empresa la que no pudo concluir la obra. 


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Los cuatro contratos se realizaron durante la administración priista de Bárbara Botello.


En el caso de las tres obras del Timoteo Lozano, Martínez Plascencia pidió a la Contraloría que se estableciera “la prescripción del procedimiento en virtud de los dispuesto en el artículo 33- Bis e la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, por haberse iniciado el procedimiento fuera del plazo legal”.


Dicho artículo señala que “la investigación, salvo causa justificada, no excederá de sesenta días hábiles, al término de los cuales se acordará el archivo del asunto o el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, según corresponda”.


Al respecto la Contraloría señaló que “resulta infundado sus argumento, en virtud del artículo 23 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”.


Esto debido a que el artículo 23 esa ley establece que “la persona que hubiere dejado de pertenecer al servicio público podrá ser sujeta a procedimiento de responsabilidad administrativa, dentro de los cinco años posteriores a su separación del cargo y le podrán ser aplicables la sanción económica y la inhabilitación, siempre que no hayan operado los plazos de prescripción, sin perjuicio de la responsabilidad resarcitoria a que se haga acreedor”.


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